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La Generalitat concede otra vez el tercer grado a los presos del «procés»

Los condenados por el 1-O podrán hacer campaña y Forcadell está a la espera que se resuelva su semilibertad

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; el líder de ERC, Oriol Junqueras; y los exconsellers Raül Romeva y Jordi Turull. EP.

La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat de nuevo ha avalado este jueves el tercer grado para los presos del 1-O, que usarán a partir del viernes, coincidiendo con el primer día de campaña para el 14F, a excepción de Carme Forcadell, sobre quien el Servicio de Clasificación aún no ha resuelto su semilibertad.

Así, el Servicio de Clasificación ha aprobado la propuesta que las Juntas de Tratamiento de las cárceles hicieron el 14 de enero, en la que por segunda vez propusieron la semilibertad para todos los presos del 1-O, ha explicado este jueves la Conselleria de Justicia en un comunicado.

A partir de esta progresión a tercer grado, las cárceles concretarán si mantienen a los internos en la misma prisión o los trasladan a un centro abierto, a la espera de si la Fiscalía presenta recurso y si este tiene efectos suspensivos.

Campaña electoral

Las resoluciones ya se han comunicado a las defensas de los presos y el tercer grado implicará que puedan salir durante el día para trabajar o hacer voluntariado y dormir en prisión de lunes a jueves.

En este sentido, la Secretaría ha señalado que las salidas de prisión servirán para retomar sus trabajos y voluntariados, y ha añadido que «todos están sujetos a una pena de privación de libertad, pero conservan el derecho de manifestación y participación política».

Así, los presos pueden usar las horas libres de trabajo entre semana, o los días libres en fin de semana, para otras actividades, como asistir a actos electorales.

Cuarta parte de la condena

En este sentido, ERC ya ha manifestado que prevé que Junqueras pueda participar en la campaña «tanto como el sistema penitenciario lo permita».

La Secretaría ha señalado que, desde la anterior propuesta de progresión a tercer grado -que ya avaló y finalmente tumbó el Tribunal Supremo (TS)- todos ellos han cumplido medio año más de pena, y «todos se sitúan en torno a los tres años internos en centros penitenciarios», y han cumplido una cuarta parte de la condena o, en los casos de Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, la cumplirán el 11 de febrero.

Considera que es «un tiempo suficiente para la confirmación de una evolución positiva«, y señala que ya usaron el tercer grado y la semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario sin incidentes.

Postura del Servicio de Clasificación

El Servicio de Clasificación ha insistido en que el tercer grado es una forma de cumplimiento de la condena «que en ningún caso supone ningún vaciado de ninguna sentencia», y ha recalcado que la ley prohíbe mantener a un preso en un grado inferior cuando merezca una progresión por su evolución.

Sobre su tiempo en prisión, destaca «la participación en actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos; la máxima colaboración, tanto con el resto de internos como con los profesionales de los equipamientos penitenciarios; así como la ausencia de incumplimientos judiciales y de expedientes disciplinarios».

Además, las resoluciones que aprueban la progresión a tercer grado toman en consideración que «en todos los casos existe una red social y familiar favorable, junto con un pronóstico de riesgo bajo de reincidencia». 

Tribunal supremo

El Servicio de Clasificación trasladará a Fiscalía las resoluciones para progresar a tercer grado, y esta puede recurrirla ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria asignado a cada cárcel.

Las resoluciones de este Juzgado también pueden recurrirse, en este caso ante el Tribunal Supremo por que fue el que los sentenció y será la última instancia para decidir si mantienen o no la semilibertad, que ya ha revocado una primera vez el tercer grado de estos presos.

En julio, las cárceles catalanas ya propusieron el tercer grado para todos los presos del 1-O, el Servicio de Clasificación los avaló y la Fiscalía presentó recurso contra todos ellos, que quedaron suspendidos.

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