Bajo el título Los plenos de la vergüenza. 6 y 7 de septiembre de 2017, las formaciones constitucionalistas catalanas, invitadas por Impulso Ciudadano y S’ha Acabat, han debatido este lunes sobre lo que sucedió en Cataluña en su otoño más caliente. Lo han hecho recordando el nerviosismo y el temor que sintieron durante aquellas jornadas. Pero, sobre todo, la sensación de impotencia ante la apisonadora separatista que líderes como Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Carme Forcadell habían puesto en marcha.
En el debate han participado Carlos Carrizosa, actual líder de Ciudadanos en el Parlament; la diputada y portavoz del PSC, Eva Granados; el máximo responsable del PP y también miembro de la Cámara, Alejandro Fernández, y el ex portavoz de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) Lluís Rabell. Todos ellos han analizado lo sucedido aquellos días de la mano del presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, y de la presidenta de S’ha Acabat, Julia Moreno.
Los plenos de la vergüenza se celebraron los días 6 y el 7 de septiembre de 2017 en el Parlament, presidido entonces por una durísima Carme Forcadell que hoy cumple condena de prisión por, precisamente, haber dado luz verde durante aquellas sesiones a leyes manifiestamente ilegales. Las fuerzas independentistas aprobaron entonces, saltándose todas las normas de la Cámara, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y la ley del referéndum, entre otras. Lo hicieron impidiendo a la oposición echar mano de los mecanismos legales habituales para mostrar su rechazo a unas normas que, por ejemplo, regulaban que el entonces presidente Carles Puigdemont, hoy eurodiputado, fugado de la Justicia y de nuevo candidato de JxCat, sería el máximo responsable de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
200 separatistas y la policía
Todos los participantes en la tertulia han rememorado el nerviosismo e, incluso, el temor que sintieron aquellas dos jornadas, en las que, como ha explicado Carlos Carrizosa, «200 personas entraron en el Parlament gritando «independencia» y no sabíamos si entraría más gente, si iban a coaccionarnos o si iba a entrar la policía a practicar detenciones«. Carrizosa fue uno de los diputados que sufrió los mayores ataques del independentismo en la Cámara, pero, sobre todo, blanco predilecto de la presidenta Forcadell, que le retiró la palabra en numerosas ocasiones.
Para la representante del PSC, aquellos dos días son «una mancha negra en el parlamentarismo occidental». Eva Granados ha explicado cómo el PSC se adelantó a los separtistas teniendo ya preparado el documento que remitirían al Consell de Garanties Estatutàries, a pesar de que Forcadell intentó impedirlo. «No esperaban que pudiéramos hacer todo lo posible para que Cataluña, España y el resto del mundo se enteraran de lo que estaba pasando«, ha afirmado Granados, «ellos querían que todo estuviera aprobado rápido para el Telenotícies«.
Un ‘procés’ nacionalpopulista y autoritario
Más contundente ha sido en su recuerdo de aquellos días el ex portavoz de CSQP, Lluís Rabell, quien se ha referido al procés como «un movimiento nacionalpopulista, con una deriva y un contenido autoritarios en su proyecto». Algo que, en su opinión, no termina de percibir la izquierda en su conjunto. Rabell ha admitido que CSQP no fue «muy coherente» en su acción pues se pronunció en el Parlament totalmente en contra de la ley del referéndum para, después, abstenerse. Algo que ha achacado a la necesidad de «mantener cierta unidad y cierto consenso» dentro de la formación, en la que «ese debate todavía no estaba bien resuelto».
El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha sido también duro en su recuerdo de aquellos días y, como Rabell, no ha dudado en subrayar el carácter nacionalpopulista del procés. Fernández, además, ha evocado que su partido llegó a la primera sesión «jurídicamente preparado» ante lo que intuían que iba a suceder. Y con una pretensión: «Intentar dar fortaleza democrática a los que veían lo que estaba pasando en el Parlament desde sus casas». El popular ha definido lo sucedido entonces en la Cámara como «un ejercicio de sometimiento y humillación» por parte de los independentistas a los constitucionalistas. Y ha concluido que aquellas dos sesiones fueron «un acto de fuerza para imponer su proyecto antidemocrático».
