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Soberanía nacional y representación

Congreso de los diputados Foto: Europa Press

La Nación de españoles se funda en la soberanía única e indivisible. Esta realidad consuetudinaria y constitucional está siendo sometida a la erosión política del populismo neo marxista y sectores del PSOE (plurinacionalidad, federalismo, naciones… con el envoltorio falaz del diálogo), y al asedio de los nacionalismos fragmentarios catalán (insurrección secesionista) y vasco («sujeto político-jurídico o proto-estado vasco»). La débil y poco inteligente respuesta de los poderes del Estado cronifica la insurrección y da alas a los movimientos separatistas con consecuencias negativas a corto y medio plazo.

¿A quién beneficia esta deriva? A las élites políticas y nacionalistas, pero no a la mayoría de los españoles.  Estas fuerzas operan a la luz y en las sombras con cómplices para enajenar y amputar el patrimonio común de la Nación, legado por las generaciones anteriores: territorio, derechos y libertades, cultura, historia y futuro. ¿Quiénes son responsables? Los poderes públicos y muchos españoles:  

Los poderes públicos nacionales y autonómicos -legislativo, ejecutivo y judicial- por dejación irresponsable (por dejar hacer y dejar pasar), por no asumir el deber de defensa activa de la unidad de la Nación y la igualdad de los españoles en todo el territorio.

Muchos españoles, por su desinterés con España, por votar a partidos ambiguos y desleales con España, que pactan con secesionistas y erosionan la soberanía.  

La débil y poco inteligente respuesta de los poderes del Estado cronifica la insurrección y da alas a los movimientos separatistas

Soberanía nacional

Los españoles somos nación libre y soberana. Así lo proclama la Constitución en el artículo 1 «La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado».  Pero esta atribución viene de antes: se inicia, fragua y consolida durante la invasión napoleónica de España, a comienzos del siglo XIX con la renuncia a la soberanía del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII a favor del invasor en un marco de quebranto de la vida social y la ruina económica. Los españoles de a pie, de distintos lugares de España, organizados en juntas con notable determinación y sacrificio, se aprestaron a hacer frente al invasor y asumir la soberanía, expresada por la Constitución de Cádiz (1.812): «La soberanía reside esencialmente en la Nación…» (art. 3). 

El término soberanía remite a lo que está por encima, «sobre lo demás»; es decir la autoridad superior que se ejerce sobre un territorio concreto, cuyo ejercicio se delega a los poderes del Estado, pero la autoridad soberana de la Nación no se subsume en los poderes instituidos cuya legitimidad se funda en ella.

La idea de soberanía nacional es una aportación ideológica liberal derivada del constitucionalismo que arranca en los siglos XVII y XVIII, singularmente, con las obras de Locke y Montesquieu. A finales del siglo XVIII, en el marco de la Revolución Francesa, el abate Sieyès concretó la idea de nación como conjunto de personas iguales y unidas por vínculos legales. Este concepto fue acogido, como se ha expuesto, por la Constitución de Cádiz al definir el concepto de Nación española como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios» (art. 1). 

La sede vital de la nación española no son las Cortes Generales sino la mente y la conciencia de cada ciudadano

El constitucionalismo moderno es heredero de esta tradición al conjugar los valores de la unidad de la Nación (pactum unionis) y los de la igualdad con sometimiento a la ley (pactum subjectionis).  La idea de nación se convierte en una entidad objetivada y única, vinculada a un territorio donde se ejerce la soberanía que en el caso de naciones de larga tradición como la nuestra no se corresponde mecánicamente con la suma de los ciudadanos que la componen en un determinado momento histórico, sino que integra a los pasados y futuros, la historia y la cultura que son decisivas para su dinamismo y proyección.

Por eso el sujeto constituyente es la Nación, y se expresa así: «España se constituye en un Estado…» (art. 1.1), «y la constitución de fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…» (art. 2). Significa de forma clara y distinta que la Nación, indisoluble e indivisible, es anterior y fundamento de todo orden constitucional actual y posterior. 

En consecuencia, cada generación de españoles debe asumir y transmitir el legado de la soberanía (patriotismo constitucional) a través de las instituciones, la educación familiar, el sistema educativo y los medios de comunicación.  La sede vital de la nación española no son las Cortes Generales sino la mente y la conciencia de cada ciudadano. En esta realidad íntima y personal es donde se proyecta la influencia enajenadora de los nacionalismos separatistas y -como indica Sebastian Haffner en Historia de un alemán: memorias 1914-1933- «de la traición de los líderes socialdemócratas a millones de pequeños ciudadanos (…) dejándose arrastrar por los eslóganes nazis». En nuestro caso diríamos hoy: dejándose arrastrar por la influencia de los separatismos hasta el punto de que un presidiario y un huido de la justicia son los árbitros de la política española.

El modelo autonómico creado ha resultado inflacionario: divide, discrimina y dilapida

Después de 40 años de vigencia de la Constitución cabe preguntar ¿la soberanía de los españoles ha estado bien servida por las instituciones creadas?,¿España es una nación cohesionada, fuerte, segura, emprendedora y solvente? Estas cuestiones, más allá del libre juego de las opiniones, permiten enjuiciar el entramado del poder político e institucional desde el principio rector de la soberanía: 

Todos los poderes públicos e instituciones hasta al último ayuntamiento deben su legitimidad a la soberanía única de la Nación expresada en la Constitución, pero:

  • El modelo autonómico creado ha resultado inflacionario: divide, discrimina y dilapida. Los nacionalismos catalán y vasco han utilizado la autonomía para construir regímenes nacionalistas antiespañoles en fase se expansión a Valencia, Baleares y Navarra.  
  • Los partidos regionales nacionalistas actúan con deslealtad y operan en contra de España y su unidad: crean adeptos con propaganda y subvenciones, limitan derechos individuales e incluso atentan contra la soberanía única e indivisible.

 La Nación otorga al poder legislativo (Título III CE) la representación del pueblo español, y al poder ejecutivo (Título IV CE) la dirección de la política nacional, la administración y la defensa del Estado, pero:

  • Los partidos nacionales (PSOE y PP) más allá de los aciertos, han sido ineficaces en hacer de España una nación fuerte, cohesionada y solvente: división y crisis constitucionales graves (separatismo, propaganda, adoctrinamiento), paro estructural, envejecimiento poblacional, deuda, déficit, sistema educativo descuartizado, politizado y obsoleto. Han preferido pactar con partidos nacionalistas, a cambio de cesiones de soberanía, que pactar entre ellos en aras del bien común.

Representación política de la soberanía nacional

El Estado constituido por el poder soberano de la Nación se ordena en un sistema representativo de instituciones públicas: Corona, poder legislativo, ejecutivo y judicial, administración y organización territorial (local y autonómica) sometidos todos ellos al principio de legalidad propio de un «Estado social y democrático de Derecho» (art. 1. CE).

Los ciudadanos en el ejercicio de la soberanía elegimos por sufragio, periódicamente, a los representantes de los poderes legislativo y ejecutivo.

El sistema electoral vigente de representación política ha devenido un arma de destrucción nacional

Los españoles (ciudadanos electores) eligen a sus representantes (ciudadanos elegibles) con arreglo a dos referentes básicos: el territorio nacional dividido en circunscripciones, en nuestro caso, las provincias (art. 68.2 CE) con la asignación de representantes en proporción a su población (art. 162 Ley 5/1985, electoral), y el pluralismo político expresado  por los partidos políticos (art. 6 CE).

El sistema electoral vigente (desde 1985) de representación política ha devenido un arma de destrucción nacional: limita la libertad de elección (listas cerradas) con dos efectos perversos: esclerosis de las élites de los partidos que determinan los primeros puestos en las listas electorales, y el control patrimonial de las instituciones; fractura la unidad (carece de circunscripción nacional) y privilegia a los partidos regionales; y  vulnera la igualdad (los votos no valen lo mismo) en proporciones muy significativas.

Este sistema electoral hace que los partidos nacionalistas, catalán y vasco, sean los árbitros de las mayorías parlamentarias de las Cortes al alto coste de desnaturalizar el orden constitucional (unidad, igualdad, competencias, recursos, influencia). Así ha sido en las 2/3 partes de las legislaturas, cuando ni PP ni PSOE tenían mayoría suficiente.

Este sesgo mantenido en el tiempo degrada la democracia, la representatividad y contribuye a explicar tres efectos:

Partidocracia. Los partidos determinan las listas de elegibles -cerradas y bloqueadas- de manera que la capacidad de los electores queda limitada a escoger una entre las listas de los partidos, en cuyos primeros puestos van los notables con fichajes estrella y luego, de mayor a menor, los que destacan por su obediencia al líder. El efecto de esta mecánica se percibe en la vida parlamentaria cuyo valor se ha ido degradando en competencia y eficacia. Para muestra las últimas legislaturas con el crecimiento de parlamentarios palmeros, mediocres e ineptos.

Este modelo imperfecto de representación política de la Nación se corrige en parte, en las sociedades democráticas con la separación de poderes

En resumen, prevalece el poder de los partidos, cuya lucha prioriza el control patrimonial del poder político; las prebendas por encima del bien común de los ciudadanos; y casos no aislados de abuso de poder y corrupción.

Desequilibrios territoriales como, por ejemplo, las diferencias en inversión pública, la precaria red ferroviaria de las provincias extremeñas, el abandono de las provincias rurales interiores, la gestión de los recursos hídricos…

Auge de los nacionalismos y regionalismos que amenazan la integridad de la Nación y la igualdad de los españoles por las sinergias entre su capacidad de influencia ideológica en el territorio que controlan y las ventajas competenciales obtenidas por su voto para que PP y PSOE tengan mayoría parlamentaria en las Cortes gracias a la puerta abierta del artículo 148.2 CE.

Las democracias presentan limites estructurales de representatividad, pero, en nuestro caso, está agravada, como se ha expuesto, por la partidocracia y los nacionalismos fragmentarios con intereses ajenos y contrarios a la Nación.

En general, un representante es una persona que obtiene la capacidad de otro para actuar en su nombre haciéndolo presente sin estar presente, estableciéndose una relación de «represente-representado», basada en la confianza y la responsabilidad.

Llevar esta realidad inmediata al plano sociopolítico de sociedades complejas conlleva representar a la «voluntad general» (Rousseau) como agrupación de individuos diversos, pero con intereses comunes encarnados en la idea de «nación» (Sieyès), de manera que los representantes lo son de la nación entera a través del Parlamento como cuerpo representativo.

Pero, la nación, como colectivo soberano de ciudadanos, es diferente del parlamento como colectivo de ciudadanos representantes. Esta alteridad constitutiva se resuelve con una representatividad política limitada: la confianza, entre representante y representado,  es sustituida por la identificación ideológica con los partidos mediatizada por liderazgos, imagen y propaganda; el control y la fiscalización de los representantes queda limitada -sin responsabilidades-  al voto cada cuatro años; el consentimiento dado a través del voto temporal se transforma en obediencia imperativa al mandato del parlamento (leyes), del gobierno y de la administración (normas, impuestos). 

Este modelo imperfecto de representación política de la Nación se corrige en parte, en las sociedades democráticas con la separación de poderes, el sistema constitucional de pesos y contrapesos para corregir los abusos de poder («poder para detener al poder»), y la independencia eficaz del Derecho jurisdiccional (Locke, Montesquieu).

En este marco, la cultura representativa de la democracia española es muy mejorable por lo que urge incorporar cambios para superar las lacras antes indicadas. He aquí seis propuestas básicas para fortalecer la representatividad de la Nación en las Cortes Generales:

  • Modificar el art. 68.2 y 69 CE con un sistema mixto de circunscripción electoral. En este sistema cada elector dispone de dos votos:  uno, «nacional», para elegir por el sistema proporcional (lista de cada partido), y otro de «distrito», para elegir por el sistema mayoritario a un candidato individual.  Reúne las ventajas de ambos sistemas limitando los inconvenientes.
  • Listas de candidatos abiertas y desbloqueadas. En este escenario, los medios de comunicación ofrecen información veraz sobre su trayectoria, competencia e integridad. Los ciudadanos eligen a cada uno de los candidatos sobre los que pueden formarse un juicio de valor más allá de la ideología. Esto es relevante para superar el sectarismo y la mejora de la cultura democrática.
  • Partidos con implantación nacional al menos en el 60% de las provincias españolas como condición de representatividad de la Nación.
  • Exigencia de un mínimo del 4% del total de votos para obtener representación y escaño en  las Cortes Generales.
  • Interdicción de partidos en que sus programas o acciones promuevan la fractura de la Nación y del orden constitucional (supremacismo, soberanismo, autodeterminación, secesión).
  • Fórmula canónica de acatamiento constitucional. Fijarla en la ley electoral: «Si/No, juro o prometo». En el acatamiento, lo relevante es el compromiso leal, pleno e incondicionado a la Nación constitucional sin más. Así se evitaría el espectáculo circense de las más variopintas fórmulas que en la forma y en el fondo suscitan dudas éticas sobre el compromiso inequívoco con la Nación constitucional. Los parlamentarios tienen otras muchas ocasiones para pronunciarse sobre temas políticos.

La calidad y lealtad de los representantes de la Nación guardan relación con la cohesión social y el desarrollo de las sociedades libres. Mejorar la representatividad de las Cortes es relevante dado que en los modelos parlamentarios como el nuestro no se da una nítida separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo

¿Permitirán los partidos dominantes estos cambios de mejora de la representatividad?

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