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Enseñar ética es apostar por los líderes del futuro

Cuadernos en una mesa de un aula de un instituto/ Europa Press

Proteger la educación del juego político constituye hoy casi una forma de heroísmo. La tramitación de la nueva ley educativa (LOMLOE o Ley Celaá), la octava de nuestra democracia, constituye un ejemplo más de oportunismo partidista y tristes desaciertos. Era previsible que, al igual que ya ocurrió con las anteriores leyes educativas, el texto careciera de un diagnóstico previo y saliera adelante sin consenso, tanto en lo que concierne al ámbito político como a la comunidad educativa. 

Se puede augurar que el recorrido de la LOMLOE será controvertido y cortoplacista. Una norma que carece de pactos previos y perspectiva sobre las debilidades de nuestro sistema está condenada al fracaso. Su resultado, también es previsible: la indefensión y la incertidumbre de la comunidad educativa. Sin embargo, la solución definitiva no está en derogar la normativa y conformarse tras un cambio de gobierno, con otra diferente. Es necesario aparcar la crispación y entender el problema de fondo: el interés por la educación no puede limitarse a los cambios que, cada cierto tiempo, se prometen en campaña electoral y que a menudo se expresan desde la polarización ideológica (por ejemplo, educación pública versus educación concertada). 

Usar la educación para dividir ni mejora la calidad de la enseñanza ni reduce las desigualdades del sistema. Tampoco repercute positivamente en la motivación de los docentes y en la gestión de los centros. Es urgente retomar los consensos, pero también resituarnos: la educación no se reduce a una agenda de conocimientos y aprendizajes, sino que se erige asimismo como una garantía democrática. 

La octava de nuestra democracia, constituye un ejemplo más de oportunismo partidista y tristes desaciertos

Sin entrar a valorar sus pros y contras, ni tampoco la manipulación informativa que algunas personalidades y medios han hecho de la normativa, sí que quiero llamar la atención sobre una segunda cuestión. La ley Celaá no solo enfurece a Bertín Osborne y a la concertada, también a los filósofos. Si bien el PSOE se había comprometido a derogar la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE o Ley Wert), no cumple con el consenso de que dicha asignatura volviera a la educación secundaria obligatoria. 

Por raro que parezca, en el año 2018, el Congreso aprobó por una unanimidad, la vuelta de la Ética al currículo de secundaria. Entonces, todos los grupos políticos, votaron a favor de esta propuesta, asumiendo asimismo el diseño de un ciclo completo sobre la materia filosófica. Aquel acuerdo garantizaba que la Filosofía volviera a las aulas a través de tres asignaturas comunes a todos los cursos: la Ética de 4º de la ESO, la Filosofía de 1º de Bachillerato y la Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato. De este modo, se volvía al contexto anterior de la LOMCE y el alumnado tendría formación filosófica durante la educación secundaria. 

La nueva norma, que sí recoge la obligatoriedad de la asignatura de Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato, se ha olvidado, por el contrario, de la Ética en el currículo de la ESO. Ante ello, el Gobierno se defiende con cierta arrogancia. Aseguran que la Ética quedará contemplada en una asignatura denominada Valores Cívicos. Sin embargo, hablar de civismo y valores no es hablar de Ética. He aquí una muestra beligerante de populismo. Puede que no sean incompatibles, pero no son lo mismo y no pueden estructurarse como equivalentes en el currículo. 

La ética no solo enseña a que las personas piensen por sí mismas sino también les inculca la responsabilidad intelectual ante los desafíos sociales actuales

Enseñar códigos de conducta cívica o valores no es igual que aprender a pensar. La Ética mejora la calidad del razonamiento, la capacidad para crear juicios argumentados y evaluar las opiniones propias y ajenas. Esto es, contribuye a la libertad de pensamiento, la reflexión, el diálogo, el juicio razonado y el examen crítico. No solo enseña a que las personas piensen por sí mismas sino también les inculca la responsabilidad intelectual ante los desafíos sociales actuales: las noticias falsas, las pseudociencias, el resurgimiento del fascismo, la emergencia climática, los populismos de derechas e izquierdas, la inteligencia artificial, la posibilidad de justicia, los conflictos interculturales, la digitalización de la vida, las desigualdades sociales o las consecuencias de una pandemia. 

A diferencia de Valores Cívicos, la Ética ni es un saber nuevo ni se limita a berrear con moralinas. Estamos ante una disciplina que acumula una gran experiencia en el ámbito de la Filosofía y que, a la vez, posee un marco de investigación en disciplinas médicas y tecnológicas. Además, cuando se desarrolla con los profesionales competentes, permite cultivar la duda y el escepticismo. Cuestionar sin arrogancia es una forma de autenticidad y una seña de autonomía. Estas son virtudes que sin duda, si hay un compromiso real con la educación, deben procurarse para el alumnado adolescente.

Los líderes del futuro tienen que estar preparados para resolver con imaginación y audacia los problemas y retos de la sociedad contemporánea. Por ello, quiero creer que el error pueda enmendarse cuando el proyecto de ley llegue al Senado. Es bastante cínico que el Ministerio de Educación aleccione sobre responsabilidad social y política mientras les roba a los jóvenes una materia que les inculca la importancia de ser ciudadanos libres y responsables, en un mundo complejo, ante un futuro incierto. 

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