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Cataluña vuelve a las andadas

El candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès. EUROPA PRESS.

Tres años y cuatro meses después del golpe de Estado que protagonizaron el gobierno de la Generalidad y los diputados de los partidos secesionistas en el Parlamento el 27 de octubre de 2017 (27-O), la Comunidad de Cataluña vuelve a estar sumida en la confusión más absoluta y su capital Barcelona ennegrece con el fuego de la furia incendiaria.

Entretanto, esos mismos partidos negocian sin pudor cómo repartirse el botín de la Generalidad —centenares de puestos de libre designación están en juego y el control de 46.000 millones de los presupuestos de la Generalidad— tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 14 de febrero (14-F). ERC, Junts per Catalunya (JxC) y la CUP volvieron a revalidar otra vez su mayoría en el Parlamento de Cataluña (76 diputados), pese a perder casi 586.175 votos, gracias a la debacle sufrida por Ciudadanos que se dejó nada menos que 952.912 votos de los 1.109.732 logrados en las elecciones autonómicas de 2017. La espantada de Arrimadas dejó a la formación naranja con 156.819 votos muy cerca de la casilla de partida en 2006.

3 años y 4 meses después del golpe de Estado que protagonizaron el gobierno de la Generalidad y los diputados de los partidos secesionistas en el Parlamento el 27 de octubre de 2017 (27-O), Cataluña vuelve a estar sumida en la confusión más absoluta

Como anticipaba en mi artículo Menos votantes, más de lo mismo (Expansión, 15 de febrero), la CUP está haciendo valer sus 9 diputados para apretar las tuercas a Aragonés (ERC), ansioso de convertirse en el quinto presidente de la Generalidad desde 2010. La formación antisistema planteaba tres exigencias para iniciar la negociación: desmantelar la brigada antidisturbios de los Mozos de Escuadra e iniciar la transición hacia un nuevo modelo de policía, fijar la fecha para celebrar un nuevo referéndum de autodeterminación —uno cada tres años parece ser ya la costumbre— y poner en marcha un plan de choque social del que la ‘okupación’ legal de viviendas es sólo una demanda de las muchas que exigirá la formación anticapitalista.

Ahora quieren meter a fondo la zarpa en los presupuestos de la Generalidad que va a vivir un año más con presupuestos prorrogados y al albur de las exigencias de la CUP para aprobar los presupuestos de 2022. Esta situación augura más desgobierno, inseguridad jurídica y declive económico, una amenaza para la supervivencia de empresas y puestos de trabajo en Cataluña.

Cronificación del desgobierno

Cataluña es ya un laboratorio donde el incumplimiento reiterado por parte de sus propios gobernantes de la Constitución, el Estatuto y las demás normas que los legitiman, y el desacato que han mostrado esos mismos gobernantes a los autos y las sentencias de los Tribunales, amenaza con cronificar el desgobierno en que está sumida desde al menos 2012, y elevar a nuevas cotas la violencia del proceso insurreccional que se inició a finales de 2015. La inestabilidad política en esta legislatura lleva trazas de ser al menos tan intensa y funesta como la de la XI Legislatura, que comenzó con el veto de la CUP a la investidura de Mas en noviembre de 2015 y su apoyo a la investidura de Puigdemont el 10 enero de 2016, y acabó con la destitución del gobierno de la Generalidad y la disolución del Parlamento de Cataluña el 27-O.

Si finalmente Aragonés se aviene a las exigencias de la CUP podemos estar seguros de que van a persistir e incluso intensificarse el desgobierno, la inseguridad jurídica y el declive económico padecido en los últimos años.

Lo grave de este «más de lo mismo» que se avecina en la todavía nonata XIII Legislatura no es que la CUP haga valer sus 9 escaños para extraer concesiones a Aragonés, algo previsible, sino que quien aspira a presidir el gobierno de la Generalidad se avenga de nuevo a negociar su investidura con quienes pretenden intensificar el proceso insurreccional para sacar a Cataluña no sólo de España sino también de la Unión Europea y dar así el golpe de gracia a la economía catalana que renquea y sobrevive con respiración asistida desde 2017. No han aprendido nada.

De algo podemos estar seguros: mientras dure su gobierno persistirá la inestabilidad política, social y económica en Cataluña. Y lo asombroso es que, pese al riesgo que entraña su liderazgo, 1.220.860 catalanes apoyaran el 14-F a dos partidos, ERC y JxC, que dan alas a quienes reivindican movilizaciones en las que se vandaliza el comercio y los equipamientos públicos, se ataca a los Mozos de Escuadra y a los policías municipales, y contemplan con indisimulada satisfacción como esa inseguridad jurídica alimenta la marcha de empresas en Cataluña, como disminuye el empleo y el paro aumenta.

Si finalmente Aragonés se aviene a las exigencias de la CUP podemos estar seguros de que van a persistir e incluso intensificarse el desgobierno, la inseguridad jurídica y el declive económico padecido en los últimos años

Aprovechar la Recesión Epidémica para intensificar el plan insurreccional encaja perfectamente dentro de la lógica perversa de la CUP, ya que no hay receta más segura para acabar con el capitalismo que ahuyentar a inversores, destruir capital privado y público y crear un clima de inseguridad jurídica y declive económico hasta logra imponer su república y proceder a nacionalizar el menguado botín: lo que reste de entidades financieras y aseguradoras, empresas estratégicas, viviendas vacías, hoteles cerrados, etc…

El futuro de Aragonés

Poco o nada debe preocuparnos cuál pueda ser el futuro de Aragonés y de su tropa de infantería, si finalmente ERC claudica a los dictados de la CUP. Le auguro que más pronto que tarde quedará fuera de juego, bien porque la CUP le retirará su apoyo si incumple lo pactado, bien porque acabará, como Puigdemont, siendo destituido. Le veo pasando a engrosar la ya larga lista de Nada Honorables expresidentes de la Generalidad que le han precedido en el cargo —Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont y Torra—, disfrutando el generoso sueldo y la pensión vitalicia, con despacho, asistente personal y chófer, con que serán premiados sus servicios al país, todo a costa de los cada vez más empobrecidos contribuyentes catalanes.

Son éstos últimos los que verdaderamente deben preocuparnos porque una legislatura más de desgobierno, conflictividad social y violencia callejera, y parálisis económica, sumada a los efectos de la Recesión Epidémica, puede dejar Cataluña reducida a una sombra de aquella sociedad dinámica, próspera y abierta a Europa a la que se miraba con admiración desde otros lugares de España hace unas décadas.

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