Los castellanohablantes son tratados como ciudadanos de segunda durante las pruebas de selectividad. El govern, en su afán de imponer el uso del catalán, da la espalda a la diversidad lingüística del territorio y señala a los estudiantes que deseen hacer los exámenes en lengua castellana.
Las instrucciones son claras: Los profesores no repartirán pruebas en castellano, salvo que el alumno lo solicite. En ese caso, el examinador deberá anotar la petición como una «incidencia«.
«Los jóvenes se juegan su futuro bajo la coacción lingüística y, sin conocer (muchos de ellos) su derecho a hacer las pruebas en cualquiera de las dos lenguas cooficiales«. La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB), Ana Losada, sostiene que el hecho de pedir el examen en castellano, somete a los alumnos a una exposición pública. Por este motivo, muchos declinan ejercer su derecho, por temor a ser señalados.
La AEB lleva denunciando desde 2015 esta práctica «antidemocrática» de la Generalitat en las pruebas de selectividad. El año pasado, la queja fue trasladada, incluso, al defensor del pueblo, que les dio la razón. Sin embargo, «el govern, simplemente nos ignora». Según Losada, hasta que el gobierno central no ponga los puntos sobre las íes en Cataluña, los derechos lingüísticos de más de la mitad de sus ciudadanos, serán vulnerados sistemáticamente.
