Ni la consellera de Salud, Alba Vergés, ni el titular de Asuntos Sociales, Chakir el Homrani, ambos de ERC, han admitido este martes responsabilidades en la pésima gestión desarrollada por sus departamentos de las residencias de ancianos durante la crisis del COVID-19. Tampoco lo ha hecho el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha preferido arremeter contra el Gobierno central, al que ha acusado de lo sucedido en estos centros entre marzo y mayo: «La infrafinanciación del Estado español en general, y también en el ámbito de dependencia, ha sido un condicionamiento de estos resultados».
Los tres máximos responsables de la gestión de la Generalitat durante la crisis del COVID-19 han expresado su postura durante la celebración en el Parlament de un Pleno extraordinario sobre la gestión de estos centros asistenciales. Cataluña cuenta en estos momentos con 1.053 residencias para mayores que acogen a un total de 64.000 personas con una edad media de 84 años.
Torra ha echado balones fuera recordando que lo sucedido en las residencias catalanas se ha visto en centros similares de toda España e, incluso, de otros países europeos. Además, ha explicado algunas de las decisiones adoptadas como la de restringir las visitas o la de reorganizar la gestión pasando las competencias de la Conselleria de Asuntos Sociales a la de Salud, ambas gestionadas por ERC. Una decisión que, ha dicho, fue ordenada por él mismo .
Torra ha admitido que el Govern actuó «tarde» a la hora de dotar de equipos de protección a los trabajadores de estos centros. Algo de lo que también ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez por su decisión de centralizar las compras y la distribución. Una decisión que, ha dicho Torra, «fue nefasta» y que tuvo «consecuencias» tanto para las residencias como para los hospitales, según ha informado Europa Press.
La sentimental consellera Vergés
La titular de Salud, la republicana Alba Vergés, ha recurrido al sentimentalismo para dar explicaciones sobre su gestión en el área de los centros residenciales para mayores. Vergés se ha referido en numerosas ocasiones a «las abuelas y los abuelos» y ha evocado, incluso, a los suyos: «Mis abuelos no nos hubieran escuchado pero confiaban en nosotros. ¿Por qué no confiar en la generación a la que le dieron todo?».
Vergés se ha referido a la pandemia como «una situación compleja«. La consellera ha destacado en varias ocasiones que se ha podido afrontar gracias al sistema sanitario público y universal. «Si no», ha dicho, «no podríamos haber dado respuesta a esta gente», en referencia a los miles de ancianos que han sido atendidos durante la crisis en los centros hospitalarios catalanes. No ha mencionado, sin embargo, cómo saltó el escándalo cuando se dio a conocer que existían órdenes de Salud de no tratar a aquellos cuya situación vital no garantizara la recuperación.
La consellera, que ha basado su discurso en solicitar al resto de grupos su colaboración para mejorar la gestión de las residencias, ha destacado también el papel de los trabajadores de estos centros. En este sentido, Vergés ha enumerado las emociones de estos profesionales, especialmente afectados por los contagios y que han trabajado en condiciones casi extremas y sin apenas ayuda ni de Salud ni de Asuntos Sociales: «miedo de volver a los peores días de la crisis», «abandonados por la incomprensión de las familias», «incomprendidos por la sociedad», «tristes porque no tenían el reconocimiento que tenían los profesionales sanitarios» y «culpables«.
Alba Vergés también ha lamentado, sorprendentemente, que la crisis en las residencias coincidiera con los peores días vividos en los centros de Atención Primaria y en los servicios de Urgencias. «Si el problema hubiera sido solo en las residencias», ha señalado, «hubiera sido más fácil«. Nada ha dicho sobre cómo su departamento obstaculizó, por ejemplo, que el Ejército y la Guardia Civil levantaran hospitales de campaña o medicalizaran hoteles. Instalaciones que entraron en funcionamiento por orden judicial, como en Sabadell, o que, directamente, no llegaron a ser utilizadas, como sucedió en Sant Andreu de Llavaneres.
La consellera, finalmente, ha explicado el nuevo plan de gestión de los asilos, en el que la Generalitat invertirá 96 millones de euros y que persigue proteger especialmente a este colectivo tan vulnerable frente a nuevas oleadas del COVID-19.
Un sistema «heredado»
El conseller de Asuntos Sociales, el también republicano Chakir el Homrani, ha explicado, por su parte, la gestión desarrollada por su departamento, del que dependían las residencias de mayores inicialmente. El Homrani, al igual que Torra, ha intentado esquivar la responsabilidad de lo sucedido apelando a que el sistema de gestión es «heredado» y que se caracteriza por problemas como la falta de financiación, la atomización o la precariedad laboral.
El Homrani, que fue también víctima del COVID-19 y que quedó fuera de juego en cuanto comenzaron a presentarse denuncias contra las residencias y la Generalitat, ha responsabilizado también al Gobierno de lo sucedido: «El déficit de transferencias del Estado en servicios sociales en Catalunya es histórico y muy elevado». Y ha añadido que la centralización de las compras y de la distribución de los equipos de protección por parte del Ministerio de Sanidad perjudicó a las residencias catalanas.
