De la emergencia sanitaria a la alarma política

En múltiples ocasiones en los artículos de los últimos meses he denunciado las estrategias de tantos gobiernos que, incluso en el ámbito de la acomodada y democrática UE, han maquillado las cifras de muertos por Covid-19 o no han informado con prontitud y exactitud sobre las cifras de casos y enfermos recuperados. Pero el caso de España brilla entre todos con luz propia en la UE por la abultada infravaloración del número de fallecidos, por no publicar cifras de recuperados desde el 18 de mayo, por el apagón informativo en que vivimos durante los fines de semana y, sobre todo, por cambiarnos las cifras de casos todos los jueves, impidiendo a cualquier profesional serio hacer un seguimiento riguroso de la evolución de la epidemia y valorar la situación en cada momento.

Sánchez y su nutrido equipo de asesores en La Moncloa nos han ofrecido y seguirán ofreciendo en los próximos meses todo tipo de excusas para diluir sus errores y esquivar las gravísimas responsabilidades en que han incurrido desde el inicio de 2020, e intentarán hacernos olvidar en los próximos meses, con campañas de propaganda orquestadas por Redondo desde el Gabinete de la Presidencia, su ineptitud y su falta de escrúpulos. Uno de los pocos consuelos que nos queda a los ciudadanos en democracia es que estos gobernantes no pueden, gracias precisamente al denostado ‘régimen del 78’, amordazarnos ni impedirnos que denunciemos sus argucias y tretas cuando pretenden hacernos pasar gato putrefacto -los Presupuestos Generales del Estado 2021- por liebre de izquierda progresista.

La degeneración institucional que inició Rodríguez Zapatero, dispuesto a convertir la memoria de nuestra trágica y dolorosa Guerra Civil en instrumento de confrontación política y electoral, ha dado un salto cualitativo importante al acceder Sánchez a La Moncloa aupado por Unidas Podemos y todos los enemigos declarados de la democracia española. Para esta tarea innoble, Iglesias cuenta con la colaboración entusiasta de todas las fuerzas políticas del espectro nacional-secesionista en Cataluña, El País Vasco, Galicia, Navarra, Valencia y Baleares, esto es, la suma de todas aquellos partidos y coaliciones que consideran útil seguir apoyando a Sánchez para continuar su labor de zapa de las instituciones del Estado hasta que no quede en pie ningún punto de encuentro ni ningún común denominador entre los ciudadanos españoles, ya sea la Monarquía, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, la lengua y la educación, la sanidad y la justicia, la hacienda pública y las pensiones, etc.

Desde figuras históricas del socialismo a políticos en activo con mando en plaza se han atrevido a expresar sus discrepancias por el pacto de gobierno con Podemos

Muchas son las voces que se han alzado en los últimos meses contra un gobierno rehén de aquellos mismos que antes de nombrarlos vicepresidentes y ministras le quitaban el sueño a Sánchez, precisamente por su intención declarada de finiquitar “el régimen del 78”, una tarea de demolición en la que ahora cuenta este caballo de Troya con todos los recursos de los Ministerios que Sánchez puso en sus manos. El mercadeo al que estamos asistiendo para sacar adelante los PGE 2021 indica que la tarea de demolición del Estado se va a intensificar durante esta legislatura y hace falta algo más que dar voces de alarma si queremos salvaguardar el orden constitucional que sentó las bases de la reconciliación entre las dos Españas de Machado y nos trajo el período de libertad, concordia y progreso económico más largo de nuestra convulsa Historia. 

Voces de alarma

Desde figuras históricas del socialismo como el presidente González y el vicepresidente Guerra, protagonistas principales de la refundación del PSOE en Suresnes y de la Transición a la democracia, a políticos en activo con mando en plaza como Lambán en Aragón, Sánchez-Page en Castilla La Mancha y Fernández Vara en Extremadura, se han atrevido a expresar sus discrepancias por el pacto de gobierno con Podemos y otras decisiones incluso más polémicas adoptadas por Sánchez en los últimos meses. González ha manifestado su preocupación por el mantenimiento del modelo constitucional y y ha descalificado como interlocutores válidos a ERC y EH-Bildu, dos partidos cuyo objetivo es “que se desguace España”. Guerra ha expresado también de viva voz y por escrito su disconformidad con la alianza del PSOE con Iglesias y con partidos como ERC que ya ensayaron proclamar la independencia de Cataluña en septiembre y octubre de 2017 desde las instituciones de autogobierno y pretenden acabar con la igualdad de los españoles ante la ley liquidando la Constitución y la Monarquía.

Periodistas, profesores y escritores con un largo currículum democrático han mostrado también su perplejidad e indignación ante un gobierno presidido por Sánchez cuya legitimidad nadie cuestiona, pero con cuyas decisiones disienten porque ponen en peligro la libertad, la convivencia y la prosperidad de los españoles. He aquí algunas muestras. Caño, director del diario El País entre 2014 y 2018publicó una tribuna titulada “Una nueva era” el pasado 20 de enero, que empezaba reconociendo que “se nos invita, por tanto a todos, a abrir nuestra mente a esta nueva era en la que, por lo visto, será todo más justo y acabaremos siendo todos más felices… pero es una invitación tan tentadora como tramposa y, desde mi punto de vista, hipócrita”, decía, porque “son muy poco convincentes los llamamientos a la cordura y la prudencia de un gobierno integrado por un partido que es fruto de la radicalización de la sociedad española y cuyo principal objetivo manifiesto es acabar con el sistema de consenso que dominó la política española de la Transición”. Cebrián, director de ese mismo diario desde 1976 hasta 1998declaró en una entrevista publicada en El Mundo el pasado 30 de octubre que vivimos gestionados “por mediocres, por idiotas… que hablan para ganar las elecciones, no para plantear un proyecto de país… por eso se explica que un día Sánchez diga que le quita el sueño Pablo Iglesias y después se meta en la cama con él”. 

Sánchez y su nutrido equipo de asesores en La Moncloa nos han ofrecido y seguirán ofreciendo en los próximos meses todo tipo de excusas para diluir sus errores y esquivar las gravísimas responsabilidades

De Carreras, catedrático de Derecho Constitucional (emérito) en la UAB, manifestaba en un artículo, publicado también en El País el 11 de noviembre, que “lo más preocupante de Sánchez no son los errores puntuales, esos que todos cometen, sino la pulsión antiliberal que los impulsa, la mentalidad antidemocrática que ocultan”, e ilustraba su afirmación apuntando a los cambios en el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, la supresión del castellano como lengua vehicular y las invectivas del vicepresidente Iglesias contra la Monarquía Constitucional. En una columna titulada “Todo claro”, Savater, catedrático de Filosofía en las Universidades de El País Vasco y Madrid y referente en la lucha contra ETA desde los años 90, califica la supresión del castellano como lengua vehicular “una agresión de incalculable gravedad a los derechos constitucionales de los ciudadanos y a un símbolo principal de la realidad de nuestra nación”, una preocupación que compartimos ciudadanos que escolarizan a sus hijos en centros concertados y quienes, como es mi caso, los hemos llevado a escuelas e institutos públicos.

El escritor Marías, observador perspicaz y nada sospechoso de afinidades con la derecha, pedía explicaciones a Sánchez en una columna titulada El alto precio que aumenta de día en día, publicada en el suplemento dominical de El País el 15 de marzo, y manifestaba sentirse estafado por “sellar con abrazos la alianza a la que jamás iba a prestarse” con Iglesias, apenas dos días después de conocerse los resultados electorales del 15-N. Algunos quizás más curtidos y menos confiados que Marías nos excusamos la vergüenza de haberle votado y tener que pedirle explicaciones a posteriori. En su última columna en La Zona Fantasma publicada el 22 de noviembre, Marías se despachaba a gusto con la clase política sin hacer demasiados distingos entre unos y otros, a la que se refería como “amplio grupo de subnormales -esto no como insulto, sino en su significado evidente: individuos cuya inteligencia dista mucho de ser la normal—, que, no se sabe cómo, han logrado encaramarse al poder en casi todas partes”. No era su día. El párrafo de marras yerra al no reconocer que también la inteligencia de los superdotados “dista mucho de ser normal” y muestra escaso respeto a la verdad por dos razones: primera, no hay ninguna razón para pensar que los políticos son en media menos inteligentes queel resto de los ciudadanos; y, segunda, sí sabemos por qué “han logrado encaramarse al poder”: porque les votaron gente tan inteligente como el propio Marías.

Era más que previsible

Algunas de las consecuencias de las que tantos se lamentan hoy podían anticiparse desde el momento en que se constituyó el gobierno Sánchez-Iglesias el 12 de enero. En un artículo titulado “Duelo de Pinochos en La Moncloa”, publicado en el diario Expansión el 8 de enero, advertía que “quienes consideraban preferible tener un gobierno a tener uno en funciones, con las manos medio atadas por los últimos presupuestos aprobados con Montoro, pronto comprobarán que se equivocaban”, y anticipaba que “con los apoyos logrados en la investidura, el gobierno Sánchez-Iglesias no tiene siquiera asegurado poder para aprobar los próximos PGE, y serán muchas las concesiones de naturaleza política y económica que tendrán que hacer para apuntalar un gobierno apoyado por tan solo 155 diputados en el Congreso”. 

En eso están ahora, dando cumplida satisfacción a todos los que acuden al “Ministerio de Hacienda preguntando qué hay de lo mío y recordando lo crucial que fueron sus votos para investir al presidente Sánchez” el 1 de junio de 2018, y lo cruciales que siguen siendo para mantenerlo en La Moncloa, un negocio en el que están dispuestos a participar mientras puedan beneficiarse de la extrema debilidad del Gobierno para lograr sus propios fines. Decía entonces y me reafirmo ahora que “gastar es la vía más rápida para intentar elevar los índices de popularidad de quienes, por cierto, los tienen bastante bajos” y que el futuro “apunta a un desbordamiento del gasto, a subidas importantes de impuestos que resultarán contraproducentes para frenar la desaceleración, a incumplimiento de los objetivos de déficit público, y, en última instancia, a más deuda”. 

Pero el mercadeo en torno a los PGE 2021 va mucho más allá de lo vivido en la primavera de 2018 con Montoro y en el otoño de 2019 cuando Sánchez e Iglesias cerraron un acuerdo sobre los fallidos PGE 2020, y nos acerca un poco más al abismo de una España invertebrada y un Estado ingobernable. La irrupción del Covid-19 no ha hecho sino acentuar la inclinación del gobierno Sánchez-Iglesias a aumentar el gasto social, por una parte, y a subir los impuestos a los trabajadores (cotizaciones sociales) y a las clases medias (IRPF y Patrimonio), a las empresas y entidades financieras (cotizaciones sociales, sociedades y transacciones financieras) y a las multinacionales tecnológicas. Y va a hacerlo con la economía, no desacelerándose como sucedía cuando escribí el artículo en enero, sino inmersa en la recesión más severa registrada desde la Guerra Civil. Estamos ante un gobierno débil cuya única política posible es satisfacer las exigencias de los indignos avalistas que lo auparon a La Moncloa e intentar retener el apoyo de algunos colectivos aumentando el gasto social de carácter estructural (pensiones, prestaciones a los desempleados, ingreso mínimo vital, etc.), lo que nos dejará una deuda en herencia que lastrará los presupuestos durante décadas. 

Ratones (sin escrúpulos) al volante del Estado

Hay pocas dudas de que es en los tiempos difíciles cuando se pone a prueba no sólo la inteligencia que un desengañado Marías echaba tan a faltar en nuestros gobernantes, sino sobre todo el carácter, la altura de miras y la capacidad de gestión. En tiempos de bonanza, incluso políticos como Rodríguez Zapatero saltan al parqué de la Bolsa para presumir de su gestión económica, y doctores como Calvo e Iglesias se pavonean por el hemiciclo mientras la verborrea inmisericorde de la ministra Montero compite con su propio eco. Pero cuando las cosas vienen mal dadas y resulta preciso hacer algo más que leer discursitos escritos por aplicados escribanos en los gabinetes de los Ministerios y soltar puyitas a la ‘derechona’ en los turnos de réplica, toda su miseria moral, falta de sentido de Estado e ineptitud para gestionar los problemas emergen a superficie y quedan expuestas sus vergüenzas.

La irrupción del Covid-19 no ha hecho sino acentuar la inclinación del gobierno Sánchez-Iglesias a aumentar el gasto social y a subir los impuestos a los trabajadores y a las clases medias

La crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto que efectivamente el gobierno de Sánchez carecía de un plan para afrontar la irrupción del Covid-19 en febrero y marzo, pese a la dura experiencia en Wuhan (Hubei) y las recomendaciones y advertencias recogidas en el informe que la Organización Mundial de la Salud publicó, conjuntamente con el gobierno chino, el 28 de febrero de 2020. El primer round del letal episodio se saldó con 44.593 muertos más de lo normal entre el 10 de marzo y el 9 de mayo y una caída del PIB de 22,1% en el segundo trimestre de 2020. Luego ese mismo gobierno, bajo la batuta de Illa, ministro de Sanidad, y Simón, director del Centro de Alarmas y Emergencias Sanitarias, diseñó una desescalada en cuatro fases que nos sumió al cabo de pocas semanas en una nueva ola de muerte que, según el Instituto de Salud Carlos III, ha causado un exceso de 22.012 muertos entre el 20 de julio y el 23 de noviembre. En esta segunda fase, se han producido paralizaciones intermitentes de la actividad económica, para evitar el colapso del sistema hospitalario al adentrarnos en el invierno, que cabe prever continuarán hasta que se confirme la eficacia de las vacunas en el tratamiento del virus. 

En síntesis, llevamos 66.605 muertos más desde el 10 de marzo hasta el 23 de noviembre (66.852 según el INE en las primeras 45 semanas transcurridas hasta el 8 de noviembre), y mi previsión de caída del PIB para el conjunto de 2020 se sitúa entre 11,3% y 12,1%. Una buena parte de estas víctimas y de la caída del PIB podría haberse evitado con un gobierno previsor que hubiera adoptado medidas cuando hacían falta: en enero y febrero, antes de la irrupción descontrolada de la epidemia en marzo, y durante el confinamiento en marzo, abril y mayo para planificar con seguridad la desescalada. En los últimos meses el gobierno Sánchez ha preferido hacer mutis por el foro y dejar en manos de cada Autonomía y hasta de cada pueblo lidiar, con sus insuficientes recursos legales y limitada capacidad de endeudamiento, con la segunda oleada, creándose una marea de confusión normativa donde casi nadie sabe a qué atenerse. 

Prever y planificar son dos actitudes ajenas por completo a este gobierno cuyos ministros andan de aquí para allá como pollo sin cabeza en busca de una ubicuidad vacía, haciendo alarde de su inagotable capacidad para responder con evasivas las preguntas incómodas, convencidos de que el día a día es un torbellino que todo lo engulle, y los disparates que puedan decir hoy pronto caerán en el olvido y no tendrán consecuencias graves para ellos. “¿Cómo he quedado?”, preguntan al asesor y confidente de turno que inmediatamente las reconforta con un “Fenomenal, vicepresidente (o ministra), les has dado donde más les duele”. Así que, una vez concluida la faena de aliño con un bajonazo, vuelta al cobijo del coche y despacho oficiales y a otra cosa mariposa.

Prever y planificar son dos actitudes ajenas por completo a este gobierno cuyos ministros andan de aquí para allá como pollo sin cabeza en busca de una ubicuidad vacía

Los motivos de preocupación han subido unos cuantos escalones en las últimas semanas, al ver al gobierno Sánchez-Iglesias aprestarse a hacer cuantas concesiones políticas sean necesarias (blanqueo de ERC y EH Bildu,  silencio ante los ataques a la Corona, supresión del castellano como lengua vehicular, eliminación de acuartelamientos, subidas de  impuestos camufladas de armonización fiscal, etc.) y a premiar con millonarias transferencias a la ‘izquierda’ golpista de ERC, a los mercaderes indignos del PNV y a los bilduetarras de Otegui en El País Vasco, con tal de mantenerse en La Moncloa. Se trata de sumar 175 votos, importa poco cómo, para sacar adelante los PGE 2021 y asegurarse un par de años más de legislatura. Como le recordaba el presidente González, había y hay alternativas de carácter transversal para sacar adelante los presupuestos de 2021, una fórmula que el gobierno de Sánchez se ha negado siquiera a contemplar.

Llegar a decir como dijo el ministro Ábalos que “Bildu ha tenido más responsabilidad que el PP con los presupuestos” es una bajeza sin parangón desde el establecimiento de la democracia en 1978, un paso más en el proceso de ruptura de la convivencia y el orden constitucional. Decía Tomás y Valiente en su artículo póstumo “Razones y tentaciones del Estado”, publicado en El País el 15 de febrero de 1996, un día después de ser vilmente asesinado por ETA en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, que la segunda de las tres tentaciones en las que el Estado no debía caer era “la fragmentación interna de las fuerzas políticas demócratas en su necesario frente común desde el Estado, contra los criminales del terror”, y advertía que si bien “se había avanzado mucho en este camino: en poco tiempo se ha desandado casi todo el trecho recorrido”. Me pregunto qué cara se le quedaría a Tomás y Valiente si pudiera escuchar hoy las palabras de Ábalos. 

Nunca podremos saberlo, pero sí leer lo que ha escrito (José María) Múgica, hijo del histórico dirigente del PSOE (Fernando) Múgica asesinado también por ETA, en un artículo cuyo expresivo título, Con Bildu, no es no, nos recuerda otra promesa más incumplida de Sánchez, el Pinocho con mayúscula de la vida política. Pero el ataque más grave a la convivencia entre españoles no reside en la indigna actitud de Ábalos hacia los bilduetarras de Otegui, sino en la connivencia del gobierno de Sánchez con todas las fuerzas políticas que quieren acabar con la etapa de libertad política, convivencia pacífica y progreso económico inaugurada con la aprobación de la Constitución en 1978, un hecho tan insólito en la traumática historia de España que, sólo por ello, deberíamos esmerarnos en preservar y dejar como precioso legado a nuestros hijos y nietos. Con Sánchez en La Moncloa, corremos el riesgo de dejarlos sin herencia.

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