Los letrados del Parlament, los responsables de advertir a sus señorías sobre si lo que hacen se ajusta o no a la ley, vuelven a estar en el punto de mira del independentismo más radical. Sucedió en septiembre de 2017 y vuelve a suceder ahora. La veda la abrió JxCat, con el presidente Quim Torra a la cabeza, en la noche del viernes, poco después de que la Cámara autonómica, con los votos separatistas, declarara Cataluña republicana y se negara a reconocer a Felipe VI como monarca. Los letrados habían avisado antes de que, si esta declaración se convertía en oficial publicándola en el Boletín Oficial del Parlament, habría problemas.
Torra escogió Twitter para lanzar una amenaza clara a los letrados, dirigidos Xavier Muro y Joan Ridao, ex secretario general de ERC. «El pleno del Parlament es soberano», tuiteó Torra, «ningún funcionario puede decidir si se publica o no una resolución votada por el Pleno. Vaya, hasta aquí podíamos llegar».
Los letrados habían decidido el viernes «por unanimidad» que «algunas de las resoluciones presentadas al Pleno no podían ser aprobadas por vulnerar las sentencias 98/2019 y 111/2019 del Tribunal Constitucional (TC)», según han explicado fuentes consultadas por El Liberal. Ante esta situación, se produjeron reacciones, cuando menos, curiosas como las de la CUP, que decidió cambiar de sus textos algunos términos para «evitar vulnerar literalmente las sentencias». «Han jugado con el lenguaje«, han añadido las mismas fuentes, que también han indicado que, de ese modo, «no dejan de cumplir lo que ha ordenado el TC».
El presidente del Parlament, investigado
A esto se añade que el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, está investigado desde enero por la Fiscalía, a petición del TC, precisamente por permitir que en el Parlament se hayan producido resoluciones contra la monarquía y a favor de la autodeterminación de Cataluña. Algo que podría también explicar que los letrados del Parlament pudieran haber contado con cierto respaldo de ERC, a espaldas de JxCat y la CUP, a la hora de plantarse y decidir no publicar las resoluciones contra la Felipe VI y la declaración de Cataluña como republicana aprobadas el viernes.
Las resoluciones aprobadas, por otro lado, aún no han sido publicadas en el Boletín Oficial del Parlament, dada la negativa de los letrados a hacerlo. Si no cambian de actitud, la declaración de una Cataluña republicana que no reconoce como monarca a Felipe VI quedará en papel mojado. Algo que bien podría estar previsto por parte del JxCat de Puigdemont y Torra. Si se publicaran, pondrían en un aprieto al presidente del Parlament y a ERC. Y, si no, permitirán al separatismo más radical poder seguir ejerciendo de víctimas de un Estado supuestamente represor.
Sea como sea, lo cierto es que la actitud de JxCat y de Quim Torra ha dado pie a una caza virtual del letrado en redes sociales como Twitter. Un escrache digital que también ha afectado a ERC y en el que han participado, por ejemplo, periodistas de medios públicos catalanes como Albert Cuesta, quien ha publicado en su cuenta el listado de nombres y apellidos del equipo dirigido por Xavier Muro y Joan Ridao.
Un tuit similar ha publicado el politólogo y catedrático madrileño Ramón Cotarelo, muy cercano al entorno de Carles Puigdemont. En este caso, ha apuntado directamente a Torrent, al que ha acusado de «esconderse» tras los letrados del Parlament «para no investir» a Puigdemont.
«¿Quién ha votado a estos pájaros?», se ha preguntado el ex líder de la CUP Antonio Baños, mientras que el activista Chema Clavera se ha referido a los letrados como «funcionarios detrás de una ventanilla en la oficina siniestra».
Otros tuiteros han participado en el acoso a los letrados y a los políticos republicanos orquestado desde el entorno de Carles Puigdemont y Quim Torra. Y es que, aunque aún no estén convocadas y la fecha sea todo un misterio, las elecciones autonómicas están al caer. Sobre todo considerando que el Tribunal Supremo se pronunciará a la vuelta del verano sobre la inhabilitación definitiva como diputado de Torra. Una inhabilitación que, de confirmarse, precipitará la convocatoria electoral a la que indica que posconvergentes y republicanos concurrirán por separado y en una guerra más que abierta.
