Cinco entidades constitucionalistas catalanas han decidido personarse como acusación popular en la causa conocida como ‘operación Voloh’ donde se investiga un presunto desvío de fondos públicos para la financiación del ‘Procés’ y del expresidente fugado de la justicia Carles Puigdemont, así como casos de tráfico de influencias.
Las entidades que participan en la iniciativa son: Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana, Barcelona con la Selección, Cataluña Suma por España y Llibertats. Las entidades actuarán con una única representación procesal y la misma dirección letrada que ha sido asumida principalmente por los abogados José María Fuster-Fabra, Luis José Gómez y Miguel Capuz.
Las asociaciones constitucionalistas argumentan dicha decisión por «la gravedad de los hechos investigados que perseguían la destrucción del orden constitucional vigente y que, presuntamente, han supuesto un desvío de fondos públicos».
La acusación particular se ha constituido por las dudas mantenidas por la Fiscalía
Fuentes jurídicas consultadas por ELLIBERAL señalan que la acusación particular se ha constituido por las dudas mantenidas por la Fiscalía durante toda la investigación y garantizar así llegar hasta el final y depurar todas las responsabilidades que de deriven de los hechos investigados.
Asimismo, las entidades promotoras «desean con sus aportaciones contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y reiterar su confianza y respeto hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad que han liderado la investigación, así como hacia los Tribunales de Justicia como garantes del Estado de Derecho».
Entre los imputados en este proceso se encuentran David Madí, exdirigente del CDC; Xavier Vendrell, exconseller de ERC, y otras 18 personas cercanas al círculo de Puigdemont.