El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma educativa, también conocida como ‘Ley Celaá’, con 177 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Compromís, Más País-Equo y Nueva Canarias) y 148 en contra (PP, Cs, Vox, CC, PRC, UPN y Foro). Por tanto, la iniciativa será remitida al Senado al conseguir la mayoría absoluta de la Cámara, una mayoría que necesitaba alcanzar para salir adelante, ya que se trata de una modificación de una ley orgánica.
El texto incluye, entre otras modificaciones, el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo y la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general.
La exclusión del castellano
El debate se ha centrado en la enmienda ya incluida en el texto que suprime el carácter vehicular del castellano en la enseñanza, iniciativa que ha motivado las duras críticas por parte de la oposición hacia el Gobierno, al que han acusado de eliminar derechos y de ‘dar alas’ al independentismo. Ante esto, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta ley al Tribunal Constitucional (TC).
Desde que se hizo público el pacto entre ERC y el Gobierno para suprimir el castellano como lengua vehicular en toda España, las reacciones en contra no se hicieron esperar. Las entidades constitucionalistas catalanas, Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB); Impulso Ciudadano; Societat Civil Catalana (SCC) y S’ha Acabat!; presentaron el pasado miércoles una petición al Congreso para que se mantuviera el castellano como lengua vehicular y las demás lenguas cooficiales explicando que suprimir esa frase de la ley de Educación «elimina el paraguas donde se protegen los derechos de todos los alumnos en toda España».
PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta ley al Tribunal Constitucional
También desde la izquierda se han mostrado contrarios a la exclusión del castellano de la norma. En un manifiesto, titulado La izquierda ante la ‘ley Celaá’, denuncian «el intento del Gobierno Español de eliminar de hecho la enseñanza del idioma español de las escuelas públicas catalanas, vascas, gallegas, valencianas y baleares, justificándolo como una operación de cambio de cromos con los grupos independentistas, para que a cambio apoyen los PGE».
Tras el debate, el Pleno ha sufrido un parón de casi tres minutos durante el cual los diputados del PP y Vox y algunos de Cs daban golpes en sus escaños y gritaban ‘libertad’, mientras que los del PSOE y Unidas Podemos aplaudían la nueva Ley de Educación, que sustituirá a la conocida como ‘Ley Wert’, en referencia al ministro, José Ignacio Wert, aprobada en 2013 cuando el PP tenía mayoría absoluta.
