Los sindicatos con representación entre los funcionarios de prisiones catalanes UGT Presons, CC.OO., Csif Presons y Catac han entregado a la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, 1.021 firmas de trabajadores del sector para reclamar el cese de los máximos responsables de los centros penitenciarios en Cataluña por su «imprudencia» en la gestión del personal, especialmente ante la pandemia de coronavirus.
La carta, consultada por Europa Press, sostiene que los responsables han dificultado las negociaciones y «se dedican constantemente a dificultar el debate, a mantener decisiones inexplicables con argumentos más que cuestionables, a negar continuamente la realidad en cuanto a la falta de personal» y, a su parecer, a interpretar los acuerdos de forma unilateral e impedir negociar un nuevo acuerdo para los trabajadores.
Afirman que «este talante casi despótico se ha visto agudizado a lo largo de este periodo de crisis sanitaria» y tachan de imprudente la gestión de la segunda ola de contagios porque, según afirman, no se ha aplicado ninguna medida de prevención para los trabajadores.
Impacto del Covid-19
«Consideramos que el trato que los dirigentes penitenciarios dispensan a los profesionales penitenciarios es miserable y la imprudencia con la que han actuado a lo largo de esta crisis sanitaria es de tal gravedad que han quedado desacreditados e incapacitados para continuar gestionando» los centros penitenciarios de Cataluña, y mencionan al secretario de Medidas Penales, Amand Calderó; al subdirector general de Programas de Rehabilitación y Sanidad, Carles Soler; a la subdirectora de Centros y Gestión Penitenciaria, Paula Montero, y a la subdirectora de Recursos Humanos y Económicos, Rosa Pérez.
Sostienen que Capella «debería sentirse obligada a reaccionar ante el posicionamiento contundente de más del 25% de la plantilla de profesionales penitenciarios» con la presentación de estas 1.021 firmas.
El 11 de noviembre, las mismas formaciones afirmaron en un comunicado sentirse menospreciados por la dirección al considerar que antepone criterios económicos a la seguridad de los funcionarios, criticaron «las erráticas decisiones que están tomando para prevenir el impacto de la Covid-19«, y pidieron su cese.