Consultor político de amplia trayectoria, Ignacio Varela es conocido sobre todo por sus colaboraciones en medios como El Confidencial u Onda Cero. Con ocasión de esta entrevista con El Liberal, Varela aprovecha para denunciar los excesos de la izquierda —en la que sigue creyendo—, los errores de Sánchez ante la pandemia o la política lingüística del nacionalismo catalán, «igual que la franquista, pero al revés».
Según una carta firmada por 150 intelectuales en Estados Unidos, publicada en Harper’s Magazine, ciertos sectores progresistas han propiciado un clima de intolerancia que imposibilita el debate público. ¿Lo suscribe?
No sólo lo suscribo. Aunque no suelo firmar manifiestos colectivos, en esta ocasión he respaldado un escrito similar en España. Hay una oleada de iliberalismo, de totalitarismo ideológico, de puritanismo represivo, de caza de brujas y de secuestro del lenguaje. Asistimos a la emergencia de un macartismo 2.0. La paradoja es que esta vez los represores se visten de progresistas. Es la policía política de las causas justas, que administra la verdad y elabora listas negras.
En Estados Unidos esa pulsión autoritaria se hace llamar cultura de la cancelación, pero a mí me parece que lo que implica es más bien la cancelación de la cultura. Si admirar la obra de Woody Allen, leer a J.K Rowling, ver Lo que el viento se llevó o escuchar a Plácido Domingo son actos subversivos, yo lo soy. En esta nueva inquisición hay un Santo Oficio, hay Torquemadas, hay herejes; y la hoguera son las redes sociales.
¿Puede decirse, entonces, que la izquierda, como señaló Félix Ovejero, ha entrado en una «deriva reaccionaria»?
La descripción que hace Félix Ovejero me parece certera y exacta. Claro que hay una izquierda reaccionaria, siempre la hubo. El problema es que ahora se expande como nunca, a medida que la izquierda oficial se contagia de populismo identitario. Y la otra, la que mantiene sus convicciones de siempre, está debajo de la mesa, callada y muerta de miedo ante la ofensiva de los bárbaros.
«Siempre hubo una izquierda reaccionaria. El problema es que ahora se expande como nunca, a medida que la izquierda oficial se contagia de populismo identitario»
Ignacio Varela
La izquierda a la que me apunté siendo adolescente —y en la que sigo creyendo— se alimentaba de una doble tradición: los valores de la Ilustración, que establecieron la libertad y los derechos del individuo, y la aportación del movimiento obrero, que afirmó la justicia social y los derechos de los trabajadores. Si se renuncia a esos fundamentos, si la lucha de clases se trueca por la guerra de las identidades y los derechos de los individuos pasan a ser propiedad de un ente colectivo —llámese el pueblo, la patria, el género o como se quiera— y alguien se arroga la facultad de interpretarlo, estamos emprendiendo la senda del totalitarismo. Felipe González lo llama utopías regresivas.
Otro manifiesto publicado el mes pasado criticaba en España la «inoperante gestión» de la pandemia por parte del Gobierno español. ¿Tan mal lo ha hecho el Gobierno?
Algo mal ha debido hacerse aquí cuando España encabeza todos los indicadores negativos de Europa. Sucedió en marzo y se repite ahora. Eso no puede suceder por casualidad o por infortunio.
Francis Fukuyama sostiene que los factores determinantes de la respuesta exitosa a la pandemia han sido políticos: la capacidad del Estado, la confianza social y el liderazgo. Los países con Estados disfuncionales, sociedades polarizadas o liderazgos divisivos están fracasando, tanto en lo sanitario como en lo económico. La lección más clara de esta crisis es que la división política es el primer factor de ineficiencia.
«Algo mal ha debido hacerse aquí con el coronavirus cuando España encabeza todos los indicadores negativos de Europa. Eso no puede suceder por casualidad o por infortunio»
Ignacio Varela
Todas las decisiones de Sánchez y su equipo han obedecido en primer lugar a sus complicados equilibrios políticos: la naturaleza de la coalición de gobierno, las exigencias nacionalistas, el abandono del PP en lo peor de la crisis, la dificultad para ganar las votaciones en el Congreso… y finalmente, la presión de los poderes económicos para recuperar la actividad antes de tener controlada la situación epidemiológica.
Se entró en el estado de alarma con trote cochinero y se salió de él a galope, cuando debió procederse al revés. Si añades a eso la aparición de insuficiencias estructurales de nuestros sistemas de previsión sanitaria y de gestión de crisis, quizá por ahí nos aproximemos a la respuesta.
Pese a la pandemia, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha lanzado recientemente la propuesta de celebrar otro referéndum como el del 1-O como «única salida» al conflicto en Cataluña. En su opinión, ¿qué debe hacerse para superar el problema catalán?
Me temo que el llamado “problema catalán” está abocado a cronificarse en la vida española como lo hizo el del Ulster en la británica —sin el componente terrorista—.
Como paliativo, sólo cabe hacer dos cosas: por un lado, apoyarse en la realidad que vivimos para persuadir a la sociedad catalana de que el camino de la ruptura con España es estéril y autopunitivo. Por otro, ir a la cuna del problema actual, que radica en la clase dirigente del nacionalismo. Los dirigentes que protagonizaron la insurrección de 2017 están incapacitados para encauzar esta situación y sacar a Cataluña del bloqueo. Renovar la dirigencia nacionalista no es condición suficiente, pero sí necesaria.
«Bildu no es sólo un partido de extrema izquierda: es el albacea testamentario de ETA. Mientras no renuncie a esa condición, cualquier acuerdo político con él es moralmente repugnante»
Ignacio Varela
Lo que me preocupa cada día más es el desgobierno de Cataluña desde hace años. En plena depresión económica, España no puede permitirse una Cataluña desprovista de algo que se parezca a un gobierno efectivo. Su aportación es demasiado importante para prescindir de ella.
Por su parte, los comunes han instado al PSOE a vincular el delito de sedición con el uso de la violencia y que la reforma se aplique a los políticos separatistas presos. ¿Es una medida acertada?
Los comunes tienen un despiste sideral, en esto y en casi todo. El Código Penal es la segunda norma más importante de un Estado, la otra cara de la Constitución: esta establece los derechos y las obligaciones y el Código Penal las penas por incumplirlos. Jugar con él es frívolo y peligroso. Me preocupa la facilidad con que nuestros políticos han abrazado las tesis del uso alternativo del derecho, que conducen a la disolución del propio principio de legalidad.
Por otra parte, ese partido tiene un representante en el Consejo de Ministros. Que lo proponga y lo defienda allí.
Mientras la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, aseguró recientemente que las únicas lenguas propias de Cataluña eran el catalán y el aranés, el CEO indica que la mayoría de catalanes considera como propia el castellano. ¿Cómo se explica?
Sólo se puede explicar por ignorancia o por sectarismo. Más bien, por la suma de las dos cosas. No hace falta recurrir al CEO, basta darse un paseo por Barcelona para comprobar que es un país esencialmente bilingüe. Otra cosa es que esa realidad vital quiera extirparse desde un laboratorio político. Lo que intentó el franquismo, pero al revés.
La semana pasada, EH Bildu mandó un abrazo al exjefe de ETA Josu Ternera, responsable del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en el que murieron once personas. Sin embargo, los pactos con este partido penalizan menos que los que se alcanzan, por ejemplo, con la ultraderecha de Vox. ¿Cuál es la razón?
No me parece equilibrada la comparación de Bildu con Vox. Bildu no es sólo un partido de extrema izquierda: es el albacea testamentario de ETA. Mientras no renuncie a esa condición, cualquier acuerdo político con él es moralmente repugnante. Es una cuestión prepolítica, tiene que ver con los principios.
Cuando ETA capituló, Alfredo Pérez Rubalcaba insistía un una idea: los hemos derrotado operativamente, dijo; ahora toca combatirlos y derrotarlos políticamente. Por desgracia, este Gobierno ha olvidado la segunda parte.
Ciudadanos parece ser el nuevo socio preferente del Gobierno para alcanzar acuerdos en detrimento de Esquerra Republicana. ¿Acierta Inés Arrimadas con el nuevo rumbo que ha impreso a su partido?
Si por socio preferente quiere decir permanente, dudo que ese sea el plan de Arrimadas. Ella ha dicho claramente que su lugar sigue siendo la oposición, lo que no impide abrir líneas de interlocución con el Gobierno en cuestiones esenciales. Eso será compatible con mantener férreamente los acuerdos de gobierno con el PP en los territorios.
Tras su debacle de noviembre, Ciudadanos necesitaba desesperadamente recuperar dos cosas: la visibilidad, que Radio Naranja regresara al dial; y el sentido instrumental de su existencia. La crisis y el veto recíproco entre Sánchez y Casado le han proporcionado el espacio para intentarlo. Si funciona, en 2023 se jugará sus bazas para convertirse en pieza necesaria de cualquier mayoría. Si no, siempre tiene abierto el camino de resucitar la idea de España Suma y tratar de montar una alternativa de centro-derecha que no dependa necesariamente de Vox.
«Debe persuadirse a la sociedad catalana de que el camino de la ruptura con España es estéril y autopunitivo»
Ignacio Varela
El otro camino era aceptar de saque convertirse en un satélite del PP y prepararse para la absorción. Quizá ese sea el final en todo caso, pero antes está ensayando esta otra vía, que me parece interesante. Lo llamativo es que los mismos que lamentan la falta de transversalidad en la política española se rasguen las vestiduras cuando alguien hace un movimiento en esa dirección.
El portavoz de Unidos Podemos, Pablo Echenique, sigue defendiendo que los escraches a políticos son “pacíficos y vienen avalados por el derecho de manifestación”. ¿Está en lo cierto?
Un criterio recomendable de higiene política es ver qué sugiere Pablo Echenique y hacer lo contrario. El suyo es un caso clamoroso de la tosquedad intelectual y la asimetría moral que caracteriza a buena parte de la clase política actual. Los escraches han sido toda la vida una forma de coacción incompatible no ya con la democracia, sino con un sentido civilizado de la convivencia. Es barbarie. Confundir eso con el derecho de manifestación lo dice todo sobre quien lo defiende. Me pregunto si aplica ese mismo baremo a lo que sucede en los alrededores de la vivienda de sus jefes.
Pese al escándalo suscitado en torno a la marcha del Rey Emérito al extranjero, ¿sigue siendo la monarquía constitucional la forma de Gobierno más idónea para nuestro país?
Supongo que puede serlo en la misma medida que lo es para Suecia, Dinamarca, Holanda, el Reino Unido o las monarquías constitucionales que encabezan la clasificación de las mejores democracias del mundo.
El debate entre monarquía y república como cuestión de principio es tan obsoleto como el discurso de quienes lo suscitan. Hace mucho tiempo que la lucha por la libertad y el progreso de las naciones no tiene nada que ver con esa dicotomía. Hoy, ser una cosa o la otra es un mero accidente histórico. Entre monarquía constitucional y república constitucional, lo esencial es el adjetivo.
«Los escraches han sido toda la vida una forma de coacción incompatible no ya con la democracia, sino con un sentido civilizado de la convivencia. Es barbarie»
Ignacio Varela
El caso de don Juan Carlos es el de una gran decepción social, singularmente para la generación que lo vio impulsar como nadie la construcción pacífica de la democracia: pero también una ocasión excepcional para quienes tratan de barrenar los pilares de la Constitución. Para estos el objetivo no es el padre, sino el hijo; y no el hijo, sino el Estado que representa.
Finalmente, Juan Carlos I terminó dañando gravemente a la institución que él rescató del basurero de la historia. Fue un gran Jefe del Estado, pero también un clásico Borbón: recordemos que desde Carlos IV todos los jefes de esa Casa han conocido el destierro en algún momento de sus vidas.
