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El tráfico de influencias entorno a TV3 y Mediapro aflora en los audios del caso Volhov

La productora de los millonarios Jaume Roures y Tatxo Benet buscó la ayuda del imputado Madí para lograr el dinero público

El productor televisivo Jaume Roures.

La independencia de TV3 con respecto al Govern de la Generalitat es, desde hace años, algo en lo que pocos creen. Son ya numerosas las voces que han denunciado en público el sesgo de la programación de la televisión autonómica hacia la posturas separatistas. Pero ahora lo que parece que está quedando claro es que en torno a TV3 se mueven intereses políticos y económicos que obvian totalmente la función de un medio de comunicación público. El último escándalo al respecto tiene dos nombres propios: David Madí (ex de CDC) y el millonario Tatxo Benet, uno de los propietarios de la controvertida Mediapro, junto al no menos polémico Jaume Roures.

En la investigación realizada por la Guardia Civil sobre Madí, en libertad con cargos por presuntos delitos de corrupción, se llevaron a cabo diversas grabaciones autorizadas por el juez Aguirre, instructor del caso Volhov. En una de ellas, el interlocutor de Madí es Tatxo Benet. La charla tiene como objetivo lograr que el Govern apruebe de alguna manera una inyección de dinero a TV3 para que la cadena pueda comprar a Mediapro un documental de ocho capítulos sobre el juicio del procés, incluyendo en el mismo los altercados que se produjeron tras conocer la sentencia.

El imputado por presunta corrupción David Madí (Europa Press).

Benet explica a Madí que la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Núria Llorach, le remitió al director de TV3, Vicent Sanchís, para negociar esta compra. Sanchís le dijo que no podía llevarla a cabo porque no tenía presupuesto. Ante esta respuesta, Benet tira de contactos e intenta la misma maniobra con Albert Castellanos, secretario general de la Conselleria de Economía, que dirige Pere Aragonés (ERC). Castellanos, según relata Benet, se compromete a buscar la manera de desviar más fondos públicos a TV3 para poder pagar a Mediapro los 800.000 euros que pide por la serie documental. Propone que se haga a través de una línea de ayudas para productoras que acaba de sacar la nueva consellera de Cultura, Ángels Ponsa. Sin embargo, Benet busca también el apoyo de David Madí, que, por su parte, se compromete con el millonario socio de Jaume Roures a presionar en el Govern para lograr este objetivo.

Emisión antes de las elecciones

Ambos coinciden en la necesidad de proyectar la serie antes de que se celebren las elecciones del próximos mes de febrero. Una forma torticera, pero ya habitual, de poner la televisión pública catalana al servicio de los intereses del separatismo. «Ahora es el momento«, dice Benet durante la llamada telefónica. «Antes de febrero«, responde Madí.

El Sindicat de Periodistes i Professionals de la Comunicació en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ha emitido un comunicado en el que define la charla entre Benet y Madí como «prueba» de «la extrema utilización partidista de TV3 combinada con el lucro descomunal de una empresa privada que saca dinero de los impuestos de los ciudadanos». «La charla muestra de forma descarnada cómo se mercadea el presupuesto de la Generalitat con la implicación del secretario general del departamento de Economía», denuncia el sindicato, «y la consellera de Cultura, Ángels Ponsa».

El sindicato denuncia también el elevado coste de la producción de Mediapro y asegura que este tipo de documentales suelen costar la mitad. Es más, recuerda que las imágenes del juicio en el Tribunal Supremo son «de libre acceso«, lo que abarataría aún más la serie de la productora de Roures y Benet.

Entidades como Sociedad Civil Catalana también han criticado duramente el compadreo entre Mediapro, TV3 y el Govern. Lo ha hecho a través de un tuit en el que ha definido lo sucedido como «el colofón a años de producciones pro-independentistas». «En esas manos hemos dejado nuestro país», han lamentado desde TV3.

Con unos 1.500 millones de facturación anuales y más de 5.000 empleados en cerca de 20 países, Mediapro ha tenido un papel destacado en la construcción del relato separatista. Uno de sus productos estrella en este sentido fue el documental Las cloacas de Interior, dirigido por el propio Roures con guión de Jaume Grau. Estrenado meses antes del referéndum ilegal del 1-O, proporcionó a los independentistas una narrativa según la cual el Estado había puesto en marcha una operación de bajos fondos para acabar con sus aspiraciones.

No ha sido el único acto de Mediapro estrechamente vinculado al separatismo. Coleando aún los efectos del documental, la productora se hizo cargo del centro para la prensa internacional durante el referéndum ilegal, aunque sin vinculación directa con la Generalitat. Algo que hizo que Roures fuera objeto de investigación por parte de la Guardia Civil.

La larga mano de Mediapro

La productora, por otro lado, gestiona actualmente las corresponsalías de TV3 en París, Londres y Washington. Y, en pleno confinamiento, protagonizó uno de los episodios más vergonzosos de aquellos duros meses. El Ayuntamiento de Barcelona anunció la celebración del concierto Ens en sortirem, también conocido como concierto de los balcones. El objetivo, decían, era homenajear a los barceloneses durante el encierro. Numerosos artistas se ofrecieron para participar cobrando una cantidad muy inferior a la que hubieran cobrado en otras circunstancias. Grupos tan emblemáticos como Sopa de Cabra ofrecerían su actuación por no más de 1.500 euros. El escándalo vino cuando se supo que la organización del evento estaba en manos de Mediapro, a la que el Ayuntamiento había adjudicado sin concurso esta actividad por nada menos que 250.000 euros. Las críticas fueron tan descarnadas que la alcaldesa, Ada Colau, se vio obligada a cancelar el concierto. Eso sí, se fue a La Sexta, cadena creada en 2012 por Mediapro, para dar las explicaciones que se negó a ofrecer ante el Pleno del Consistorio.

Nadie sabe cuántas polémicas protagonizarán en el futuro el tándem Roures-Benet de la mano de la Generalitat. Lo que sí está claro hoy es que la productora española, primera de las europeas, no ha tenido problema a la hora de hacer negocio con la situación política de Cataluña. Y también ha quedado aún más claro que el separatismo oficial tiene aún menos problema a la hora de poner todo lo público al servicio de sus intereses.

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