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La declaración de independencia, tres años después

Puigdemont ultima una declaración sobre la independencia llamando a la mediación Foto: Europa Press

El martes se cumplirán tres años de la declaración de independencia. En el Punt-Avui se acuerdan ya y lo celebran por todo lo alto.

El editorial pide no renunciar al legado de octubre de 2017, aunque califica la declaración de «gesto político» que si de algo sirvió fue para dar «un valor trascendental al esfuerzo que supuso la organización y, sobre todo, la realización, del referéndum del 1 de octubre». Como si fuera un premio de consolación: no hemos conseguido la independencia, pero al menos os hemos dado una declaración.

No había manual de instrucciones

Un artículo de Jordi Alemany —¿Una DUI en hibernación?— recoge diversas opiniones sobre lo que fue aquello, a partir de esta constatación:

«[El primero de octubre] se acabaron las páginas del manual de instrucciones para hacer la independencia y abrieron la puerta a un intento de diálogo con el Estado español que no fructificó. Y viendo la inminencia de la aplicación del artículo 155, optaron por llevar al Parlamento la declaración de independencia a pesar de saber que no tendría recorrido.»

Estuvieron presentes en la votación 82 diputados, de los que 70 votaron sí; 10, no, y 2, en blanco. No comparecieron 52 diputados: los 25 de Ciudadanos, 16 del PSC y 11 del PP. Setenta votos independentistas en un Parlamento de 135 diputados es una mayoría simple muy ajustada, sobre todo para dar un salto en el vacío tan comprometedor.

Desconexión de la realidad

El mencionado artículo recoge las opiniones de tres politólogos. Antoni Biarnès cree que «habría sido mejor convocar elecciones la misma semana después del 1 de octubre», ya que «unos comicios con carácter plebiscitario habrían dado las garantías que le faltaban al referéndum». Aún así, entiende que «la aprobación de la DUI tiene un valor que con la proximidad no le sabemos ver, pero que tendrá a largo plazo porque ha puesto de relieve la represión, el descaro de los poderes españoles ignorando, manipulando y utilizando leyes a su conveniencia».

Jordi Pacheco resalta el hecho de que la declaración «ni se publicó en el DOGC ni se optó por crear un nuevo diario oficial» —ciertamente, el DOGC es el medio de publicación oficial de las leyes de la comunidad autónoma catalana; puestos a proclamar, hubiera sido pertinente inaugurar el boletín oficial de la nueva república—. Lo considera «un claro ejemplo de la cultura política del país de moverse en un “ámbito comunicativo independiente de la realidad” (…) No se tradujo en hechos porque no se hicieron reuniones de gobierno, boletines oficiales ni organización burocrática». Asimismo, cree que «es un episodio extraño que un observador de fuera no entendería, tanto por los actores que lo impulsaron como por la sobrerreacción que hubo en el otro lado, teniendo presente que era una declaración política simbólica». Tampoco hace falta ser de fuera, porque mucha gente desde dentro tampoco lo entiende.

Joan Botella destaca que entonces «comenzó a estallar el movimiento independentista», como reflejó la imagen de «Puigdemont y Junqueras sentados juntos en el hemiciclo pero espalda contra espalda, sin mirarse y con cara de funeral». Además, empezó «una ruptura más importante (…) entre las cúpulas de los partidos y la gente».

Hablan los protagonistas

El Punt-Avui publica también artículos de siete destacados protagonistas del movimiento:

Carles Puigdemont sigue considerando válidos los resultados del referéndum del 1 de octubre y válida la declaración de independencia. Lamenta que «el Estado no ofrece una vía democrática y dialogada para que Cataluña ejerza su legítimo derecho a la autodeterminación», como si existiera esa alternativa, y exhibe su habitual prestidigitación conceptual al intentar confundir el Estado con sus gobernantes, el ejercicio de los poderes del Estado con un supuesto Estado profundo, y la sociedad catalana con los independentistas catalanes:

«En su delirio autoritario, los dirigentes del Estado —lo que se ve y lo que no se ve, lo que se elige en elecciones y lo que es herencia del dictador Franco— pensaron que tres años después de su golpe, el independentismo sería arrasado, decapitado y liquidado. Es evidente que su fracaso es notorio. Han fracasado porque la sociedad catalana quiere política y no tribunales ni policías; la sociedad catalana se mantiene perseverante en su receta política —referèndum y libertad— para resolver lo que sabe que es un problema político.»

Oriol Junqueras, más realista, repasa el papel de ERC en todo el proceso y, después de atribuir todos los méritos a su partido —«somos y hemos sido partícipes de esta progresiva evolución del país que hizo entrar en crisis tanto el mundo convergente como el socialista»—, reconoce que querer no es poder:

«Tres años después de aquel referéndum épico contamos con una experiencia y un bagaje como no hemos tenido nunca. Somos más que nunca y conocemos el Estado y su democracia y límites mejor que nunca. Pero también hemos aprendido que la fuerza democrática que hemos acumulado todavía no es suficiente para batir la formidable alianza conservadora que se opone y se opondrá a la República Catalana. Tan importante es saber qué quieres hacer como saber cómo lo tienes que hacer y qué necesitas para poder hacerlo. Aquí radica el quid de la cuestión. No es tanto una cuestión de voluntad como sobre todo de capacidad (…) El primer paso es superar el cincuenta por ciento del voto repetidamente en todas y cada una de las elecciones. No es un requisito suficiente pero sí imprescindible. El primer paso para materializar lo que no fue posible hace tres años.»

La operación que no se activó

Elisenda Paluzie (ANC) evoca cómo vivió aquellos momentos de tensión:

«Preví una confrontación entre el intento de aplicar la independencia y el intento de aplicar la suspensión de la autonomía, que no se produjo. No hubo ni desobediencia institucional ni civil a la aplicación del 155. En ese momento ya era conocedora de las debilidades del frente institucional que hacían que ya no se plantearan implementar la república, pero sí había oído hablar de planes para defender el gobierno, para resistir ni que fuera unos días a la suspensión de la autonomía, la conocida como “operació Castell”, que no se activó.»

He aquí, por si hiciera falta, la prueba de que eran los dirigentes políticos quienes mandaban y su movimiento de masas —o “sociedad civil” en el argot independentista— quien cumplía órdenes, y no al revés, como intentaban hacer creer.

Marcel Mauri (Òmnium) reconoce implícitamente que de lo que se trataba el 1 de octubre era de desprestigiar al Estado —«el mundo entero vio la fuerza democrática de una ciudadanía que ejerció la autodeterminación y, al mismo tiempo, la brutalidad de un estado capaz de todo para impedirlo»— y que de lo que se trata ahora es de «intentarlo infinitas veces».

Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, reitera los conocidos argumentos económicos a favor de la independencia —«situación logística estratégica», «el segundo destino turístico de Europa», «la ciudad del mundo con más congresistas», «uno de los cuatro motores industriales europeos», «líder en inversión internacional del sur de Europa», «el tercer destino preferido para implantar una start-up en Europa»—, pero «echo de menos (…) que los partidos hablen de cómo quieren que sea la Cataluña del 2030 y 2040 (…) Si lo explicaran y lo hicieran de manera ambiciosa y creíble, quizá conseguiríamos mucho más apoyo al proceso de independencia y podríamos ir más rápido a hacer efectiva la República Catalana».

Antoni Castellà (Demòcrates de Catalunya) pide «un frente común, lo más amplio posible, entre partidos y sociedad civil, que lleve claramente en su programa el cumplimiento del mandato del 1 de octubre, por la vía unilateral. Necesitamos una mayoría parlamentaria dispuesta a levantar la suspensión de la declaración de independencia del 27 de octubre. Un gobierno dispuesto a tomar las decisiones necesarias para hacerlo posible.»

Y Dolors Sabater, que fue alcaldesa de Badalona, denuncia el error de «contraponer el independentismo a la solidaridad con los diferentes pueblos y personas del Estado español, cuando es todo lo contrario», y el de «separar la lucha independentista de otras luchas populares».

Tres años después, el argumentario no ha variado nada, y nadie reconoce ningún error.

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