Junto a El golpe posmoderno, de Daniel Gascón, y Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña, de Juan Claudio de Ramón, el reciente 2017, de David Jiménez Torres (Madrid, 1986) sea posiblemente el ensayo que disecciona con mayor lucidez la crisis desencadenada aquel año en Cataluña. Crisis que, tal y como expone el libro y defiende Jiménez Torres en esta entrevista, se encuentra aún lejos de remitir.
El ensayo defiende que 2017 es una fecha clave de nuestra historia, comparable a la crisis del 98. ¿Qué la convierte en tan determinante?
En primer lugar, la gravedad de la crisis constitucional que se vivió aquel año. Durante dos meses —entre la aprobación de las «leyes de desconexión» y la aplicación del artículo 155— un gobierno autonómico se situó deliberada y explícitamente en una legalidad paralela y anticonstitucional, sometiendo así al sistema a una gigantesca tensión. En segundo lugar, la movilización de la opinión pública tanto en Cataluña como en el resto de España, que vivió aquellos acontecimientos con enorme intensidad. En tercer lugar, aquello marcó el devenir posterior de la política nacional, desde la fragmentación del centroderecha hasta la polarización que ha marcado los años de gobierno de Sánchez.
Y finalmente supone el hundimiento de varias ideas que habían sido fundamentales durante los 40 años anteriores acerca de las posibilidades del Estado de las autonomías y el horizonte de los nacionalismos subestatales. En este sentido comparo 2017 con 1898 —también con 2008—: es un año que obliga a repensar buena parte de lo que se creía acerca del país y el sistema en el que se había estado viviendo.
También sostiene que dicha crisis aún no se ha cerrado.
Una muestra de ello es que los partidos independentistas han convertido su relato acerca de lo que ocurrió en 2017, y las consecuencias que según ellos habría tenido, en una parte central de su discurso. Cada vez que un dirigente independentista habla de «represión», de «amnistía», de «presos políticos» o de «exiliados» está hablando sobre 2017. No es casualidad que el libro que ha publicado Laura Borràs antes de las elecciones se titule Hija del 1 de octubre.
También es importante que Puigdemont sigue fugado de la justicia y que hay muchos catalanes que creen que posee algún tipo de legitimidad paralela, como si fuera un pretendiente carlista. O que el vicepresidente lo equipare a los exiliados de la dictadura franquista. O, finalmente, que siga siendo muy poco clara la hoja de ruta de las negociaciones entre Gobierno y ERC. Todo esto son síntomas de una crisis que sigue completamente abierta.
«Lo que llamo en el libro llamo la Premisa es la creencia según la cual el Estado de las Autonomías sería suficiente por sí mismo para integrar a los nacionalistas subestatales en una España democrática. 2017 dinamitó estas ideas»
Un concepto clave que repite a lo largo del libro es lo que usted denomina la Premisa. ¿Cuál es su significado?
La Premisa forma parte de la cultura política de la democracia que alumbró la Transición. Es la creencia según la cual el Estado de las Autonomías sería suficiente por sí mismo —por su flexibilidad y por el grado de autogobierno regional que permitiría— para integrar a los nacionalistas subestatales en una España democrática. E incluso si ese proceso de integración resultaba conflictivo o incómodo, se daba por hecho que los nacionalistas nunca declararían una independencia por las bravas. Parte de la Premisa implicaba, también, creer que este proceso sería automático e irreversible; por eso se podía apaciguar a los nacionalistas, porque el tiempo corría en su contra y su atractivo se iría diluyendo a medida que nos instaláramos en la posmodernidad cosmopolita y europea. 2017 dinamita todas estas ideas.
¿Y sigue siendo aceptable después de 2017 pensar que se puede apaciguar al separatismo?
Poder, se puede pensar. Pero hay que reconocer que ese apaciguamiento implica la renuncia a algunos principios que, en teoría, consideramos importantes. Por ejemplo, la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos independientemente de en qué parte del país hayan nacido, o cuáles sean sus ideas políticas. O la importancia de respetar el Estado de derecho, y que los políticos no puedan elegir qué leyes cumplen y cuáles no. Lo que desde luego no se puede pensar después de 2017 es que este apaciguamiento conduce a una estabilidad irreversible y que no tiene contrapartidas. 2017 demostró que no es así.
«Margaret Thatcher dijo una vez que su mayor legado político había sido Tony Blair; creo que Pujol podría haber dicho lo mismo de Pasqual Maragall»
Tal y como recoge en el libro, Arcadi Espada señaló en Contra Catalunya que los primeros en confundir a Pujol con Cataluña fueron los socialistas catalanes. ¿Qué papel ha jugado el PSC en lo ocurrido en Cataluña?
El papel del PSC es muy importante y, a la vez, sumamente ambiguo. Es evidente que, sobre todo en tiempos de Maragall y Montilla, incorporó muchos elementos del discurso identitario de CiU. Margaret Thatcher dijo una vez que su mayor legado político había sido Tony Blair; creo que Pujol podría haber dicho lo mismo de Pasqual Maragall. El PSC ha demostrado históricamente que existía una alternativa a CiU, pero al mismo tiempo ha alentado la duda de si era una alternativa real o solo una versión atenuada de lo mismo, al menos en el plano identitario.
Por otra parte, el PSC fue muy importante en los meses más intensos de 2017. No fue el único; también fueron importantísimos Ciudadanos y las asociaciones constitucionalistas. Pero cabe preguntarse si la crisis habría tenido el mismo devenir si el PSC no se hubiera posicionado de manera clara a favor de la legalidad constitucional.
Explíquenos por qué la «plurinacionalidad española» le parece una idea tan mala.
Me parece que embarra la cuestión en las aporías propias del pensamiento nacionalista. En vez de superar este marco, y hablar de ciudadanía, de derechos y de obligaciones, nos mete en cuestiones para las que nuestros «plurinacionalistas» nunca han sabido dar respuesta. Por ejemplo: en este Estado plurinacional, ¿la nación española sería una parte o sería el todo? Es decir, ¿España sería todo lo que no es la nación catalana, la vasca y la gallega? ¿O es la nación que englobaría todas las otras naciones? Más: estas naciones ¿se proyectan solo sobre los ciudadanos que proclaman su existencia, o sobre todo aquel que habite determinado territorio? ¿Qué se haría con los catalanes o vascos que dicen que su nación es España? ¿Se les dice que se equivocan?
«Los nacionalistas no quieren la etiqueta de nación por sí sola; la quieren como herramienta que legitimaría el presunto derecho de autodeterminación»
Finalmente: ¿de verdad hablamos solo de un estatus simbólico, sin consecuencias en términos de derechos políticos o estructura jurídica? Porque los nacionalistas no quieren la etiqueta de nación por sí sola; la quieren como herramienta que legitimaría el presunto derecho de autodeterminación. En definitiva, no veo que sea la solución que traería una nueva y definitiva estabilidad; más bien sería una nueva fuente de conflictos y de debates.
Señala la moción de censura como otro momento decisivo en esta crisis. ¿Por qué?
Tras 2017 se abría la posibilidad de que la gobernabilidad de España pasara por el eje constitucionalismo-anticonstitucionalismo. Con la moción de censura, Sánchez y el PSOE abortan esa posibilidad y regresan a una gobernabilidad que depende de alianzas con los separatistas. Por otra parte, el haberse apoyado en ERC y Junts para la moción, y su intento de rehabilitarlos como interlocutores y apoyos, dinamita el frente constitucionalista de 2017 y anima la polarización que ha marcado los años posteriores. Y alienta la apuesta de Rivera por alejarse del PSOE e intentar sustituir a un PP que, tras la moción de censura, se encontraba en caída libre.
Recuerda que en septiembre de 2019, días antes de la repetición electoral, Ciudadanos ofreció abstenerse en una investidura de Pedro Sánchez a cambio de ciertas condiciones. ¿Por qué nadie parece acordarse de aquella oferta?
Porque el PSOE ha instalado con éxito en la imaginación colectiva la idea de que el único responsable de que no se produjera el gobierno PSOE-Cs fue Albert Rivera. Sin dejar de lado la responsabilidad de este, en el libro argumento que la cuestión está bastante más repartida. Y con el tiempo podemos ver que, entre gobernar con Cs y crecer a expensas de Cs, Sánchez siempre prefirió lo segundo.
A su parecer, la llamada «teoría de la ensoñación» dibujada en el sentencia del procés no sería más que una actualización de la Premisa antes mencionada. ¿Pecaron los jueces de ingenuos?
La sentencia tiene toda la legitimidad del mundo y no soy quién para juzgar su fundamentación jurídica. Pero sí me parece importante la relación entre la «ensoñación» y la Premisa: se pasó de decir «nunca se atreverán a hacerlo» a decir «nunca lo hicieron, realmente». En el libro señalo que la historia de 2017 aún se está escribiendo; desde luego, la sentencia del Supremo no supuso un punto y final.
«El PSOE ha instalado con éxito en la imaginación colectiva la idea de que el único responsable de que no se produjera el gobierno PSOE-Cs fue Albert Rivera»
Una pregunta qué surge tras terminar el libro es: ¿qué podríamos hacer para poner fin a la onda expansiva de la crisis de 2017?
No creo que la onda expansiva se pueda detener; creo que nos seguirá empujando durante mucho tiempo. La cuestión, más bien, es ir estableciendo consensos en cuanto a dónde queremos que nos lleve esa onda expansiva. Lo que no creo que sirva de nada es minusvalorar lo que ocurrió aquel año e insistir en «pasar página» sin más. Aquí hay una cuestión básica: si lo de 2017 sucedió una vez, puede volver a ocurrir. La cuestión es tener un debate sincero acerca de cómo evitar que ocurra, y que no se base en rehabilitar los mismos marcos y argumentos que nos condujeron a aquella crisis.
¿Y qué representa para el constitucionalismo la victoria de los socialistas catalanes del pasado domingo?
En la medida en que ha sido a costa de otras formaciones constitucionalistas, y no porque haya sectores independentistas que han decidido cambiar de bloque, no creo que suponga un cambio sustancial. Sobre todo porque el problema actual sigue siendo el de 2017: la falta de vertebración de un bloque que pueda investir a un candidato constitucionalista. Sin esto, es probable que los 33 escaños de Illa acaben desempeñando el mismo papel que los 36 de Arrimadas.
[…] Entrevista en El Liberal. […]