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Los sindicatos de Mossos denuncian que los cambios «a la carta» en el cuerpo beneficiarán a los «violentos»

El Sindicato de Polícías de Cataluña (SPC) advierte al conseller de Interior de que las movilizaciones serán cada vez más violentas

La presentación esta semana de la auditoría sobre la gestión que los Mossos llevaron a cabo del control de las algaradas de octubre de 2019 ha generado más dudas que certezas entre los agentes. Sobre todo frente a lo que consideran un cambio «encubierto» del modelo de orden público promovido por el conseller de Interior, Miquel Buch. Cambio que, en opinión de entidades como el Sindicat de Policíes de Catalunya (SPC), beneficiará únicamente a los «violentos«.

La auditoría fue encargada por Buch tras las violentas reacciones independentistas a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del referéndum ilegal del 1-O, publicada el 14 de octubre del año pasado. A lo largo de una semana, los separatistas convirtieron Barcelona en escenario de iracundas protestas que obligaron a los Mossos a pedir ayuda a la Policía Nacional para poder afrontarlas. Ahora, con esta auditoría, Interior pretende cambiar el modelo del orden público, actualmente «basado en el mantenimiento de las distancias» para pasar a otro de «cuerpo a cuerpo«, según ha denunciado el SPC.

Una defensa de goma y un escudo

Buch pretende dejar a los agentes sin los elementos con los que ahora cuentan para afrontar este tipo de situaciones. Solo les quedarían una defensa de goma y un escudo. Algo que, desde el SPC, se considera que «pone en grave peligro a los compañeros y a los ciudadanos pacíficos que padecen las consecuencias». «Buscan, y parece que lo están consiguiendo», denuncia el sindicato policial, «un modelo de orden público a la carta donde los violentos cada vez lo tienen más fácil para campar impunemente«.

La auditoría, por otro lado, plantea la necesidad de que en situaciones como la sucedida en octubre de 2019 se priorice la mediación con los violentos. Algo que también es cuestionado por el SPC pues los líderes de este tipo de protestas «no quieren tener ningún tipo de contacto» con los Mossos. «¿De qué sirve negociar con quien no quiere escuchar y solo te quiere herir, lesionar o, incluso, quemar el furgón con seis policías dentro como han tenido que sufrir los compañeros?», se preguntan desde el SPC.

Barricada entre Plaza Univeritat y la calle Pau Clarís de Barcelona (Europa Press).

El mismo sindicato tiene claro que los promotores de aquellas algaradas, entre los que se encontraba la organización anónima Tsunami Democràtic, son «cada vez más violentos». Y por ello el SPC no entiende que se les ofrezca mediación. «La mediación es para quien quiere hablar», han advertido.

Sin participación de los Mossos

Desde este grupo policial también se ha criticado que, a la hora de realizar la auditoría, cuyo coste se desconoce y a la que los Mossos han dedicado, «1.000 horas«, Interior solo se haya reunido con «grupos sociales minoritarios y algunos partido políticos» y no con los sindicatos y otras asociaciones de agentes. En concreto, la auditoría ha tenido en cuenta las aportaciones de entidades como Amnistía Internacional, el Centre Iridia y la CUP. Por ello desde el SPC se ha apuntado que «estaría bien» que «en los próximos disturbios» participen los miembros de estas entidades. «Seguramente, si vivieran el odio y las ganas de herir gravemente que han de aguantar los agentes, pensarían, actuarían y exigirían cosas bien diferentes», ha señalado el sindicato.

El SPC ha acusado a Buch y a la Generalitat de tener «obsesión» con «contentar a organizaciones, partidos y colectivos que, a pesar de que defienden derechos, nunca les hemos visto defender los derechos de los policías cuando son denunciados falsamente y tampoco condenar la violencia ejercida en torno a los agentes».

El conseller de Interior, Miquel Buch, en una imagen de archivo.

El sindicato, finalmente, ha lanzado una dura advertencia a la Generalitat sobre el hecho de que los delitos violentos se ejecutan con cada vez «más brutalidad«. «Esta debería ser la prioridad», ha añadido, «y no reducir aún más la capacidad de respuesta policial ante los disturbios generados por una minoría muy violenta«.

Auditoría con un «objetivo político»

La asociación de policías Politeia, por su parte, también ha lanzado duras críticas contra la auditoría de Buch. Su presidente, David Hernández, ha asegurado que se trata de un trabajo con «un objetivo político e ideológico» en el que solo se destaca «lo malo» y aquello que puede haber de positivo en el cuerpo policial autonómico, «queda difuso».

Al igual que el SPC, Hernández ha lamentado que Interior haya preferido contar con la opinión de Amnistía Internacional, el Centre Iridia y la CUP antes que con la de los sindicatos o las asociaciones de agentes policiales. Además, también ha denunciado que, aunque los Mossos son «el cuerpo más fiscalizado de España«, la auditoría prevé crear una nueva entidad de control sobre su labor.

Objetivo: la BRIMO

Desde Politeia se considera también un despropósito primar la mediación con los grupos violentos independentistas a la hora de enfrentarse a sus acciones. Algo que, en opinión de Hernández, solo servirá para «dejar a los pies de los caballos» a las unidades de la Brigada Móvil (BRIMO), que es la que interviene en estas situaciones. A ello se suma que el documento de Buch apuesta también por mejorar la forma de que los manifestantes puedan identificar el número de cada agente. Algo que, según el presidente de Politeia, «puede condicionar» la intervención.

Hernández tiene claro que Cataluña volverá a vivir escenas como las del otoño de 2019 y que desde la Generalitat se persigue que los Mossos carezcan de la equipación necesaria para afrontarlas. En este punto, la pregunta es si la pretensión del Govern es forzar a que el Ministerio de Interior retome las competencias sobre los Mossos para «hacer más victimismo«. Aunque también en Politeia tienen la tesis de que «una imagen épica para el independentismo sería ver a los agentes de la BRIMO tirando los escudos y abrazando a los manifestantes». Por ello Hernández ha insistido en que la auditoría tiene «sesgo ideológico total«.

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