¿Cómo se deberían gestionar las subvenciones o la publicidad institucional de las administraciones catalanas? ¿Hasta qué punto los medios dependen en exceso de los ingresos públicos? ¿Existe algún modelo alternativo? Son algunas de las preguntas a responder en el eterno y complejo debate sobre la relación entre la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos, por una parte, y los medios de comunicación privados, por otra.
Para algunas expertas, como la profesora de la UAB y directora del Grupo de Investigación Daniel Jones, Isabel Fernández, «el modelo de financiación pública en Catalunya está sobredimensionado y sostiene de manera artificial a algunos medios». Para otros, como el docente de Comunicación Audiovisual y Publicidad la UAB, Josep Àngel Guimerà, «los ingresos públicos no son un peligro en sí mismos pero sí lo son, en cambio, las contraprestaciones con las que pueden estar asociados».
El origen del modelo actual
Guimerà es autor del libro Les polítiques de mitjans de comunicació durant els governs de Jordi Pujol y sostiene que «cualquier estrategia de comunicación se enmarca de manera más amplia en un proyecto político, sea en Catalunya o en otras partes de España». En el caso de Pujol, su principal objetivo era el de vehicular a través de los medios un imaginario sobre la nacionalidad catalana, muy vinculado a la lengua y la cultura. «En su última legislatura y de la mano de David Madí, Pujol crea las bases para la digitalización del sistema mediático, siempre de una manera intervencionista», asegura el profesor de la UAB.
Ahora bien, Guimerà matiza que en los países del sud de Europa siempre ha existido una estrecha vinculación entre el sistema político y los medios. «Muchas veces, el condicionamiento funciona, pero en el caso de Pujol también hay matices. Por ejemplo, El Periódico recibió una gran suma de dinero público cuando creó su edición en catalán, en 1996, pero su línea editorial no era muy favorable a Convergència. Por otro lado, la familia Godó tampoco tuvo una relación muy fluida con el gobierno en la legislatura de 1999 a 2003».
«Uno de los principales legados de Pujol es el condicionamiento de las subvenciones o la publicidad institucional a que los medios estén escritos en catalán.»
Precisamente, uno de los principales legados de Pujol es el condicionamiento de las subvenciones o la publicidad institucional a que los medios estén escritos en catalán. En este sentido, Isabel Fernández se muestra muy crítica: «aplicar un criterio puramente lingüístico no tiene sentido, especialmente, en el caso de la publicidad institucional porque se supone que ésta debe servir al interés general y no al interés político de un gobierno». Para la profesora, falta una mayor objetivación y transparencia en la financiación de los medios.
Sin embargo, la influencia económica y en la línea editorial no es una cuestión exclusiva de la Generalitat, también se produce por parte de otras administraciones catalanas gobernadas por partidos no nacionalistas o independentistas, advierte Guimerà. Por lo tanto, la gran pregunta a responder, según su criterio, no es si debe de haber una intervención pública del sistema mediático sino bajo qué condiciones se tiene que producir. En este sentido, el experto considera que «falta mucha transparencia».
La discrecionalidad en la publicidad institucional
La Generalitat, así como otras administraciones públicas, pecan de una falta de transparencia a la hora de explicar los criterios a partir de los cuáles reparten las partidas de publicidad institucional, según un extenso artículo publicado en Mèdia.cat por el periodista y también miembro del Grupo de Investigación Daniel Jones, Quique Badia Masoni. Por su parte, tanto Guimerà como Fernández coinciden en que existe un alto grado de discrecionalidad y recalcan que la Generalitat ha incrementado notablemente la inversión en medios, hasta llegar a cifras anteriores a la crisis de 2008.
Según el último informe de la Comisión Asesora de Publicidad Institucional (CAPI), referente a 2018, la Generalitat invirtió poco más de 1,3 millones de euros en la edición en papel de El Punt Avui, con una difusión de 21.338 ejemplares diarios, mientras que El País, con 10.214 ejemplares vendidos, ingresó una cantidad notablemente menor, de 81.224 euros. Otro ejemplo, citado por Isabel Fernández, es que «el líder en el mercado digital, El Nacional, percibió desde su lanzamiento un total de 1,22 millones de euros, frente a los 8.272 de Crónica Global».
«Hace falta, por lo tanto, una mayor transparencia en los criterios de la Generalitat, pero también conocer los ingresos totales que recibe cada medio de comunicación.»
La directora del Grupo de Investigación Daniel Jones urge a «articular un mecanismo que garantice una ubicación eficiente de los anuncios, a partir de un criterio de servicio público y para que alcancen el mayor número de destinatarios posibles». Bajo esta perspectiva, defiende que no se debería discriminar a los medios escritos en castellano porque son los más leídos por los castellanoparlantes de Cataluña.
Guimerà reconoce que la publicidad institucional, a diferencia de las subvenciones, «con unos criterios más objetivables», es una auténtica «caja negra». Hace falta, por lo tanto, una mayor transparencia en los criterios de la Generalitat, pero también conocer los ingresos totales que recibe cada medio de comunicación. De hecho, Fernández es partidaria de conocer este dato global porque «de esta manera se podrían justificar medidas de apoyo a favor de empresas menos beneficiadas por la publicidad, a través de las subvenciones».
Modelos alternativos
El estudio El finançament públic dels mitjans de comunicació a Catalunya (UAB) revela cómo muchas empresas editoras recibieron más de la mitad de sus ingresos declarados en el Registro Mercantil, los años 2016 y 2017, a través de las administraciones públicas. «Bajo mi punto de vista, si la aportación pública supera el 50% de tus ingresos, estaríamos hablando de un consorcio», defiende Quique Badia Masoni. Así que una posible solución sería «permitir que éstos medios vivan en gran parte del erario público pero regularlos para que se garantice la pluralidad informativa y los derechos laborales de los trabajadores», prosigue.
El segundo modelo defendido por Masoni está inspirado en el libro Salvar a los medios de comunicación, de la economista francesa Julia Cagé. «Que los trabajadores sean propietarios del medio y que se diversifiquen al máximo los ingresos, un poco de apoyo público, otro poco de la publicidad y una tercera gran pata que serían los ingresos del lector», manifiesta. Ahora bien, el periodista considera que esta segunda fórmula «se traduciría en la desaparición de un número elevado de medios que han vivido en una burbuja digital gracias a las administraciones», tanto a escala nacional como territorial y local.
El papel público ante la pandemia
La relación de dependencia de muchos medios catalanes con respecto a la Generalitat se enmarca en un debate internacional más amplio sobre el papel que deben jugar las administraciones públicas en los sistemas mediáticos. El director del Reuters Institute for The Study of Journalism de la Universidad de Oxford, Rasmus Kleis Nielsen, argumenta que, históricamente, los medios siempre han estado más o menos condicionados por el interés político de su propietario, la presión de los anunciantes o las influencias de los gobiernos. Actualmente, la variable del lector gana peso con el boom de las suscripciones pero todavía es una incógnita el número de medios que las podrán implantar con éxito y con qué escala.
«La dependencia de gran parte de los medios catalanes de los ingresos públicos se ha hecho más evidente en los últimos años, con la crisis económica de 2008 y la pandemia del Covid-19.»
«La intervención pública es necesaria hasta cierto punto, pero el problema es que en el mercado español y catalán no existen muchas empresas con una tradición periodística de servicio público. No sé si tiene sentido apoyar a proyectos con un claro sesgo político», reflexiona Quique Badia Masoni. «El caso catalán no es ninguna excepción, la excepción es que la intervención se realiza de manera más evidente», comenta Guimerà, para quién la relación entre periodistas y políticos es tóxica en términos de rigurosidad periodística.
La dependencia de gran parte de los medios catalanes de los ingresos públicos se ha hecho más evidente en los últimos años, con la crisis económica de 2008 y la pandemia del Covid-19. La publicidad de empresas privadas pierde peso, mientras que las campañas públicas se incrementan notablemente bajo criterios de reparto discutibles. Ahora bien, los tres expertos señalan la existencia de criterios para que los gobiernos apoyen de manera equitativa a los medios, con el objetivo de ayudarlos en un momento de crisis empresarial. En caso contrario, la sostenibilidad futura será cada vez más complicada.
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La inversión publicitaria en 2018
Los últimos datos sobre inversión en publicidad institucional de la Generalitat de Catalunya son de 2018. No se contemplan en estas cifras ni la publicidad de otras administraciones públicas (Diputaciones y Ayuntamientos principalmente) ni las subvenciones ni la compra de ejemplares. En televisión y dejando de lado a TV3, el siguiente canal que más recibió fue 8TV, con 599.635 euros, seguido de El Punt Avui TV, con 201.714 euros, y un consorcio de canales bajo el nombre de Televisions Digitals Independents (TDI), con 149.142 euros.
En medios impresos, La Vanguardia recibe 2,65 millones de euros, seguida por El Punt Avui, con 1,35 millones de euros y El Periódico, con poco más de 1 millón de euros. Por lo que se refiere a la radio, RAC 1 fue la emisora más beneficiada con 1,42 millones de euros, seguida de Flaixbac, con 449.425 euros y Flaix FM, con 409.111 euros.
Por último, el reparto entre medios digitales, Elnacional.cat fue el que más ingresó, con 408.668 euros, seguido de Lavanguardia.es, con 379.666 euros, y Naciodigital.cat, con 317.461 euros.
