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La verdad detrás de los soldados rusos de Puigdemont

Los investigadores equiparan la trama de subvenciones y contratos con la de los cursos de formación del PSOE andaluz

Oriol Soler entrevistado en TV3 tras su detención y puesta en libertad (TV3).

La detención el pasado viernes del llamado Estado Mayor del procés, formado por David Madí, Oriol Soler y Xavier Vendrell, puestos ya en libertad con cargos, ha sido ridiculizada por el separatismo por algunos de los motivos que figuran en los autos judiciales y en las investigaciones de la Guardia Civil. Políticos y medios de la órbita independentista han salido rápidamente a mofarse de cuestiones como la supuesta promesa de Rusia de aportar 10.000 soldados para defender la independencia de Cataluña a cambio de apoyar la anexión de Crimea. Menos publicidad han dado, sin embargo, a cuestiones probablemente mucho más graves y que afectan realmente a los catalanes como el presunto saqueo de las arcas públicas con la excusa de la hoja de ruta independentista.

Basta repasar, por ejemplo, el auto que justifica la investigación y detención de Oriol Soler para constatar que en el procés pocos son los que trabajan por amor a la patria. Cada uno de sus gestos está debidamente remunerado con dinero público vía subvención o contrato. Y, según se desprende de las investigaciones, casi siempre de forma irregular o, cuando menos, cuestionable. Soler, de la órbita de ERC, es considerado por los investigadores como uno de los «ideólogos del procés«, además de organizador de Tsunami Democràtic y responsable de «la estrategia de lanzamiento, desarrollo y comunicación» del referéndum ilegal del 1-O.

La compra de los medios

Una estrategia que, según se explica en el auto, contó con la colaboración de Julian Assenge y Edward Snowden. Pero también con la de los «medios de comunicación catalanes tanto públicos como privados» en los que participa Soler. Una estrategia, además, que pasaba por difundir el mensaje de que el 1 de octubre de 2017 se vivió en Cataluña «la peor violencia en Europa desde la II Guerra Mundial» o que «España no respeta las libertades básicas de votar». Mensajes que a día de hoy siguen muy presentes en el relato separatista sustentado por esos mismos medios.

Los investigadores consideran que la defensa de la independencia de Cataluña es «legítima» pero, a la vez, subrayan que, con esta excusa, se han desviado «fondos públicos» para presunto beneficio de Soler, Madí o Vendrell. En este sentido, el auto de Soler indica que «percibe, especialmente para el diario Ara, importantes fondos públicos». «La mayoría de los contratos no supera la cuantía estipulada para realizar un concurso público» y, además, están suscritos con entidades «vinculadas tanto a Oriol Soler como a su pareja, Marina Llansana«, a la que los investigadores sitúan en la órbita de Òmnium Cultural.

Esteladas durante un partido en el Camp Nou (Reuters).

En el auto se abunda en esta cuestión en un párrafo muy significativo: «La investigación entiende que las campañas de Oriol Soler a favor de la independencia forman parte de su libertad de expresión, pero lo cierto es que las relaciones con la Generalitat se vehiculan a través de cuantiosos contratos públicos y, sobre todo, subvenciones«. Y es que, entre 2016 y 2020, Oriol Soler recibió nada menos que 3 millones de euros a través de sociedades como Editorial Alpha SL, Ara Llibres SCCL, Som SCCL y Batabat SCCL.

Un fraude similar al de los cursos de Andalucía

Unos contratos que, según la investigación, si bien no constituyen «una irregularidad» sí que «es cierto» que, a través de los mismos, se estaba beneficiando a las empresas de Oriol Soler eludiendo la concurrencia pública«. En cuanto a las subvenciones, los investigadores apuntan que se otorgaron mediante la fórmula de «concurrencia no competitiva«, un método que «evita la competencia entre distintas entidades», según figura en el auto.

En el caso de Soler, los investigadores llegan al extremo de equipararlo al «fraude de subvenciones para los cursos de formación ocurrido en Andalucía«. «Se impide», añaden, «la transparencia de los procedimientos y no se garantiza la igualdad de oportunidades entre las entidades que quisieran concurrir».

David Madí el miércoles en Barcelona (Europa Press).

Tanto Oriol Soler como David Madí y Xavier Vendrell están acusados de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desórdenes públicos. Los tres formaban parte de alguna manera de Tsunami Democràtic, la organización que dirigió la violenta respuesta separatista a la sentencia del referéndum ilegal del 1-O. Los tres, además, idearon o participaron en la creación de un relato que justificara el separatismo y su incumplimiento de la Constitución. Paralelamente, los tres se beneficiaban privadamente de ese papel. En los autos de investigación y detención se apunta claramente a que el Estado mayor del procés utilizaba las administraciones en beneficio propio. Y ni siquiera la pandemia de COVID-19 les ha frenado.

La repartidora de la Generalitat

La investigación de la Guardia Civil constata la existencia de «una estructura clientelar en la administración catalana en la que impune y arbitrariamente se reparten fondos públicos«. A cambio, personajes como Oriol Soler son responsables de acciones con las que «se persigue desinformar y emitir noticias falsas deslegitimando a España«. Otros como Madí se aprovechan, presuntamente, de sus contactos con el Govern para intentar obtener adjudicaciones de contratos, presumiendo de «jugar con las cartas marcadas» y haciendo caja en medio de la tragedia del COVID-19. No se queda atrás Vendrell al intentar, por ejemplo y presumiblemente, una recalificación urbanística para un centro de educación especial en Cabrera de Mar. Vendrell, según la investigación, ya gestiona otro en Sant Joan Despí en el que, al parecer, las irregularidades están a la orden del día mientras la Generalitat hace «la vista gorda» y paga.

Queda claro, pues, que con el procés muchos han hecho y siguen haciendo negocio. La estelada, hasta ahora, ha servido para tapar las verdaderas intenciones de los promotores o ideólogos. Y esta investigación, como otras, viene a dar la razón a quienes como Alfons López Tena se descolgaron de la hoja de ruta separatista tras constatar que, en realidad, el objetivo no es la independencia. Quizás quien más abiertamente ha hablado hasta hoy de la verdad del procés haya sido la ex consellera y ahora eurodiputada fugada de la Justicia española Clara Ponsatí cuando dijo aquello de «estábamos jugando al póquer e íbamos de farol«.

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