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Reactivación Económica I: modelo productivo, política fiscal y financiera

Recuperar el terreno perdido y sentar las bases de una recuperación sostenibl, deberían ser los objetivos de las política fiscal y financiera

A principios de mayo, el Congreso constituyó la Comisión de Reconstrucción Social y Económica con el fin específico de recomponer el tejido social y productivo de la economía española. Además de señalar las diferencias con la más pragmática comisión Colao en Italia y el más académico grupo de trabajo encabezado por Tirole y Blanchard en Francia, en mi artículo el Asador de Patxi publicado en este diario el 29 de junio, señalaba que los principales objetivos marcados por López al constituirse la comisión española a principios de mayo eran marcadamente políticos y se podían resumir como los diez mandamientos en dos: anteponer las políticas redistributivas a las políticas de impulso de la actividad productiva y exigir a la UE que pague el grueso de la factura con transferencias no reembolsables. Un mal comienzo que ha quedado confirmado al completarse los trabajos dos meses después. 

La Comisión integrada por 46 diputados se estructuró en grupos de trabajo (GT) en cuatro áreas diferenciadas: Unión Europea, Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, Reactivación Económica, y Sanidad y Salud Pública. Todas ellas desarrollaron sus actividades a lo largo de mayo y junio y por ellas desfilaron decenas de comparecientes. Al término del plazo establecido de dos meses, los GT aprobaron los correspondientes borradores de propuestas de resolución con mayorías más o menos ajustadas, sin alcanzar en ningún un amplio y significativo consenso. Recibieron como era de esperar el apoyo de los grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno, PSOE-PSC y Unidas Podemos, y en algunos casos contaron con el respaldo de grupos parlamentarios minoritarios como Ciudadanos y PNV. Además, la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición presentaron enmiendas a los borradores.  

Reactivación económica y modelo productivo

Desde un punto de vista estrictamente económico, las conclusiones de las propuestas del GT de reactivación económica son las más relevantes. Recuperar el terreno perdido durante este primer semestre y sentar las bases de una recuperación sostenible en un futuro sobre el que planea una gran incertidumbre a nivel mundial, deberían ser los objetivos de las política fiscal y financiera a corto y medio plazo. No obstante, conviene reconocer que, como ha reiterado el Banco de España en sus proyecciones para 2020 y los dos próximos años, para asentar la recuperación resulta indispensable mantener controlados los rebrotes que ya se están registrando en diversos lugares de la geografía española, para no encontrarnos dentro de unas pocas semanas o meses en una situación similar a la vivida en marzo y abril de este año. 

Para asentar la recuperación resulta indispensable mantener controlados los rebrotes que ya se están registrando en diversos lugares España.

Clemente Polo

Por razones de espacio, este artículo lo dedicaré a examinar las conclusiones del GT de Reactivación Económica (GT-RA) sobre cambio de modelo productivo, política fiscal y política financiera, y dejaré para un próximo artículo el análisis de las conclusiones sobre el Sistema Laboral e Impulso de la política comercial, la automoción, relanzamiento del turismo y reactivación de la hostelería. 

El GT-RA mantuvo su primera reunión de trabajo el 21 de mayo y aprobó el borrador de conclusiones en su novena y última sesión extraordinaria el 1 de julio. Recibió el respaldo de 165 diputados, 120 del grupo socialista, 35 de Unidas Podemos y 10 de Ciudadanos. Obtuvo, por tanto, el apoyo del 47,1% de la Cámara, pero fue rechazado por 113 diputados, se produjeron 10 abstenciones y algunos grupos no participaron en la votación. En las votaciones previas de enmiendas parciales, el GT rechazó, con apoyo del PP, la propuesta de Unidas Podemos de derogar la reforma laboral y crear un impuesto a las grandes fortunas. El borrador está estructurado en 10 bloques temáticos cuyos títulos y número de propuestas de resolución asociadas aparecen en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Bloques y propuestas de resolución del GT de Reactivación Económica (GT-RE) 

El documento en su conjunto se puede caracterizar como un batiburrillo de buenos deseos, generalidades y lugares comunes, y vagas propuestas acordadas entre representantes de grupos políticos más preocupados por quedar bien con determinadas organizaciones y colectivos sociales que por reactivar la economía española. Cualquier economista profesional echará de menos que los autores no expliciten una lista breve de prioridades definidas con precisión ni estructuren sus propuestas de actuación en torno a las mismas. Además, resulta sintomático que el documento no incluya un cronograma donde se detalle la aplicación de las medidas y tampoco se cuantifiquen sus efectos sobre el PIB, el empleo, el paro, los costes laborales, etc., ni su impacto presupuestario sobre ingresos y gastos a corto, medio y largo plazo. 

Política fiscal y financiera

Otro hecho sorprendente en el borrador de conclusiones del GT-RA es el escaso número de iniciativas sobre política fiscal (6) y el sistema financiero (4), 10 en total que suponen tan sólo 7,1% de las 141 incluidas en el documento, exactamente el mismo número de conclusiones incluidas en el bloque Relanzamiento de la cultura (10), y menos de la mitad de las incluidas en el bloque de Impulso de la transición ecológica (21). Y resulta sorprendente porque cualquier economista es consciente de los papeles esenciales que juegan en una recesión la política fiscal, como activadora de la demanda agregada, y el sistema financiero para evitar la asfixia de las empresas. 

El problema más acuciante de la economía española (…) es adoptar medidas fiscales y financieras de carácter transitorio que impulsen el consumo.

Clemente Polo

Dicho de otro modo, el problema más acuciante de la economía española en estos momentos no es cambiar el modelo productivo, ni impulsar la transición ecológica o la digitalización de la sociedad, la empresa y la Administración, por muy importantes que estas cuestiones puedan parecernos, sino adoptar medidas fiscales y financieras de carácter transitorio que impulsen el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. Éstos fueron, precisamente, los objetivos de la Comisión Colao en Italia. 

Se podría contraargumentar que las medidas fiscales a corto plazo pueden a su vez resultar útiles para promover el cambio de modelo productivo o la transición ecológica y que ambos objetivos no son necesariamente contradictorios. Eso parece ser lo que piensan los redactores del documento cuando al final de la introducción al Bloque 1, Modelo productivo, la economía social y las pymes, concluyen que “la recuperación de los sectores más afectados requerirá de un plan de inversiones, tanto públicas como privadas, que reorienten la actividad productiva hacia criterios de sostenibilidad ecológica y transformación digital, al tiempo que refuerce aquellas actividades con mayor potencial tractor y efecto multiplicador para mejorar la productividad y el crecimiento potencial de nuestra economía”. Quizá sí, pero no parece ser el caso. 

Casi todas las conclusiones (…) son poco más que la expresión de buenos deseos y guiños evidentes a sindicatos, agricultores, autónomos, ONGs…

Clemente Polo

El problema radica en que casi todas las conclusiones aprobadas en este bloque, nada menos que 23, son poco más que la expresión de buenos deseos y guiños evidentes en algunos casos a organizaciones sindicales, agricultores, empresarios autónomos, ONG’s, etc. Me refiero, por ejemplo, a los deseos de “alcanzar un pacto de Estado por la industria”, al deber de “plantear una estrategia de medio y largo plazo para reindustrializar el país”, o de “impulsar la transformación del sistema agroalimentario”. Me refiero también a los deseos de “elaborar una estrategia de fortalecimiento de las PYMES”, de “impulsar el trabajo autónomo, su dignificación y su potencial en la recuperación de un tejido productivo más sólido” y de “impulsar la elaboración, con la participación de las entidades que componen la economía social, de una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social”; etc. (Subrayados míos.) 

El documento está plagado de frases altisonantes y faltas de concreción y sus redactores no explicitan cómo piensan ejecutar esos pactos o activar dichos impulsos, ni cuáles serán los efectos esperados de tales medidas sobre la productividad y el crecimiento potencial de la economía. Señales de humo y poco más. 

El mensaje principal en política fiscal del GT-RA es que España va a incurrir en déficits importantes a corto plazo por la recesión causada por el confinamiento, pero puesto que los porcentajes de recursos y empleos de las Administraciones Públicas son notablemente inferiores a la media de la UE, será necesario aumentar la “capacidad recaudatoria… guiada bajo criterios de progresividad… Y habrá de ser una fiscalidad mejor adaptada y acorde a la realidad económica, tecnológica y social y de transición ecológica en la que vivimos. Una fiscalidad, por tanto, más justa y distributiva”. Estamos ante juicios de valor que priorizan el aumento de la recaudación y los gastos de las AA. PP. y nada nos dicen acerca de sus efectos sobre la asignación de los recursos, la atracción de inversiones o la creación de empleo. ¿Quién nos asegura que aumentar los impuestos para acercarnos a la media de la UE aumentará la inversión y la competitividad de las empresas españolas y hará crecer la productividad y el crecimiento potencial de nuestra economía? De hecho, la economía española ha crecido más que la media de la Eurozona y la UE en los últimos años.  

Las 6 ‘conclusiones’ aprobadas por los grupos Socialista y Unidas Podemos. con apoyo de Ciudadanos, se limitan a reiterar el difuso contenido de los párrafos introductorios al Bloque: “Reducir la brecha fiscal con Europa”; “Avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre y progresividad de nuestro sistema fiscal”; “Desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde”; “Fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal”; “Establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados”; “Estudiar en el marco jurídico vigente la posibilidad (a) de permitir a entidades locales saneadas y con bajo nivel de deuda el uso de parte de su superávit”. (Subrayados míos.)

El Gobierno Sánchez-Iglesias planea subidas permanentes de los tipos de casi todos los impuestos (…) y aumentar el gasto público.

Clemente Polo

De algo podemos estar seguros: durante esta legislatura, el gobierno Sánchez-Iglesias planea subidas permanentes de los tipos de casi todos los impuestos (IRPF, sociedades, IVA y especiales y cotizaciones sociales), y aumentar el gasto público de manera permanente y mucho más allá de lo necesario (y deseable) para preparar el sistema sanitario ante posibles rebrotes del Covid-19. Antes de lanzarse a aumentar el gasto público y el peso de las Administraciones, resultaría mucho más apropiado empezar por evaluar la eficacia de los programas públicos actuales y examinar los efectos del sistema impositivo sobre la competitividad de las empresas y la creación de empleo.  

Aunque el GT reconoce en la introducción al Bloque 8 que “el sistema financiero juega un papel clave en cualquier economía avanzada, permitiendo una eficiente canalización de los ahorros hacia las necesidades de inversión”, la única preocupación que se desprende de las conclusiones aprobadas es que para “impulsar el emprendimiento, la creación y crecimiento de las empresas” hay que concentrar recursos y capacidades alrededor de los mecanismos públicos de crédito para aumentar su impacto y su capacidad de canalizar fondos de la Comisión y las Instituciones Financieras Internacionales”,  y para ello hay que “fortalecer el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO)”. Este raquítico apartado se completa señalando la urgencia de “tramitar una nueva Ley del Mercado de Valores, en aras de mejora la percepción de seguridad jurídica de los operadores de mercado”, y la de “acelerar la tramitación del Proyecto de Ley para la Transformación Digital del Sistema Financiero”. (Subrayados siempre míos.)   

Después de las graves crisis financieras vividas entre 2009 y 2014, sabe a poco, a muy poco las aportaciones de Patxi y Cia. Resulta más que decepcionante este pobrísimo análisis y las cuatro conclusiones aprobadas sobre el sistema financiero. Una indicación quizá de que en este ámbito no hay muchos votos que pescar. Resulta llamativo que el borrador no diga una palabra sobre el impuesto de 0,2% incluido en el anteproyecto de Ley aprobado por el gobierno Sánchez-Iglesias el 18 de febrero que prevé gravar las transacciones financieras de acciones cotizadas 0,2% y con el que espera recaudar 850 millones. Como todos los impuestos especiales, éste necesitaría también una justificación que no se ha ofrecido más allá de aducir que los bancos se beneficiaron del rescate de algunas entidades financieras que paradójicamente no eran bancos sino cajas de ahorros administradas por políticos. La pregunta que cualquier economista sensato se haría en un contexto de recesión económica es si la creación de este nuevo impuesto sobre transacciones financieras ayudará “a canalizar los ahorros a las necesidades de inversión”, o si más bien servirá para frenar y desanimar a los inversores, especialmente a los pequeños ahorradores e inversores. 

No a la coartada al intervencionismo ‘estatalizador’

Aunque la mayor parte de los tres bloques del documento examinados son prescindibles por su vacuidad y falta de concreción, a nadie se le oculta su papel de coartada para un gobierno comprometido, desde mucho antes de que irrumpiera en la escena el Covid-19, a aumentar el gasto público y a subir los impuestos. Las fechas no dejan lugar a dudas: el preacuerdo se anunció el 12 de noviembre, dos días después de las elecciones, y el programa completo se hizo público el 30 de diciembre, dos meses y medio antes de declarar el estado de alarma.  Cambiar el modelo productivo, reindustrializar la economía, impulsar la transición ecológica, aumentar la progresividad del sistema tributario, aproximar los niveles de gasto público sobre el PIB a los de la UE, crear una banca pública, etc., no son otra cosa que útiles reclamos para distraer la atención del programa intervencionista y ‘estatalizador’ acordado con Iglesias, el hombre que le quitaba el sueño a Sánchez antes de fracasar en su intento de reforzar la mayoría socialista en el Congreso.  

Pocos economistas aconsejarían subidas permanentes de impuestos y del gasto público en medio de una profunda recesión sobre cuyo final existe una gran incertidumbre. En la situación actual, la política fiscal debería emplearse para estimular con medidas transitorias de apoyo el consumo de las familias y la inversión de las empresas, y para mantener niveles de inversión pública relativamente altos. Y en el horizonte del medio plazo, lo deseable y urgente no es elevar de manera permanente la presión fiscal sobre familias y empresas, como pretenden Sánchez-Iglesias, sino impulsar reformas del sistema impositivo orientadas a reducir los costes de producción y a fortalecer la competitividad de las empresas. Resulta también equivocado apostar por estatalizar más la economía ampliando el peso del sector público cuya eficiencia es francamente mejorable, desde la Administración General a la de Justicia, desde la Educación a los programas del Servicio Estatal Público de Empleo. Aumentar los salarios y número de empleados públicos no asegura siquiera mejores servicios públicos sino más de lo mismo, y no es, desde luego, lo más aconsejable para aumentar la productividad y el PIB potencial de la economía española.  

En suma, lo que la economía española necesita a corto plazo es mantener los estímulos fiscales (transferencias y créditos impositivos) para contener la caída de la demanda de consumo y asegurar con créditos impositivos y avales crediticios que las empresas viables se mantienen a flote y se recupera parte del empleo perdido. La inversión pública, como ya he indicado, debería también mantenerse por encima de sus niveles normales durante algún tiempo y aprovechar las ayudas europeas. Para implementar este programa, resulta innecesario “concentrar recursos y capacidades alrededor de los mecanismos públicos de crédito”.  

A medio y largo plazo, la composición de la cesta de impuestos se debería orientar a reducir los costes laborales, fomentar la inversión, aumentar de la productividad, y potenciar las exportaciones. La reducción del déficit debería escalonarse con la recuperación, eliminando en primer lugar las medidas de estímulo transitorias y evitando subidas permanentes del gasto público y de la recaudación. Ésta sí sería la receta apropiada para aumentar la productividad, crear empleo y elevar la tasa de crecimiento del PIB potencial de la economía española, aunque no parecen ser éstas las intenciones del gobierno de coalición Sánchez-Iglesias, ahora avaladas por las conclusiones del grupo de trabajo de Reactivación económica de la Comisión de Reconstrucción presidida por Patxi López.  

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