La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha alertado sobre el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y del sector privado. Asimismo, la plataforma, presidida por Antoni Cañete, nuevo presidente de PIMEC, avisa sobre el significativo aumento del 74% de los impagados, constatado en la nueva edición del Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2020, cuyos resultados se han dado a conocer hoy.
Según el informe de la PMcM, elaborado a partir de casi 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, un 16% de los encuestados ya ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios. Además, casi la mitad (48%) cree que sus plazos de cobro empeorarán en los próximos meses, teniendo en cuenta la crisis actual generada por el COVID-19.
Plazos de pago por encima de la ley
Del análisis se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó tanto en el sector público (pasando de 70 a 77 días, lo que supone un 10% más), como en el privado (situándose en 77 días frente a los 73 del año 2019, lo que representa un 5% más). De este modo, los plazos medios de pago distan aún más de los establecidos por la ley 15/2010 (30 días para las AA.PP. y 60 para las empresas). En síntesis, se han igualado los plazos públicos y los privados, tendencia que podría vaticinar una aceleración del empeoramiento de los pagos de las AAPP frente a los del sector privado.
Un 16% de los encuestados ya ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios. Además, casi la mitad (48%) cree que sus plazos de cobro empeorarán en los próximos meses, teniendo en cuenta la crisis actual generada por el COVID-19
Este empeoramiento de los plazos de pago está haciéndonos retroceder a los niveles registrados en el año 2015 (por parte de las AA.PP.) y el 2016 (en el sector privado). “Debemos revertir de nuevo la tendencia implantando un régimen sancionador, más si cabe en el contexto de la era post COVID-19 en el que nos hallamos inmersos”, alerta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Riesgo de ruptura de las cadenas de liquidez
En caso de necesitar cash, un 70% de los encuestados admite que su primera opción sería pedir financiación, mientras que un 23% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago. En este sentido, un 8% de las empresas participantes en el estudio de la PMcM ha manifestado que la crisis del COVID-19 ya le ha llevado a ampliar sus plazos de pago. “Si no salimos de este bucle de forma inminente, este nos puede llevar a una situación sin precedentes y con graves consecuencias para el tejido empresarial”, aclara.
Por el contrario, si cobrara todas sus facturas a tiempo, un 11% de los encuestados reduciría su necesidad de financiación en más de un 40%, y un 24% la rebajaría entre un 20% y un 40%.
De acuerdo con el Informe sobre Morosidad 2020, de la PMcM, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en un 5,4%, lo que significó un “aumento peligroso” de un 74% respecto al año 2019, situándose muy cerca del 5,7% del año 2014, tal y como advierte Cañete.
Se da la circunstancia de que las grandes empresas, con una facturación superior a los 50 millones de euros, son las que más tardan en pagar a sus proveedores. Un 81% de los participantes en este informe declara que las grandes empresas superan el plazo legal a la hora de pagar. Un 36% coincide en que suelen tardar 60 y 90 días. Y finalmente, un 45% señala que les pagan por encima de los 90 días. Únicamente, un 19% cumplen con lo que estipula la ley. “El retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”, insisten desde la Plataforma.
Régimen sancionador
El presidente de la PMcM urge a implantar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas. Solo así se evitará que se rompa la cadena de pagos y además se inyectará liquidez al sistema. También se mejorará la competitividad y productividad de las empresas y se reducirá la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos.
Por ello, ha solicitado a los grupos políticos “responsabilidad” para que en el trámite de enmiendas (que finaliza el 3 de marzo) se tomen las ya pactadas durante la negociación de la Ley presentada por Ciudadanos, agilizándose así la instauración del régimen sancionador.
