La sala social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al Departamento de Interior por incumplir el deber de proteger a sus trabajadores.
Según un comunicado del sindicato USPAC, la sentencia confirma que «no se les procuró material de protección», que «no había evaluación de riesgos laborales», que se «ocultaron datos de bajas laborales» y que los agentes de baja «se reincorporaron para trabajar de forma ilegal sin confirmación de una PCR negativa».
La sentencia declara probado que de marzo a mayo la Covid-19 afectó a casi 3.000 efectivos, un 13,80% de todo el cuerpo de los Mossos. También, queda acreditado que no es hasta abril que se empiezan a realizar PCR a la plantilla, un hecho que en la sentencia se considera «ilegal».
