En las últimas semanas hemos visto en repetidas ocasiones imágenes de temporeros durmiendo en las plazas de Lleida. Esta imagen desgraciadamente ha pasado tan fugazmente como suelen pasar estas realidades para quienes intentan olvidarse de ellas. Hace unos días, Empar Moliner, publicaba en el diario Ara unas reflexiones en las que parecía apuntar que desde el resto de España se envían temporeros a Lleida en plena pandemia dando a entender que existía una correlación entre los temporeros y los brotes en Lleida. Ese, de ser cierto, no es el problema de fondo.
Todo parece indicar que los brotes de coronavirus que han proliferado entre las empresas agroalimentarias en la zona de Lleida no solo han sido debidos a las malas condiciones de alojamiento sino también a la falta de medidas de protección necesarias y al hecho de no haberse respetado las distancias de seguridad durante la jornada laboral.
La Generalitat ha intentado durante este tiempo echar balones fuera para evitar hacerse responsable. La realidad es que la administración catalana no ha sabido gestionar la acogida de aquellas personas que venían a trabajar a nuestra tierra y han sido los propios ciudadanos y no la administración, quienes han denunciado la situación de precariedad en la que se encuentran los temporeros.
La Generalitat, para variar, ha echado la culpa al Estado y a las empresas para no asumir la responsabilidad
La Generalitat, para variar, ha echado la culpa al Estado y a las empresas para no asumir la responsabilidad que tiene como organismo encargado de velar por el control de las medidas de higiene y seguridad en los centros de trabajo de la comunidad autónoma. El Departamento de Trabajo tiene, desde el año 2010, la competencia sobre seguridad y salud laborales, y las actividades de vigilancia y control de prevención de riesgos a través de la Inspección de Trabajo.
La situación de precariedad de los temporeros, por desgracia, no es nueva. Si vemos el Plan de Acción Fruita Dolça desarrollado por el Departamento de Agricultura en los años 2018-2019 podemos ver que no contemplaba siquiera ya entonces los costes y necesidades laborales previos a la pandemia. ¿Cómo iban a garantizar la salubridad durante esta pandemia si han sido incapaces de cumplir con las medidas propuestas previamente?
Además, en un ejercicio de descargo de responsabilidad han hecho recaer sobre los ayuntamientos el peso de la acogida de estos trabajadores, poniéndolos en una situación complicada, puesto que, naturalmente por sus dimensiones y competencias no tienen capacidad presupuestaria para hacer frente a los gastos que implican las medidas de prevención sanitaria y el control de las condiciones en el ámbito laboral. Más allá de las declaraciones de los últimos días por parte de Torra, la realidad es que la Generalitat ha sido incapaz de manejar la crisis sanitaria entorno a los temporeros en estos meses de pandemia. Los brotes en Lleida demuestran que sus buenas no son suficiente.
Es necesario un plan conjunto entre empresas y administración para crear un parque de vivienda digna para las personas que trabajan en el sector de la fruta
La Generalitat ha demostrado de nuevo su incapacidad para hacerse cargo de los problemas reales de las personas, en especial de los de aquellos que no comulgan con sus tesis secesionistas o que, sencillamente, no tienen derecho a voto.
Ante esta situación es importante hacerse eco de algunas medidas que podrían ayudar a mejorar la calidad del trabajo en el campo y que la Generalitat parece ignorar. Es necesario un plan conjunto entre empresas y administración para crear un parque de vivienda digna para las personas que trabajan en el sector de la fruta. Garantizar el acceso universal a la sanidad y atención médica en los campamentos y concentraciones de trabajadores y garantizar que se cumple el convenio agrario aumentando el número de inspecciones de trabajo en el sector.
