Ya hay fecha —el 17 de setiembre— para la vista en el Tribunal Supremo que ha de decidir sobre el recurso presentado por el presidente de la Generalitat contra la condena a un año y medio de inhabilitación a que lo condenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo más probable es que confirme dicha sentencia, con lo que urge una decisión sobre el calendario electoral catalán.
Hace semanas que ERC pide que sea Quim Torra quien decida cuándo serán las elecciones al Parlamento y no, indirectamente, el TS. Por el momento, «el president se niega a hablar de elecciones», informa La Vanguardia, y «la maquinaria electoral de ERC activó de nuevo sus engranajes, mientras la de JxCat sigue deambulando sin estrategia definida y sin candidato».
ERC tiene una estrategia, se mantiene unida, «las encuestas internas les mantienen al frente en Cataluña», aunque no lo tiene fácil. Creen que la pandemia «ha dejado un rastro de crisis económica que perjudicará a todos los partidos de Gobierno». Pero la convocatoria está cerca: «La cúpula republicana está convencida de que JxCat intentará ganar tiempo, pero nunca permitirá que, en caso de inhabilitación, Aragonès se arrogue funciones del president hasta una convocatoria automática de elecciones que llegaría unos cuatro meses después de una hipotética inhabilitación.»
Todo es más caótico en la otra parte contratante del gobierno autonómico: «Sería “inimaginable” que Torra firmara el decreto sin el consenso de Carles Puigdemont, los presos de JxCat y los miembros de su Govern, sostienen, aunque la discusión lleve aparejada amenazas de dimisión. Torra quiere convocar y JxCat no mientras no resuelva el sudoku interno, así que la voluntad del president pasa a un segundo plano.»
El combativo abogado Gonzalo Boye, en un»tweet, se pregunta cómo es que se ha fijado la fecha de la vista antes de haber designado un ponente.
Y Jaume Alonso-Cuevillas, en otro tweet, le replica, sin interrogantes: «Es la justicia del cangrejo. Sentencia decidida. Ahora se señala la vista. Y ya sólo quedará nombrar Ponente y admitir a trámite.» Cuántas molestias para llegar a un resultado más que previsible.
Y pensar que todo empezó con una pancarta colgada en el balcón del palacio de la Generalitat que la junta electoral ordenó descolgar. Ya dijo Salvador Sostres en su momento —Por un lugar o por el otro— que Quim Torra «jugó deliberadamente a las pancartas de quita y pon (…) para hacerse el desobediente y buscarse un enfrentamiento de baja intensidad con el Estado que le dé la épica pero a bajo precio personal (…) para tratar de reservarse algún honor —aunque sea falsario— en los libros de Historia».
Puigdemont, candidato
Pere Martí, en Vilaweb, analiza las condiciones de Puigdemont para ser candidato, es decir las que impone el interesado a sus seguidores: «Sólo volverá a encabezar la lista si es una candidatura transversal del independentismo y con voluntad ganadora. Esto no incluye sólo la Crida y el PDECat, sino ir más allá, con nuevas incorporaciones.»
La «voluntad ganadora» es para intentar superar a ERC y quedar en primer lugar en la competición independentista. Y «candidatura transversal» significa que en los candidatos debe haber menos disciplina de partido y más adhesión personal, que es donde el número uno se siente más cómodo.
El PDECat, o lo que queda de lo que fue CDC, «quiere mantener el perfil como partido político y marcar línea ideológica», pero su intento de supervivencia está amenazado por lo que reclama Puigdemont: «máxima unidad posible» y «pluralidad y transversalidad ideológica». Es decir, orientarse sólo al excelso objetivo de la independencia, y prescindir de debates y concreción de programa.
Importante será la elección del número dos, el que eventualmente podría ser presidente de la Generalitat. Dice Pere Martí que Puigdemont «actualmente se siente muy comprometido con la tarea de eurodiputado», es decir que no tiene ganas de liarla presentándose aquí a ejercer de diputado en el Parc de la Ciutadella.
El deep state sigue conspirando
José Antich, El Nacional, se pregunta si ¿dejará el TC sin escaño a los diputados independentistas? por haber admitido a trámite «una denuncia de Vox (…) por su manera de prometer el cargo» a pesar de que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya estableció que lo que cuenta es su elección como diputados». No sólo independentistas, también algunos de Podemos.
Aprovecha para reprochar a Felipe González, habitualmente crítico con los suyos en el gobierno, que «nadie le oirá entrar en terrenos pantanosos del deep state, ya que es el primero que sabe que sólo podría salir perdiendo». Sí, «podía haber salido perfectamente censurando el pulso de la Guardia Civil al ministro del Interior, o apoyando a Sánchez en su denuncia de la policía patriótica…» (…) o denunciando «cómo el Supremo desoye la justicia europea e insiste en que Carles Puigdemont y Toni Comín no pueden ser eurodiputados importándole un rábano que ya lo sean y que su escrito carezca de valor alguno a excepción del derivado del consumo y la propaganda doméstica», pero tiene sus propias ideas sobre todo esto y no coinciden con las de Antich, que se ha apuntado a la moda de ver deep state en todas partes. Debe ser que tenemos un estado profundo que se deja ver a diario.
También Vicent Partal lo ve en esa revisión por el TC de la imaginativa y jactanciosa manera que tienen algunos diputados de cumplir con el trámite del juramento de la Constitución.
La anulación del juramento de 27 diputados «sería esperpéntica y todavía resulta difícil de imaginar. Es terrible porque esconde una nueva versión del intento de golpe de estado judicial, persistente e incesante en Madrid, un golpe que simplemente está buscando de qué manera puede ser más efectivo. Unos cuantos diputados de Unidas Podemos usaron fórmulas alternativas, que también usó Joan Baldoví y los diputados del BNG, Teruel Existe y el PRC. Además, evidentemente, de los diputados independentistas catalanes y vascos. Si el Constitucional anula los derechos políticos de todos estos diputados la mayoría actual queda en el aire».
¿Tan terrible sería para esos diputados volver a hacer el juramento limitándose a la frase principal, sin añadirle comentarios inútiles que pueden hacer desde la tribuna durante cuatro años? ¿Tan ultrajante es jurar una Constitución que establece el procedimiento de su propia reforma?
