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Ecos independentistas| ERC pacta los presupuestos, JxCat se opone

Los portavoces de ERC y JxCat en el Congreso, Gabriel Rufián y Laura Borràs.

Hay expresidentes de gobierno españoles que siguen dando bastante que hablar: Felipe González y J.M Aznar suelen decir de vez en cuando alguna verdad incómoda para sus sucesores; mientras que Zapatero y Rajoy prefieren mantenerse en un perfil bajo, más acorde con su trayectoria. Los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y José Montilla administran bien sus silencios y son más comedidos en sus escasas manifestaciones; asimismo Àrtur Mas, que tal vez piensa en volver; Carles Puigdemont aún no se ha ido, al menos en el imaginario independentista. Quim Torra da la impresión que prefiere el estilo de los primeros y se muestra algo impaciente por intervenir, aunque por ahora no dice nada que venga a remover conciencias.

En una nota de prensa fechada el pasado 18 de noviembre, se ofrece a «colaborar en lo que haga falta» y pide a todas las fuerzas políticas «sentido de país, solidaridad y responsabilidad».

Parece reivindicar el gobierno que presidió hasta hace dos meses —«a pesar de las dificultades que hayan podido existir (…) se ha sabido trabajar en equipo»— y pide al actual, como si no fuera exactamente el mismo, «reforzar [la] coordinación, evitar rumores y filtraciones de borradores, y enviar mensajes claros y estables a la ciudadanía sobre los medidas que se toman para proteger la salud y la vida de las personas, así como para preservar los puestos de trabajo y la viabilidad de los proyectos económicos y empresariales».

Desde luego, su ausencia no ha servido para mejorar las cosas, pero la descoordinación y la competencia entre los dos partidos coaligados empezaron bastante antes de que Quim Torra fuera investido presidente y, sea por impotencia, sea por subordinación al exiliado —lo que viene a ser lo mismo—, fueron flagrantes durante toda su etapa. 

Torra no lo entiende

En declaraciones al Ara, afirma que el gobierno catalán no presiona lo suficiente al Estado para que transfiera recursos a Cataluña. Y cuestiona abiertamente el apoyo de ERC a los presupuestos generales del Estado:  «El Gobierno [catalán] está obligado a tomar decisiones en pro de la salud de la gente, pero no puede compensarlas económicamente (…) Si se han de aprobar unos presupuestos, hay que condicionarlo a esto. Si no, yo ya no entiendo nada.» 

Y entrando de lleno en la pugna entre ERC y JxCat en cuanto al apoyo al gobierno de Madrid, este miércoles ha lanzado un tweet, oportunamente recogido por El Nacional, en el que sentencia: Mientras fui presidente de Cataluña no se aprobó ningún presupuesto español. Al contrario, los tumbamos. No se pueden aprobar los presupuestos de un estado que te quiere sometido nacionalmente y asfixiado económicamente. Es uno de los mayores honores de mi carrera política.» 

Habría que puntualizar, por una parte, que no hay para tanto ya que su presidencia ha durado sólo dos años y cuatro meses, y por otra, que los presupuestos del Estado son aprobados en el Congreso, donde los diputados catalanes, por influyente que sea en algunos la opinión del presidente de la Generalitat, no están en principio subordinados a él.

JxCat contra las migajas

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, cree que el acuerdo alcanzado son migajas comparado con el déficit fiscal y aporta su propia contabilidad: «Cataluña tiene un déficit de infraestructuras acumulado de 45.000 millones de euros, según un estudio de la Cambra de Comerç, y de 28.000 sólo de los últimos diez años, según Foment del Treball. 2.300 millones son migajas ante el déficit fiscal de 16.000 millones. ¡Basta de engaños!»

Ya plenamente en clave electoral, sean o no en febrero las elecciones, la idea que los de JxCat vana reiterar es que estos presupuestos sólo son migajas y, como dijo el martes Laura Borràs, «no se consigue nada para Cataluña negociando aquello que ya era nuestro».

De esta manera sólo se «demuestra esta condición de rebajas continuas por parte del Gobierno y de no atención a lo que son las necesidades verdaderas de los catalanes que se tendrían que estar negociando en estos presupuestos».

Para que se vea que con ellos al mando sería muy diferente, sigue informando el Nacional, Albert Batet «ha asegurado que un acuerdo de su partido con el PSOE supondría una reducción del déficit fiscal, unas inversiones equivalentes al PIB de Cataluña, los mecanismos para garantizar el cumplimiento de esta financiación y el pago generado de la deuda de la ley de dependencia, la infrafinanciación sanitaria y de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña (…) Por eso el PSOE ha rechazado toda oferta de negociación con JxCat respecto de las cuentas españolas.» Esto es pues lo que habrían pedido si hubieran querido negociar, pero habiéndose cerrado en banda desde el principio, no vale la pena darle más vueltas.

Y, puestos a pedir, Míriam Nogueras lo pide todo. En un tweet, resume así las opciones existentes: «Plantar cara e independencia, o seguir vendiendo “pactos humo” ad æternum y migajas ad æternum.»

ERC: ¡son 2.339 millones!

ERC, aunque dejan claro de entrada que «el único presupuesto justo para Cataluña es el presupuesto de una república independiente» y dicen ser conscientes de que «el gobierno español tiene un largo historial de incumplimientos y agravios con el Principado», sólo ven maravillas en el preacuerdo, del que informa Vilaweb: «inversiones y transferencias de capitales de 2.339 millones de euros (…) una cifra excepcional, porque representa un porcentaje ligeramente superior (19,13%) al peso económico del Principado dentro de la economía del estado».

Más en concreto, la Moncloa «se ha comprometido a que la Generalitat participe de los fondos europeos contra la covid-19 y los pueda gestionar (…) Recibirá de manera directa 596 millones de euros, de los cuales 371 se dedicarán a proyectos de economía verde y el resto a políticas de vivienda.» 

Por todo ello, según el presidente en funciones, Pere Aragonés, «PSOE y Unidas Podemos han aceptado poner fin a la intervención financiera que el PP impuso a la Generalitat en 2015. “Ponemos fin a cinco años de 155 económicos. Ganamos en margen de actuación y ganamos en libertad”».

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