Los catalanes que no puedan o no quieran acercarse a los colegios electorales el próximo día 14 podrán emitir su voto por correo hasta dos días antes de la celebración de las elecciones. Este tipo de voto siempre ha sido cuestionado pero, en tiempos de pandemia y tras lo sucedido en EEUU, lo está siendo aún más. Los últimos en criticar el sistema han sido los trabajadores de Correos afiliados a la Confederación General del Trabajo (CGT), que temen contagiarse de COVID-19 a través de la saliva con la que los votantes peguen los sobres.
En un comunicado, la CGT ha calificado la situación que atraviesa Correos en Cataluña de «dantesco escenario«. Solo en Barcelona, con una plantilla de unos 5.000 trabajadores, en este mes se han registrado «216 positivos confirmados, 292 casos probables, 783 contactos aislados y dos fallecimientos».
La previsible «avalancha» de electores que, por miedo a la pandemia, prefieran votar por Correos ha llevado a la CGT a advertir de que sus afiliados no quieren «ser transmisores» del COVID-19 ni exponerse a «más contagios«. El sindicato denuncia en su nota que «tanto los sobres con el voto como los sobres para su tramitación no disponen de auto-cierre». «Estamos enviando miles de sobres a las mesas electorales con restos de saliva de las personas que voten», añaden.
Votantes en el domicilio y sin mascarilla
La CGT asegura que, además, desde Correos se ha informado a los trabajadores de que «no pasa nada» si admiten votos en un domicilio «sin que el usuario use mascarilla» y aunque los trabajadores deban permanecer en esa situación «10 minutos» por cada uno de los votos que tengan que tramitar. Y a ello se añade que no tienen ninguna posibilidad de saber si estos ciudadanos están o no contagiados.
Por estos motivos, la CGT exige a la empresa pública que el voto por correo sea llevado a cabo por trabajadores «con contratación específica, formada y dotada de los medios de protección necesarios». Solo así, aseguran, se podrá garantizar «el reparto de los miles de votos por correo dentro del plazo» y su gestión «de la forma más segura posible para todo el mundo, trabajadores y ciudadanía».
