A Miquel Molina, director adjunto de La Vanguardia, no le gusta la pirotecnia, «hay pocos espectáculos que dejen tanta sensación de vacío», y menos la pirotecnia política, «cuando se toman decisiones sorprendentes que tienen como objetivo desviar la atención de fallos propios en la gestión».
Se refiere al pleno extraordinario que el Parlamento de Cataluña dedicó el viernes pasado a debatir «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española», a iniciativa del presidente de la Generalitat.
Afirma Molina: «Más allá del legítimo derecho a criticar actuaciones que han merecido la censura desde diferentes ámbitos del espectro político, es evidente que el president pretendía no sólo tensar la fibra independentista: también quería desviar la atención de la mala gestión que su gobierno ha hecho de la llamada represa, después de haber reclamado con insistencia la devolución de competencias» en el ámbito sanitario.
El mensaje que trataba de lanzar el presidente Torra está perfectamente resumido en el lema «O república catalana e independencia, o monarquía española y dependencia», como puede verse en este video recogido por Vilaweb.
«Cataluña es republicana»
La resolución adoptada por el Parlamento, la 905/XII, a pesar de su aparente contundencia retórica, es una mera declaración ideológica sin efectos. Es lo que en latín se llama “flatus vocis”: la emisión de palabras vacías de contenido, inservibles para entender la realidad. Votaron a favor 69 diputados, los de JxCat, ERC y CUP, y 65 votaron en contra, los de PSC-Units, Comuns, Ciudadanos y PP; una votación lo suficientemente ajustada como para no dejarse llevar por el entusiasmo.
Así, «el Parlamento de Cataluña declara que Cataluña es republicana y, por lo tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey». Es la pura manifestación del deseo que estas cuatro provincias accedan a la independencia bajo un régimen republicano, nada más. El próximo presidente de la Generalitat seguirá siendo nombrado por el Rey.
Seguidamente, «constata que en Cataluña hay una amplia mayoría a favor de ejercer por referéndum el derecho a la autodeterminación y en contra de la monarquía». En cualquier caso son materias de diferente naturaleza que no pueden ser objeto de un mismo referéndum.
Los parlamentarios que han votado a favor de dicha resolución asumen también el papel de historiadores al decir que «la estirpe de los borbones [sic: en minúscula] ha sido una calamidad histórica para Cataluña».
También recuerdan, haciendo ahora divulgación histórica, el nombramiento de Juan Carlos, en 1969, como sucesor en la jefatura del Estado a título de rey y otros aspectos del momento, sólo para subrayar el colmo de males: que «la monarquía española es sucesora del régimen franquista».
Y, con los términos propios de un analista situado en el extremo izquierdo del tablero político, constatan «el fracaso y la crisis definitiva del pacto constitucional de 1978, que, por su carácter irreformable, blinda un sistema autonómico fallido, una democracia intervenida por el poder judicial, unas políticas sociales que son anuladas cuando las aprueba el Parlamento de Cataluña y una legislación que castiga el ejercicio de derechos fundamentales».
Son seis páginas llenas de «arbitrariedad y parcialidad de los poderes del Estado español», «estructuras de corrupción», «falta de garantías», «impunidad» de la monarquía y «deriva autoritaria» que no pasarán a la historia del parlamentarismo. Sólo es el compendio de las desgracias que padecemos por seguir siendo españoles; les será útil a los candidatos y propagandistas para seleccionar sus temas preferidos durante la campaña de los próximos meses.
La impunidad absoluta de la monarquía
Un ejemplo de la sobreactuación habitual de los independentistas en las instituciones se puede ver cuando el Parlamento rechaza una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró, en 2019, la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de una resolución del Parlamento de Cataluña para crear una «Comisión de Investigación sobre la Monarquía».
En resumen, dicha resolución, según el TC, es «contraria a la Constitución, toda vez que ha creado una comisión de investigación cuyo objeto y contenidos básicos vulneran el art. 56.3 CE». Pero, el Parlamento de Cataluña, en lugar de reconocer que intentaba meterse en asuntos por encima de su competencia, afirma ahora que esta sentencia «ha consagrado un marco de impunidad absoluta para la corrupción de la monarquía».
El artículo 56.3 —sobre la inviolabilidad y la irresponsabilidad del Rey— podría modificarse, todo el Título II de la Constitución —“De la Corona”— podría ser sustituido por el establecimiento de un régimen republicano, pero no será en una comisión de investigación del Parlamento de Cataluña donde esos cambios podrían decidirse.
Por supuesto, el «rechazo» a dicha sentencia del TC manifestado ahora por el Parlamento no se traduce en nada, ya que la «Comisión de Investigación sobre la Monarquía» ni se creó ni se creará, pero sirve, como todo lo demás, para alimentar la animadversión por el, así llamado, «régimen del 78».
