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Elecciones catalanas y proceso insurreccional

Comisión de investigación sobre la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña 04 diciembre 2018 David Zorrakino / Europa Press

Durante el mes de diciembre publiqué tres artículos en  el diario El Liberal (“Proceso insurreccional y desgobierno en Cataluña (I), (II) y (III)”) en los que exponía la génesis del proceso desde la aprobación del Proyecto de Reforma del Estatuto de Cataluña, aprobado en el Parlamento de Cataluña el 30 septiembre de 2005 hasta la destitución del gobierno presidido por Puigdemont y la disolución del Parlamento presidido por Forcadell el 27 de octubre de 2017. En el cuarto artículo de la saga -uno más que en la de El Padrino- titulado como los anteriores “Proceso Insurreccional y desgobierno en Cataluña (y IV)” examinaba el período que abrió la aplicación del artículo 155 de la Constitución hasta finales de 2020.

Como una de las obligaciones de un articulista es asumir y responsabilizarse de lo que dijo, aquí tienen una cita de mi posición al respecto:

Muy poco, por no decir nada, se hizo durante los meses en que estuvo vigente el artículo 155 para desactivar los mecanismos que habían posibilitado la quiebra del orden constitucional que Sáenz de Santamaría había denunciado en la requisitoria enviada al presidente Puigdemont el 11 de octubre, tras la primera declaración de independencia realizada el día anterior en el Parlamento de Cataluña.

Permítanme recordar la situación a que habíamos llegado con las palabras de la propia vicepresidenta: “rota la neutralidad exigible a cualquier poder público, eliminada la separación de poderes por el incumplimiento sistemático de las Sentencias judiciales. Quebrados los derechos de los ciudadanos por la utilización de sus datos personales al margen de cualquier garantía, el resultado de la pretendida culminación del proceso secesionista es la creación de un grave riesgo para la convivencia democrática, del funcionamiento de las instituciones y del orden constitucional”.

A continuación, apuntaba las iniciativas que el gobierno de Rajoy debería haber adoptado para identificar los resquicios legales que habían aprovechado los insurrectos para quebrar reiteradamente el orden constitucional durante la nefasta XI Legislatura y concluía que sólo tras adoptar los cambios legales pertinentes para evitar su repetición en el futuro deberían haberse convocado elecciones en Cataluña. La suspensión de la normalidad democrática era una exigencia de la propia democracia que tan gravemente había sido quebrada, no por un puñado de militares insurrectos, sino por quienes estaban al frente de las instituciones de autogobierno de Cataluña. Ir a elecciones dos meses después sin haber realizado una investigación a fondo del proceso era devolver a los golpistas todo el poder que les había quitado la aplicación del artículo 155.

¿Crítica injusta?

A pesar de algunas críticas, sigo sosteniendo que la aplicación del 155 adoleció de defectos que impidieron alcanzar lo que, en mi opinión, debiera haber sido su objetivo central, más allá de la obligada destitución del gobierno de la Generalidad y la disolución del Parlamento de Cataluña: recuperar la normalidad democrática en Cataluña. Me explico. Para empezar, el gobierno Rajoy no debería haber aceptado nunca la imposición de Ciudadanos de celebrar elecciones autonómicas el 21 de diciembre de 2017, porque, como era previsible, los partidos que habían protagonizado el proceso insurreccional volvieron a obtener la mayoría suficiente para volver a controlar las instituciones de autogobierno. Y eso fue lo que ocurrió.

«La aplicación del 155 adoleció de defectos que impidieron alcanzar lo que, en mi opinión, debiera haber sido su objetivo central, más allá de la obligada destitución del gobierno de la Generalidad y la disolución del Parlamento de Cataluña: recuperar la normalidad democrática en Cataluña»

El 17 de enero de 2018, se constituía el Parlamento y se iniciaba la XII Legislatura. Maragall, destacado dirigente del PSC que había sido consejero de Educación en los gobiernos tripartitos presididos por Maragall y Montilla, y elegido diputado por ERC, comenzaba su discurso como presidente de la Mesa de Edad, aclarando que no podía saludar al presidente y a los consejeros de la Generalidad “como correspondería, eh? Unos prisioneros, otros al exilio, el resto destituidos”. Con estos buenos presagios arrancaba la legislatura con el artículo 155 en vigor. Poco después, Torrent diputado de ERC que había sido portavoz en la histórica sesión del 27-O en que se aprobó la resolución que declaraba constituida la república catalana, era elegido presidente del Parlamento en lugar de la destituida presidenta Forcadell, asimismo militante de ERC. Así que dos meses y medio después del golpe fallido de Estado, la presidencia del Parlamento de Cataluña volvía a estar en manos de ERC.

Torrent, una vez ya elegido presidente del Parlamento, siguió en la línea de Maragall denunciando los escaños vacíos, ocupados por lazos amarillos, de tres diputados en prisión preventiva y cinco diputados que se encuentran en Bruselas “advertidos de recibir igual trato si vuelven al país”. Y como Torrent reconocía más adelante “de hecho, con este Pleno constitutivo de la legislatura, y la votación que acabamos de realizar,

recuperamos la institución política esencial depositaria de nuestra soberanía, la encargada de hacer realidad los mandatos democráticos de nuestro pueblo”. (Subrayado mío.) Por si había alguna duda sobre sus intenciones, Torrent agradecía, por encima todos sus antecesores en el cargo, la tarea desarrollada por la presidenta Forcadell, la principal responsable en la legislatura anterior de haber llevado el proceso insurreccional a sus últimas consecuencias.

Los primeros intentos de acordar un candidato a presidente del gobierno de la Generalidad entre los partidos secesionistas fracasaron por la insistencia de Junts per Catalunya (JxC), primero, de investir a Puigdemont, prófugo de la justicia española, y después a (Jordi) Sánchez, presidente de la ANC, y ya en prisión preventiva. El último intento de investir al exconsejero Turull el 22 de marzo, pendiente de una cita ante el juez por su activa participación en el proceso insurreccional, fracasó al no obtener tampoco la mayoría absoluta en la primera votación, y ser enviado a prisión antes de la segunda votación celebrada el 24 de marzo. Fue, por tanto, la acción de los Tribunales de Justicia, no el artículo 155 quienes frustraron el intento de nombrar a un golpista que fue posteriormente juzgado, con todas las garantías procesales, y condenado a 12 años de prisión por sedición y malversación de fondos.

Finalmente, el 17 de mayo fue investido Torra, el candidato de JxC designado por Puigdemont. Al inicio de su discurso, Torra envió “un afectuoso saludo, más afectuoso que nunca a los familiares de los presos y de los exiliados” y casi inmediatamente afirmó que “quiero dejar bien claro que: nuestro presidente es Carles Puigdemont; seremos leales al mandato del 1 de octubre, construir un estado independiente en forma de república”. Y poco después aclaraba que “presento mi candidatura a la presidencia de la Generalidad… porque la mejor manera de rehacer nuestro país del ataque del 155 es tener gobierno, porque la mejor manera de defender los intereses de los presos políticos y de los exiliados es tener gobierno, porque la vía más potente para que el país avance republicanamente es tener un gobierno para conseguirlo”. (Subrayado mío.)

Al escuchar estas palabras en boca de quien iba a sustituir a Puigdemont, cualquier observador se preguntaría qué había cambiado la aplicación del artículo 155. Todas las instituciones volvían unos meses después a estar en manos de los partidos que habían protagonizado y financiado el golpe de Estado y sus líderes no ocultaban su intención de seguir minando el orden constitucional desde esas instituciones.

La aplicación del artículo 155 sólo sirvió para parar destituir a los principales responsables del fallido golpe de Estado, pero no para establecer mecanismos que impidieran que los partidos políticos y las asociaciones independentistas que lo habían impulsado y financiado siguieran controlando las instituciones de autogobierno y los 46.000 millones del presupuesto de la Generalidad que constituyen la base principal de su poder y ascendencia social. Se requería una intervención de las instituciones de autogobierno mucho más prolongada en el tiempo para desvelar todos los mecanismos que habían posibilitado las actuaciones parlamentarias, gubernativas y extraparlamentarias que habían impulsado y financiado el proceso insurreccional.

«La aplicación del artículo 155 sólo sirvió para parar destituir a los principales responsables del fallido golpe de Estado, pero no para establecer mecanismos que impidieran que los partidos políticos y las asociaciones independentistas que lo habían impulsado y financiado siguieran controlando las instituciones de autogobierno«

Me reitero en que, como afirmaba en mi artículo, no se investigó a fondo el proceso insurreccional durante la vigencia del 155 y que “por no saber no conocemos siquiera hoy cómo se planificó y se financió la consulta del 1-O”. Al menos desconozco que exista un informe oficial publicado por el Gobierno de España sobre el primer intento de un gobierno autonómico de subvertir el orden constitucional desde que Companys lo intentara en la II República.

“Por no saber no conocemos siquiera hoy cómo se planificó y se financió la consulta del 1-O

Aunque la actitud comprensiva del gobierno Sánchez hacia los golpistas y sus sucesores en las instituciones de autogobierno fue vergonzosa -obviamente tenía que pagar la deuda que había contraído con ellos por auparlo a La Moncloa el 1 de junio de 2018- y nada tiene que ver con la actitud dialogante pero mucho más digna del gobierno Rajoy, quiero recordar que este último había aceptado también poner fin a la intervención en cuanto Cataluña tuviera gobierno, algo que podría haber ocurrido a mediados de marzo. En todo caso, desde la investidura de Torra el 14 de mayo de 2018, la intervención de la Generalidad bajo el paraguas del artículo 155 tenía sus días contados, y si la toma de posesión se retrasó hasta el 2 de junio fue porque Torra incluyó inicialmente a varios presos y prófugos de la justicia en su gobierno. Por tanto, no hay ninguna duda de que incluso si hubiera fracasado la moción de censura el 1-J, el 115 habría pasado a la historia al tomar posesión los consejeros nombrados por Torra.

Resultados del 14-F: cuidado con los cantos de sirena

Lo que ha ocurrido con la concesión del tercer grado y la participación de presos condenados por sedición a 13 y 12 años de prisión en la campaña de las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña el 14-F constituye una afrenta sin parangón al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, dos instituciones centrales del Estado, cuya independencia resultó decisiva para deslegitimar las acciones de los golpistas y juzgarlos con todas las garantías procesales. Bien cierto que estas afrentas se han producido ya con Sánchez al frente del gobierno de España y han sido alentadas desde dentro del propio gobierno por las delirantes declaraciones del vicepresidente Iglesias, cuestionando la calidad de nuestra democracia y comparando a los prófugos de la justicia con los exiliados republicanos. Todo un disparate que todavía no ha sido contestado por el presidente Sánchez con la única respuesta posible: el cese fulminante de su vicepresidente.

«Los resultados de las elecciones del 14-F han venido a confirmar la ineficacia del 155, porque, si bien permitió destituir a los golpistas en unas horas y llevar a algunos de ellos ante los tribunales, no ha servido para establecer las salvaguardas legales que impidan su repetición»

Los resultados de las elecciones del 14-F han venido a confirmar la ineficacia del 155, porque, si bien permitió destituir a los golpistas en unas horas y llevar a algunos de ellos ante los tribunales, no ha servido para establecer las salvaguardas legales que impidan su repetición. En pocas palabras, la aplicación del 155 no ha servido para reinstaurar la normalidad democrática en Cataluña -respeto a la Constitución y al Estatuto de Cataluña y a la división de poderes y acatamiento de las sentencias judiciales que ello conlleva-, y quienes quebraron esa normalidad siguen alardeando de que volverán a hacerlo.

En pocos días, se iniciará XIII legislatura en Cataluña y los mismos partidos e incluso algunos de quienes protagonizaron el 27-O volverán a copar las instituciones de autogobierno, como ya ocurrió tras las elecciones el 21 de diciembre de 2017. España es el único país del mundo que paga generosamente un sueldo a algunos gobernantes para que éstos, desde sus confortables despachos oficiales, conspiren sin estrecheces día y noche para subvertir el orden constitucional.

«En pocos días, se iniciará XIII legislatura en Cataluña y los mismos partidos e incluso algunos de quienes protagonizaron el 27-O volverán a copar las instituciones de autogobierno»

Conocida es la posición de Iceta, primer secretario del PSC, a favor de conceder el indulto a los golpistas. Las exigencias de Junqueras, uno de los principales protagonistas del golpe, van más allá: exige a Sánchez la amnistía y el reconocimiento del derecho de autodeterminación, si quiere seguir contando con el apoyo de ERC en el Congreso. Mas-Colell, consejero de Economía de Mas hasta su caída en enero de 2016, ha salido también al ruedo en misión de apaciguamiento -el mismo que durante años dio pábulo al España nos frena- para asegurarnos que el conflicto -así lo llama él- “si se actúa con serenidad y un mínimo de inteligencia apunta a la senda de la suavización”.

Reconoce Mas-Colell que existe un empate desde hace tiempo entre las fuerzas independentistas y constitucionalistas en Cataluña -un avance, porque la mayoría de los líderes independentistas hablan invariablemente en nombre del ‘pueblo’ de Cataluña- y, aunque le alarme el crecimiento de VOX -no así el de los beatíficos militantes de la CUP y Arran-, ve en ese equilibrio de fuerzas un motivo para la esperanza.

Mas-Colell no deja pasar la ocasión para arremeter contra Ciudadanos al que considera “un partido fundado para negar la plurinacionalidad del Estado”. Lástima que este hombre sereno e inteligente no haya alcanzado a comprender todavía que Ciudadanos nació para reivindicar la diversidad cultural y lingüística de la sociedad catalana, para denunciar la falta de libertades en Cataluña y el vergonzoso adoctrinamiento ideológico que se imparte en la escuela y los institutos públicos -y lo digo con conocimiento de causa- y desde los medios de comunicación controlados o subvencionados por los gobiernos de la Generalidad.

¿Cuáles son las razones para la esperanza? Que las fuerzas independentistas pactistas, según él conformadas por ERC y PDeCAT, el partido creado por Mas y al que apoyó incluyendo su nombre en sus listas el 14-F, representan el 24,1% del electorado frente al 26,7% que representa el independentismo rupturista (Junts y CUP), abre las puertas a una geometría variable que ERC podrá administrar a lo largo de la legislatura. Dos nuevas falacias argumentales. Primera: si tenemos en cuenta que, de los cuatro partidos independentistas, sólo el PDeCAT que, recordemos obtuvo 2,71% del voto válido y cero escaños, renunció expresamente a la vía unilateral para conseguir la independencia, el equilibrio de fuerzas entre las dos almas independentistas más parece un deseo del autor que una realidad política. Segunda: ERC no puede permitirse dejar siquiera entrever a su electorado que cede en su empeño de aplicar la vía unilateral que es, precisamente, lo que ha catapultado al partido desde la marginalidad en que sobrevivía en 2003 a casi con toda seguridad presidir el gobierno de la Generalidad esta legislatura. Puigdemont y la CUP tampoco van a permitirle que haga concesiones y aprovecharán cualquier intento de distensión para atacar a ERC e incendiar de nuevo Cataluña.

Lo que a buen seguro pretende Mas-Colell es distraernos con sus elucubraciones para encubrir el verdadero objetivo de sus reflexiones: ganar tiempo para seguir ensanchando la base electoral del independentismo. Comienza por requerir a Sánchez “la fortaleza y presencia de ánimo suficiente para sacar los presos a la cárcel”, lo que da una buena idea de la concepción que tienen los independentistas, moderados en su caso, de la separación de poderes en democracia.

El objetivo de esa medida distensión, como el autor la denomina, sería avanzar “en dos foros relevantes”: el Congreso, donde los partidos independentistas mantendrían su apoyo a Sánchez, y la mesa de diálogo en Cataluña, donde partidos independentistas deberían de abstenerse, “en una primera fase”, de “poner por delante sus aspiraciones máximas”. Supongo que no hace falta que les explique cuáles son sus aspiraciones máximas y en qué consiste la segunda fase de esta fructífera colaboración entre Sánchez y los partidos independentistas. Piénsenlo

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