GenCat: una Administración sobredimensionada y cara

‘Més, més’… queremos más. Sí más recursos hasta que proclamemos la independencia. Así podría resumirse las últimas exigencias del presidente del gobierno de la Generalitat al presidente del Gobierno del opresor Estado español. La desvergüenza del político mejor pagado de España, 153.235,50 €, con permiso de Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña (137.762,46 € más indemnización de 25.848,48 € por gastos alojamiento y manutención), no tiene límites. Los medios cifraban entre 9.000 y 13.000 millones el coste de las exigencias que el presidente Torra hizo llegar a Sánchez en una de las últimas reuniones de presidentes Autonómicos a finales de mayo. A la hora de terminar de escribir este artículo, algunos medios cifran en 15.000 millones la cantidad que Torra reclamará a Sánchez sen la reunión de presidentes de mañana, sólo para cubrir los gastos extraordinarios  ocasionados por la crisis del Covi-19. 

Pero no se llamen a engaño, el asunto va mucho más allá de hacer frente a las necesidades ocasionadas por la crisis actual. Mas ya presentó un memorándum con 23 reclamaciones a Rajoy en julio de 2014, pocos meses antes de realizar la primera consulta de autodeterminación el 9-N. Y Puigdemont, ni corto ni perezoso, las amplió a 46 nada más ponerse al frente del gobierno de la Generalitat. La intención ahora de Torra-Puigdemont, Aragonés-Junqueras y Cía. es continuar financiando el ‘prusés, no con los notables recursos con que ya cuenta la Generalitat de Cataluña, sino con dinerito nuevo como el que el Estado opresor ha venido inyectando, a través de los mecanismos extraordinarios de financiación, desde 2012. Tienen prisa por cobrar antes de que el ‘pueblo catalán’ -un eufemismo empleado por los políticos independentistas para referirse a la fracción de ciudadanos que los apoyan- ejerza su inalienable derecho a la autodeterminación y proclame la independencia de Cataluña.

La realidad pura y dura es que el mini estado en que Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont y Torra han convertido a la Generalitat de Cataluña es ya una boca insaciable, cuyos gobernantes no tienen inconveniente en disfrazarla con harapos para aparentar maltrato económico por parte del Estado y justificar la necesidad imperiosa de obtener más recursos para Cataluña que ayuden a transitar más confortablemente el arduo camino hacia la independencia. Recursos que van acumulando una deuda ingente que, no les quepa ninguna duda, pretenden dejar en herencia al resto de los españoles. Lo peor del caso es que desde 1993 no han faltado gobernantes en España dispuestos, por unas docenas de votos, a encajar sin inmutarse estas ‘pujoladas’ traperas. De todos ellos, Sánchez es el caso más patético, puesto que ha dependido de sus votos desde el mismo día de su truculenta investidura.

Las 40 principales

Las 40 principales razones esgrimidas en esta ocasión son, como ocurría con los memorándums de agravios presentados por sus antecesores, un batiburrillo de reclamaciones, algunas cuantificadas, incluso por duplicado, otras todavía por cuantificar. Entre las primeras se incluyen las siguientes: el cambio en la gestión del IVA (217 millones); supuestos impagos varios acumulados (1.509,3 millones), creación inmediata del fondo Covid-19 (con 4.000 millones para Cataluña) más los costes ya asumidos por la crisis del Covid-19 (2.300 millones); ayudas al transporte público (500 millones); fondo de políticas activas de empleo (250 millones); plan nacional de vivienda (400 millones para Cataluña); y fondo para pago de alquileres por Covid-19 (29 millones para Cataluña).

Entre las reclamaciones sin cuantificar, encontramos varias que afectan a competencias transferidas, otras muy vagas y algunas sencillamente disparatadas cuando no absurdas. Entre las primeras, por ejemplo, sorprende que Torra y Aragonés exijan más recursos al Estado para poner a punto el sistema educativo el próximo curso o reclamen activar una prestación económica para resarcir a las familias por el cuidado prestado a los niños. El celo con que defienden sus competencias transferidas en Educación y denuncian las interferencias ‘recentralizadoras’ del Estado, queda aparcado momentáneamente aparcado en cuanto ven dinero por medio. Entre las peticiones inicialmente difusas, se encontrarían las exigencias de relanzar la economía catalana y proporcionar ayudas a PYME, para las que Torra reclama ahora 5.000 millones procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad que naturalmente quiere administrar el Gobierno de la Generalitat. Y entre las más absurdas, la suspensión de recaudación de los tributos estatales mientras dure el estado de alarma y la reducción al 10% del IVA a empresas de servicios deportivos, cuando el gobierno de la Generalitat y los municipios de Cataluña no han eximido a los catalanes de pagar sus propios impuestos durante estos meses. Por cierto, si los Ayuntamientos de Cataluña presentan un superávit de 2.500 millones que Torra reclama poder movilizar, ¿no sería un buen momento para bajarnos los elevados impuestos y tasas que pagamos los catalanes?

Una administración sobredimensionada

No hay duda de que la Generalitat cuenta con un imponente plantel de recursos humanos que en un plis plas redactan cuantos memorándums hagan falta, repletos de decenas de agravios insoslayables, una suerte de carta a los ‘reyes’ tontos, que no magos, instalados desde hace ya demasiados años en el palacio de La Moncloa. En 2018, la última fecha disponible, el sector público en Cataluña contaba con 212.956 empleados estructurales y 40.608 trabajadores coyunturales, 253.564 en total. De ellos, 144.846 estaban encuadrados en los departamentos de la Generalitat y 108.718 en Entidades autónomas (2.885), Otros entes públicos (1.264), el Instituto Catalán de la Salud (45.837), Sociedades mercantiles (4.540), Entidades de derecho público (13.664), Consorcios (31.679), Fundaciones (8.541) y otros Entes del Sector Público (308).

Para hacernos una idea cabal de si estas cifras son altas o bajas, nada mejor que compararlas con una Comunidad de tamaño similar en términos de población. Según las últimas estimaciones del INE, Cataluña tenía una población de 7.609.409 el 1 de julio de 2019, 16,16% de la población de España. Podíamos, por tanto, haber elegido Andalucía, con una población de 8.446.561, 17,93% de la población de España, o la Comunidad de Madrid con 6.685.471 habitantes y 14,19% de la población total. Finalmente, opté por Madrid para que la comparación no resultara incluso más favorable para Cataluña. En el caso de Madrid, las cifras disponibles para 2018 indican que la Comunidad contaba con 172,501 empleados (plantilla, laborales y temporales) en el Sector Público, distribuidos entre todas las Consejerías y OO. AA. (156.027) y Entes públicos (16.474). Esta cifra, como es evidente, es considerablemente inferior a los 253.564 empleados (estructurales y coyunturales) en el Sector Público en Cataluña. 

Cuadro 1. Empleados del Sector Público por 1.000 habitantes en Cataluña y Madrid

Para evitar el sesgo poblacional, el Cuadro 1 presenta los empleados en el Sector Público de ambas Comunidades por 1.000 habitantes. Como el lector puede comprobar en las dos primeras filas, la cifra de empleados en Cataluña, 33,32 supera holgadamente las de Madrid, 25,80. Conviene destacar que esa diferencia no puede achacarse al hecho de que Cataluña cuenta con una policía autonómica, los Mozos de Escuadra, porque incluso si eliminamos completamente los 22.016 empleados en la Consejería de Interior el número de empleados en el sector público de Cataluña por 1.000 habitantes, 30,43, continúa siendo bastante superior al de Madrid, 25,80. 

Resulta instructivo examinar también las diferencias de dimensión entre ambas Comunidades en tres servicios públicos esenciales, Sanidad, Educación y Justicia, que aparecen desglosados en las tres últimas filas del Cuadro 1. El lector puede constatar en la tercera columna que esa diferencia es favorable a Cataluña en los tres casos, especialmente en Educación y Justicia, donde las diferencias expresadas en términos porcentuales alcanzan 51,7% y 80,2%, respectivamente. Con los datos en la mano que acabo de presentarles sólo un cínico puede concluir, y un necio admitir, que la Generalitat de Cataluña está peor financiada que otras Comunidades Autónomas.

El Cuadro 1 nos permite también extraer una segunda conclusión muy interesante sobre el sobredimensionamiento del aparato administrativo de la Generalitat. En el cruce de la tercera fila con la segunda columna, aparece el número de empleados públicos por 1.000 habitantes, 3,23, en todas las Consejerías y OO. AA. de la Comunidad de Madrid.  Esta cifra se obtiene dividiendo el número de empleados en todas las Consejerías y OO. AA., 21.699, por la población en miles. Aunque no disponemos de una cifra similar para Cataluña, podemos aproximarla sin incurrir en sesgos en contra de Cataluña.  Para ello, he deducido del total de empleados de la Generalitat sin Sector Público (212.956), la totalidad de los trabajadores de la Generalitat en Educación (83.091), Interior (21.834), Justicia (13,867) y Sanidad (67,748), aun a sabiendas de que un porcentaje significativo de dichos trabajadores desempeñan tareas administrativas. A la cifra obtenida, 26.416, le he sumado los 2.885 trabajadores en OO. AA. de la Generalitat. La cifra final, 29.331, supera en 7.632 los empleados en la Comunidad de Madrid (21.699). Para corregir este exceso de empleados por la mayor población de Cataluña, el Cuadro 1 presenta el número de empleados por 1.000 habitantes, 3,85, que supera también holgadamente al de Madrid, 3.23. La diferencia a favor de Cataluña es de 0,62 puntos porcentuales y en porcentaje de 19,2%. Los resultados son contundentes: incluso haciendo un cálculo sesgado favorable a la Generalitat, resulta imposible no llegar a la conclusión de que la Administración de Cataluña está sobredimensionada respecto a la de la Comunidad de Madrid.

Y además muy cara

En los Presupuestos de la Generalitat aprobados para 2020, las partidas de gasto de personal ascienden a 6.573,5 millones para la Generalitat y 11.909,3 millones (consolidados) para el conjunto del Sector Público, por lo que podemos deducir que la diferencia 5.335,8 =11.909,3 – 6.573,5 es el gasto en personal presupuestado para el resto del sector público. Aunque el número de empleados estén referidos a 2018 en ambas Comunidades, y las partidas de gasto en personal a los presupuestos de 2020 en el caso de Cataluña y 2019 en el caso de Madrid, las cifras proporcionan una idea bastante precisa de la diferencia salarial de los empleados públicos en las Comunidades de Cataluña y Madrid. 

Cuadro 2. Población, Ocupados Sector Público y Gasto en personal

El salario medio de los empleados en el conjunto del Sector Público de la Generalitat de Cataluña es 46.968€ y en la Comunidad de Madrid 42.090€. La diferencia es sustancial 4.818 € por empleado y 11,16% en porcentaje. Multipliquen ustedes el número de empleados del Sector Público en Cataluña (253.564) por 4.818 y obtendrán la nada despreciable cifra de 1.221,7 millones de exceso de gasto en personal en Cataluña. Sobre un PIB de Cataluña, estimado por el INE en 228.682,1 millones en 2018, el exceso de gasto en personal es 0,53% del PIB, aunque el impacto del sobredimensionamiento de la Administración de la Generalitat es seguramente bastante superior, puesto que el mayor número de empleados en Cataluña conlleva también más compras de bienes y servicios e inversiones.

Que siga la fiesta

Son bien conocidas las abultadas diferencias que existen entre los sueldos del presidente Torra (153.235,50 €) y del presidenteSánchez (83.080,02), entre las retribuciones de los consejeros de la Generalitat (115.117,04 €) y de los Ministros de España (entre 73.300,80 € el Ministro de Fomento y 86.912,70 la Ministra de Defensa), y entre las del presidente del Parlamento de Cataluña (163.610,94 €)  y de la presidenta del Congreso. (118.160 €). Ahora tenemos la certeza de que estos abultados diferenciales, incomprensibles a tenor de las responsabilidades desempeñadas por unos y otros, permean toda la escala salarial de los empleados públicos de la Generalitat de Cataluña. 

Se mire como se mire, la Generalitat de Cataluña ha puesto en pie una administración sobredimensionada respecto al resto de Comunidades Autónomas. Además, lo ha hecho a lo grande, fijando sueldos a gobernantes, políticos y empleados públicos muy superiores a los percibidos por sus homólogos en las restantes Administraciones Públicas españolas. La contrapartida a estos excesos de la Generalitat de Cataluña son los altos impuestos y tasas que soportamos los catalanes, cargas que restan vigor al consumo y a su cada día más debilitado tejido empresarial, y elevan la enorme deuda pública que la Generalitat ha venido acumulando desde 2008. Una deuda contraída casi exclusivamente con el Tesoro del Reino de España que, como les decía al principio del artículo, los líderes independentistas confían dejar en herencia al resto de españoles en caso de lograr la independencia. 

Lo asombroso del caso es que todos los gobiernos españoles desde 1993 hayan permitido estos derroches y los hayan seguido financiando hasta hoy, incluso después de que los gobiernos de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña decidieran en 2012 apostar abiertamente por la independencia y realizaran varias oleadas de consultas municipales, dos consultas a nivel Cataluña el 9-N en 2014 y el 1-O de 2017, promovidas y financiadas por la Generalitat de Cataluña. Quiero recordar que sólo el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña por la última consulta le costó al Estado 87 millones que no se han reclamado a la Generalitat. Una tragicomedia carísima a la que no se le ve fin cercano, porque Sánchez, desde que llegó a La Moncloa, aupado por partidos separatistas y populistas el 1 de junio de 2018, está en sus manos y todo indica que predispuesto a seguir pagándoles la fiesta.