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El Miniver progresista

¿Imaginan ustedes un Gobierno legislando contra las leyendas urbanas? ¿O contra aquellas cadenas de larguísimas cartas que te auguraban los peores males si las rompías? Pues, más o menos, eso es lo que se propone hacer el Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez coaligado con el podemita Pablo Iglesias. Presentar batalla, suena bien, a los bulos. Eso que los pedantes llaman fake news y que no son más que las mentiras de toda la vida.

La cosa no pasaría de anecdótica si no fuera porque este Gobierno ha dado ya sobradas muestras de desear controlar a como dé lugar el flujo de información y opinión en este país. La primera pista la dio en abril el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, cuando dijo aquello de que la Benemérita estaba dedicando su tiempo a controlar las redes y los medios para «minimizar el clima contra la gestión del Gobierno en la crisis». Y se quedó tan ancho. Días más tarde, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciaba que se iban a revisar «los instrumentos legales» existentes en España con el mismo fin: «Queremos impedir que se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública». Y recientemente, con la firma de Unidas Podemos y el apoyo del PSOE, el Gobierno ha aceptado intervenir, no se sabe cómo, en las redes sociales para hacer frente al llamado discurso del odio.

Da la impresión de que en España no existe legislación que proteja a los ciudadanos contra los desmanes de los medios.

Leyendo o escuchando a esta gente, da la impresión de que en España no existe legislación que proteja a los ciudadanos contra los desmanes de los medios. Pero no es así. El Código Penal dedica unos cuantos artículos a delitos como las injurias, las calumnias, la difamación, la intromisión en la intimidad o los novísimos delitos de odio. Y los principales beneficiarios de esta legislación son, precisamente, los políticos, que, en general, recurren a la Justicia con cargo al erario para defender su honor.

Que ahora defiendan la censura pura y dura apelando a la necesidad de afrontar supuestas amenazas del extranjero o injerencias en nuestros procesos electorales demuestra que nos toman por tontos. Y que, además, saben que lo somos. Miren, aquí en Cataluña a los únicos a los que pillaron haciendo trampas en Twitter hace un par de años fue a los de ERC. La compañía les desactivó 130 cuentas falsas que tuiteaban como si no hubiera un mañana a favor del referéndum ilegal del 1-O. Son el mismo partido que ahora se mofa de que el juez Aguirre dé credibilidad a que existía la intención de negociar con Rusia algún tipo de apoyo a los separatistas. Y estos son uno de los apoyos del Gobierno que ahora pretende hacernos creer que existe una verdad buena y única y que serán ellos, sus sucursales mediáticas o Ana Pastor quienes nos la transmitan.

Es un paso más hacia el Miniver de Orwell, el Ministerio de la Verdad encargado de reescribir la historia y de controlar el flujo de información.

El pomposamente llamado «procedimiento de actuación contra la desinformación» no es más que censura en estado puro. Venga de Europa, de España o de Plaza Sant Jaume. Es un paso más hacia el Miniver de Orwell, el Ministerio de la Verdad encargado de reescribir la historia y de controlar que el flujo de información hacia los ciudadanos de la ficticia Oceanía fuera el correcto. Más o menos lo que desde 2012 lleva haciendo la Generalitat sin ningún rubor.

Ahora se entiende esa obsesión por tumbar el peyorativamente llamado Régimen del 78, que nos trajo una Constitución que, en su artículo 20, consagra como fundamental el derecho a la información y a la libertad de expresión, basándose en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El objetivo es convertir a los periodistas elegidos por el Régimen en modernas réplicas de Manuel Fraga, recuperando el control político sobre la prensa y las redes sociales. Lástima que no hayan cogido la dictadura franquista como ejemplo para cuestiones como la industrialización del país, la promoción de la vivienda pública o la construcción de embalses.

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