Las asociaciones Impulso Ciudadano y Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) han pedido este jueves la «aplicación sin demora» de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano en los colegios de Cataluña.
En un comunicado, ambas entidades califican de positivo el contenido de la sentencia, que, en su opinión, certifica «la muerte» del modelo de inmersión lingüística. Por eso, han exigido a la Generalitat que «regularice la situación y ejerza de forma inmediata sus competencias dictando la normativa, las instrucciones o actos de aplicación para hacer factible y real que las dos lenguas oficiales, el castellano y el catalán, sean vehiculares».
También han pedido a los promotores de la reforma de la Ley Orgánica de Educación, la controvertida Ley Celaá, que «renuncien a enturbiar inconstitucionalmente la normativa y que asuman la realidad legal y social de España», ya que consideran que con esta ley quieren blindar el modelo de inmersión lingüística. Las dos entidades también han observado que el TSJC, en su sentencia, afirma que el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza en Cataluña es residual, lo que, según la entidad, «constata la infracción del marco jurídico vigente».
La AEB tiene convocadas dos manifestaciones de vehículos simultáneas en Barcelona y Tarragona el próximo domingo en contra de la nueva ley de educación. Una protesta que cuenta con la adhesión de 18 asociaciones catalanas y el respaldo de los partidos políticos Ciudadanos (Cs), Partido Popular (PP), Vox, Decide e Izquierda en Positivo.
El Govern recurrirá la sentencia
La sentencia no ha sentado muy bien a los defensores de la inversión lingüística en Cataluña. La Conselleria de Educación de la Generalitat ya ha anunciado en Twitter que recurrirá la sentencia. Además, ha asegurado que la entrada en vigor de la ‘Ley Celaá’ dejará «sin efecto» la resolución. La Conselleria también ha lamentado que la sentencia haya llegado antes a los medios de comunicación que a ellos mismos, y ha afirmado que el tribunal «pretende regular la política educativa cuando es competencia del Parlament».
En la misma línea se ha mostrado el conseller, Josep Bargalló que se ha quejado de que «ahora que está a punto de aprobarse en el Senado la nueva ley, los hay que pretenden volver al pasado». Bargalló ha añadido, sobre la sentencia, que «saben que no tendrá ningún efecto ni ninguna consecuencia», y ha afirmado que la política educativa no la hacen los jueces.
La sentencia dictada por el TSJC declara nítidamente la «obligación de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».
