Menos de dos días después de anunciar que los españoles deberán cumplir un toque de queda entre las 23.00 y las 18.00 horas durante las próximas semanas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha modificado la decisión. Aunque mantiene la «restricción a la movilidad nocturna» hasta el próximo día 9 de noviembre, deja en manos de las comunidades autónomas la decisión sobre si debe mantenerse o no esta controvertida medida. Serán, pues, estos ejecutivos los que, a partir de esa fecha, decidan, en función de los datos epidemiológicos de cada territorio, qué hacer al respecto.
Este cambio se ha producido poco antes de que el Gobierno lleve al Congreso la prórroga del estado de alarma aprobado el pasado domingo. Una prórroga que el Gobierno pretende mantener hasta el mes de mayo de 2021, con la excusa de facilitar a las comunidades la adopción de medidas contra el COVID-19 sin tener que recurrir a los tribunales. A pesar de que Sánchez ha pedido unidad a todas las fuerzas políticas, no está nada claro que en esta ocasión vaya a obtener el respaldo necesario para este largo aplazamiento de una medida que, inicialmente, debería debatirse en la Cámara baja cada 15 días. El presidente señaló en este sentido que serían los presidentes autonómicos los que rendirían cuentas cada dos semanas ante sus respectivos parlamentos, mientras que ante el Congreso lo haría el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Desde la oposición, el PP ya ha anunciado que no apoyará la prórroga si no reduce el tiempo de vigencia, que los populares fijan en dos meses. De un modo similar se han pronunciado Ciudadadanos o ERC, que consideran que un estado de alarma hasta mayo es demasiado prolongado, a pesar de que Sánchez también dejó claro que el decreto podría levantarse en caso de que mejore la situación de la pandemia.
Confinamiento corto o de fin de semana
En Cataluña, en estos momentos el Govern no tiene claro qué medidas adoptará en los próximos días. Unos son partidarios de un confinamiento corto pero duro, de no más de dos semanas y permitiendo la actividad escolar, mientras que otros creen que sería más conveniente decretar encierros de fin de semana. Ambas opciones están sobre la mesa y sea cual sea la decisión, en este caso sí será necesario el refrendo de los tribunales pues el decreto de estado de alarma habilita a las comunidades autónomas para ordenar cierres perimetrales de territorios, pero no encierros domiciliarios.
Tampoco ha quedado aún del todo claro si el teletrabajo es una obligación o solo una recomendación. Mientras que el conseller de Trabajo, Chakir el Homrani (ERC), anunciaba este martes como obligación el teletrabajo para aquellas empresas y administraciones públicas que puedan implantarlo, la portavoz del Govern, Meritxell Budó (JxCat), aseguraba que esta fórmula es solo una recomendación. Budó ha dejado claro que las empresas tienen «el deber» de fomentar el teletrabajo pero la Generalitat no puede obligarlas porque carece de competencias para ello. Ha insistido Budó en que el decreto de estado de alarma no habilita a la comunidad autónoma para fijar el teletrabajo como obligación, pero, a la vez, ha pedido al Gobierno que sí incluya esta competencia, según informa Europa Press.
