La Junta Electoral Central (JEC) se ha pronunciado tras los distintos altercados sufridos por Vox en la celebración de sus actos de campaña de los comicios catalanes del 14 de febrero. La JEC ha constatado que la formación ha sufrido «actos de violencia» en esta campaña electoral y urge a la Generalitat a evitar esa coerción y a identificar a los responsables.
En una resolución dada a conocer este jueves, la JEC recuerda que «el derecho de reunión pacífica y sin armas está consagrado como fundamental en la Constitución» y que ese derecho «tiene una mayor trascendencia en los procesos electorales, pues sirve de cauce para que los candidatos puedan presentar a los ciudadanos su programa político».
La formación de Santiago Abascal ha sufrido actos de violencia en últimos mítines celebrados en Vic, Salt y Olot. «Se han producido actos de intimidación y violencia que constituyen una vulneración de los derechos consagrados en los artículos 21 y 23 de la Constitución, y también del derecho de igualdad de todos los candidatos», afirma la JEC en su escrito.
Todas las medidas necesarias
Tanto el Departamento de Interior de la Generalitat como la Delegación de Gobierno han asegurado que los Mossos d’Esquadra, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, adoptaron «importantes dispositivos de seguridad que han evitado o reducido los daños que esas actuaciones violentas podían haber causado a los candidatos de Vox y a los asistentes a los actos convocados», pero la JEC señala que ello «no ha impedido que estos actos electorales se hayan celebrado en un ambiente de coerción contrario a lo que debe ser el ejercicio de este derecho fundamental».
Por ello, la JEC insta al consejero de Interior de la Generalidad de Cataluña, Miquel Sàmper, a que, como autoridad competente en materia de orden público, «adopte todas las medidas necesarias que permitan la celebración de los actos públicos de campaña electoral de Vox, evitando que se produzcan actuaciones violentas o intimidatorias como las denunciadas». También reclama que, por las Fuerzas de Seguridad, «se proceda a identificar y, en su caso, detener y poner a disposición judicial a quienes empleen el uso de la violencia para impedir dichos actos».
