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Miembros de mesas electorales del 14-F pedirán amparo al Síndic de Greuges

Oriol Mitjà: "Es un despropósito que personas con PCR positiva tengan que ir al colegio electoral"

Imagen de protesta contra las elecciones del 14-F.

Votar en tiempos de pandemia no es cosa fácil. Aunque en comunidades como el País Vasco o Galicia ya se hizo el pasado verano, la situación en Cataluña en estos momentos, con los contagios disparados y el debut de la cepa británica, no invita a la tranquilidad de quienes estarán más expuestos en la jornada electoral del 14 de febrero. Más de 30.000 ciudadanos formarán parte de las mesas en las que los catalanes decidirán su voto y, aunque el Govern asegura que el protocolo sanitario establecido es seguro, ellos no las tienen todas consigo. Tanto es así que en estos momentos se están organizando para pedir el amparo del Síndic de Greuges y defender su «derecho a la salud«.

El director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, lleva días intentando tranquilizar desde su cuenta de Twitter a quienes le preguntan sobre cómo llevar a cabo una jornada electoral en estos momentos. Entre miembros de mesas electorales y otro personal necesario para llevar a cabo el proceso ese domingo suman unas 150.000 personas, que se repartirán entre 3.000 locales electorales en 947 municipios. Peña-López admite que «es un reto logístico de primer orden». Y también asegura que «irá bien» a pesar de que «hemos tensionado el sistema y vamos con la lengua fuera».

Las extrañas dudas del Govern

El Govern aún no sabe si dará protección solo a los miembros de las mesas electorales o a todo el personal implicado el 14-F. A esto se suma que estos ciudadanos deberán saber ese día cómo utilizar los equipos de protección individual (EPIs) y los test de antígenos. Y es que el Ejecutivo autonómico ha previsto que puedan a ir a votar, entre las 19.00 y las 20.00 horas, aquellos ciudadanos que hayan dado positivo por COVID-19. En este sentido, Peña-López asegura en su cuenta de Twitter que harán falta «información y, seguramente, formación». La situación hará necesario que en los colegios electorales haya, según el director general de Participación Ciudadana, un profesional sanitario: «Hemos de garantizarlo. Tenemos que ver de dónde lo sacamos. Qué santo desvestimos o no para poder hacer esta colaboración. Son personas. Ya cansadas».

Nada de esto, sin embargo, tranquiliza a quienes han sido elegidos para formar parte de las mesas electorales en una jornada que el Govern quiso aplazar al 30 de mayo pero que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene, de momento, en el 14 de febrero. Tanto es así que muchos de estos ciudadanos se han agrupado para dirigir un escrito al Síndic de Greuges reclamando su intervención para defender su derecho a la salud. Se preguntan de qué les ha servido cumplir hasta ahora todas las restricciones ordenadas por el Govern para luchar contra la pandemia si, a lo largo de toda la jornada electoral, van a estar expuestos al virus en locales cerrados, con mala ventilación y en los que entrarán centenares o miles de personas a votar.

Un año cumpliendo restricciones

«Nos vemos obligados a estar más de 12 horas en un local cerrado», denuncian, «en contacto con centenares de personas, incluyendo una franja horaria para recibir a positivos y contactos estrechos de COVID-19 a los que las mismas autoridades están obligando a hacer cuarentena». El anuncio del Govern de que contarán con EPIs no les basta pues, recuerdan, no tienen formación para utilizar estos equipos a pesar de que «está más que demostrado que su mal uso es un verdadero peligro«.

No quedan ahí sus quejas ante el Síndic de Greuges. Consideran que formar parte de las mesas electorales en la actual situación es un «alto riesgo» para su salud y las de sus familias y entornos. Y recuerdan que no tienen «ningún tipo de defensa» porque «la no presentación a la mesa electoral es un delito que supone penas de prisión y multas bastante elevadas».

En su denuncia, estos ciudadanos se sienten respaldados por científicos como el doctor Oriol Mitjà quien ha calificado de «despropósito» que puedan ir a votar personas contagiadas, aunque sea en una franja horaria determinada. «Es», ha afirmado en su cuenta de Twitter, «un riesgo para miembros de la mesa que no tienen entrenamiento para utilizar un EPI correctamente». Mitjà, además, considera «inconcebible» que los mayores puedan salir de las residencias para ir a los colegios electorales a votar. Por si esto no fuera poco, Mitjà recuerda que también podrán acudir a los colegios aquellos que hayan tenido contacto con un contagiado pero que, aun teniendo una PCR negativa, estén en periodo de cuarentena. «Se verán obligados a votar sin protección en un espacio con casos PCR positivos entre las 19.00 y las 20.00 horas», ha explicado, «el riesgo para estas personas también es gigantesco«.

«Las elecciones se podían hacer otro día»

Mientras técnicos y sanitarios se tiran los trastos a la cabeza, los miembros de las mesas electorales, además de preparar la denuncia, se han organizado para estar en contacto vía chat. En este se pueden leer sus mayores temores y sus duras críticas a un sistema que ahora les obliga a correr un riesgo que, comprensiblemente, no desean. «No es nuestro trabajo estar con personas enfermas«, explica uno de los afectados, «no es a lo que nos dedicamos y muchos tenemos problemas médicos por los que hemos evitado contacto con familiares y allegados durante un año». «Estar en un súper de cara al público es un servicio esencial», señala otro, «las elecciones se podrían hacer otro día y de otra manera«.

Muchos se preguntan qué sucederá si se contagian el 14 de febrero. Y, sobre todo, cómo es posible que no tengan ninguna previsión de guardar algún tipo de cuarentena tras la jornada electoral: «Están obligando a la gente que tiene contacto con un posible positivo estar encerrados durante 10 días y resulta que los miembros de la mesa, que seguro que tendremos contacto con positivos, podremos hacer vida normal. No saben ni que tienen entre las manos».

Así, pues, todo son ahora mismo preguntas entre ciudadanos que se verán obligados a participar en la jornada electoral sin, de momento, saber cómo podrán garantizar que su salud no se vea afectada. Será el TSJC el que ponga fin a parte de las dudas si el 8 de febrero decide mantener la cita con las urnas o da el visto bueno a su aplazamiento al 30 de mayo. Mientras tanto, los miembros de las mesas seguirán buscando respuestas.

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