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Una Cataluña antidemocrática y violenta

Varias motos ardiendo durante las manifestaciones en apoyo a Hasél Foto: Twitter SCC

Mientras ERC negociaba con la Coordinadora de Unidad Popular (CUP) la investidura de Aragonés y otros asuntos de vital importancia para el ‘país’, tales como desmantelar la unidad antidisturbios de los Mozos de Escuadra, fijar la fecha del tercer referéndum de autodeterminación y poner en marcha un plan de choque social que de por buena la ‘okupación’ de las viviendas vacías, Cataluña volvía a ser pasto del proceso insurreccional en su versión más primitiva y violenta: las manifestaciones, las llamas y los saqueos asolaban una vez más varias ciudades catalanas.  

El centro de Barcelona, la joya de la ‘república’, ha sido el epicentro de los violentos enfrentamientos vividos entre los manifestantes y los Mozos de Escuadra y la Guardia Municipal. Con insuficientes medios y sin directrices políticas claras para atajar la violencia, las fuerzas de orden público se vieron desbordadas, noche tras noche, y no pudieron evitar la destrucción de equipamientos públicos y propiedades privadas y el saqueo de los comercios. ¡Como si hoteles, restaurantes, entidades financieras y establecimientos comerciales no tuvieran ya bastante con el desplome del turismo y la caída del consumo causado por la Recesión Epidémica!  

El otoño caliente de 2017

La violencia vivida estos días no es un hecho singular o atípico sino la consecuencia del proceso insurreccional vivido en Cataluña desde la investidura de Puigdemont, con el apoyo de la CUP, como presidente del gobierno de la Generalidad el 10 de enero de 2016 y el nombramiento de Junqueras (ERC) como vicepresidente y consejero de Economía. El fracaso del golpe de Estado en 2017 y la aplicación del artículo 155 de la Constitución no varió en lo sustancial el equilibrio de fuerzas. Los mismos partidos han retenido el control de ambas instituciones y la XIII Legislatura que se puso ayer en marcha augura más de lo mismo. 

La violencia ha estado presente en la mayoría de las movilizaciones ‘pacíficas’ en Cataluña desde 2017

La violencia ha estado presente en la mayoría de las movilizaciones ‘pacíficas’ en Cataluña desde 2017. El 27 de marzo de 2017, Gabriel y Fernández, dirigentes de la CUP, dirigían el asalto  de varias decenas de arranitas a la sede del PP en Barcelona. Era el aperitivo de los actos violentos que Arran perpetró durante el verano y otoño de 2017, cuando el proceso insurreccional alcanzó su punto álgido. Por aquellas fechas, publiqué un artículo titulado “En manos de ‘arranitas’ y ‘cuperas’” (Expansión, 15/09/2017) en el que denunciaba “los actos vandálicos y autopropagandísticos que perpetraron y reivindicaron las hordas de Arran, la organización juvenil de la CUP, contra intereses turísticos en Barcelona y Mallorca, sin que el gobierno de la Generalitat en Cataluña ni el Balear interpusieran denuncias contra la organización donde militan las autoras de los hechos, calificados benévolamente por la CUP, como ‘actos simbólicos’ contra un modelo de turismo al que culpan de la destrucción del territorio y la precarización del empleo”. Claro que para destrucción del territorio y precarización del empleo se bastan y sobran estas peligrosas energúmenas con sus exhibiciones de fuerza bruta al más puro estilo nazi. 

Alentado por Arran y la CUP y apadrinado a prudente distancia por el mismísimo gobierno de la Generalidad, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural (Ómnium), el ‘pacifismo’ violento alcanzó la mayoría de edad en vísperas del referéndum al crearse los  autodenominados Comités de Defensa del Referéndum (CDR). Las manifestaciones convocadas por la ANC y Òmnium frente a la Consejería de Economía fueron un preludio de las batallas campales que estas organizaciones desataron durante la jornada del 1 de octubre (1-O), cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cumpliendo un mandato judicial, se personaron en algunos centros ilegalmente habilitados como centros electorales para requisar urnas y papeletas. 

No está de más recordar el papel esencial que desempeñaron el 1-O la Consejería de Educación y los ayuntamientos

No está de más recordar el papel esencial que desempeñaron el 1-O la Consejería de Educación y los Ayuntamientos, en su gran mayoría integrados en la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). En una decisión insólita y sin precedente alguno, el gobierno de Puigdemont-Junqueras y los municipios permitieron a familias con niños ocupar centros educativos al finalizar las clases el viernes 29 de septiembre para supuestamente celebrar la ‘fiesta de otoño’. Personalmente, comprobé cómo padres de compañeros de mis hijos habían ocupado el gimnasio del colegio público Pins del Vallés en Sant Cugat, traído alimentos y bebidas y acomodado colchones para pasar allí las noches del viernes y sábado en fraternal convivencia. El objetivo era impedir con su presencia continuada que los Mozos sellaran la entrada del colegio a las 6:00 el 1-O, tal como había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y lograron su propósito. El cuartel de los Mozos situado a escasos 50 metros del colegio ni desalojó a los okupas ni selló la puerta de entrada al centro, como había ordenado la juez. Tampoco se molestaron en requisar las urnas y papeletas, que llegaron sin contratiempo a al centro pasando por delante de la puerta del cuartel de los Mozos de Escuadra, ni en impedir que se ‘constituyeran’ las mesas.   

No cabe duda de que la operación 1-O había sido cuidadosamente diseñada desde el gobierno de la Generalidad con la complicidad de los Mozos, los Ayuntamientos y las organizaciones independentistas. La resistencia que encontraron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los centros donde acudieron a requisar urnas y papeletas, puertas cerradas, negativa de los miembros de las mesas a entregar el material, insultos y lanzamiento de objetos contra la policía, formaba también parte del plan del gobierno de la Generalidad para desacreditar en el exterior la democracia española y justificar así el golpe de Estado que consumaría el 27 de octubre de 2017 cuando aprobaron la declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña y pidieron el reconocimiento internacional de la república catalana.  

La violencia que no cesa

Tras el 1-O, los CDRs se redenominaron comités de defensa de la república y no les ha faltado ni el aliento ni la ayuda financiera indispensable para continuar con sus acciones violentas. Fue el propio Torra, presidente del gobierno de la Generalidad quien los alentaba a persistir en sus acciones violentas el 1 de octubre de 2018, un año después del 1-O. Informaciones publicadas en diversos medios de comunicación atestiguan que varios miembros de la familia de Torra participaron en la ocupación del aeropuerto de El Prat, que algunos de ellos eran miembros de CDRs, y que la hija menor militaba en la CUP. El automóvil de su hija mayor Carola fue identificado por los Mozos de Escuadra como uno de los que participaron en el intento fallido de cortar las vías del AVE a su paso por la provincia de Gerona el 14 de noviembre de 2019. Por si había alguna duda, la implicación de la familia de Torra revela que estos grupos violentos han contado con la comprensión y apoyo de las máximas instancias del gobierno de la Generalidad. 

La implicación de la familia Torra revela que estos grupos violentos han contado con la comprensión y apoyo de las máximas instituciones de la Generalidad

Cualquier motivo ha servido para que estos grupos corten avenidas, autopistas y vías férreas, ocupen aeropuertos, estaciones ferroviarias o edificios públicos, agredan a estudiantes universitarios y asalten las sedes de partidos políticos contrarios a la independencia, e incendien, llegado el caso, las ciudades catalanas. Sin pretender ser exhaustivo, mencionaré unos cuantas ocasiones que ilustran la  reiteración, impunidad y generosa financiación con que han actuado estos grupos violentos: las manifestaciones tras la detención de los principales protagonistas del golpe de Estado que no habían abandonado Cataluña por piernas; los cortes de carreteras y levantamiento de peajes en la Semana Santa de 2018; el inicio del procedimiento de instrucción contra los golpistas por el juez Llarena en noviembre de 2018;  la celebración de un consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre de 2018; nuevos ataques a las sedes del Partido Popular y Ciudadanos en varias ciudades de Cataluña; la publicación de la sentencia que condenaba a los golpistas el 14 de octubre de 2019 que dio lugar al asedio violento de la Delegación del Gobierno en Barcelona el 16 octubre de 2019; la visita del Rey Felipe VI a Barcelona el 9 de octubre de 2020… Y así hasta llegar a la violencia vivida en Barcelona y otras ciudades catalanas el pasado mes de febrero. 

Con los delincuentes, contra los Mozos

Cría cuervos y te sacarán los ojos. Algunos de los que aplaudieron la complicidad de los Mozos el 15-S y el 1-O en 2017 ahora piden sus cabezas y algunos ‘cuperos’ se congratulaban de los ataques perpetrados contra los Mozos. Aragonés, diputado de la CUP y miembro de la mesa permanente del Parlamento, cuestionaba el 3 de marzo desde el atril en el Parlamento la profesionalidad de los Mozos a los que acusaba poco menos que de ser pistoleros de extrema derecha. Y Sabater, número 1 en la lista de la CUP al Parlamento en las elecciones celebradas el 14-F y diputada electa, se ha contentado con reconocer que «el riesgo para la vida marca un límite», dando a entender que toda la violencia ejercida estos días contra comerciantes, ciudadanos de a pie, y policías urbanos resulta admisible y excusable porque, según nos aclara esta energúmena, la criminalización “no sirve para nada… es hipócrita. Es una simplificación que seguramente tranquiliza conciencias, pero que no resuelve el problema”. Algunos nos preguntamos cómo tranquilizan Aragonés y Sabater su conciencia, suponiendo que esa palabra tenga algún significado para ellos.  

Algunos nos preguntamos cómo tranquilizan Aragonés y Sabater su conciencia, suponiendo que esa palabra tenga algún significado para ellos

¿Quieren saber cuál es la receta de la CUP para resolver el conflicto con los Mozos? Limpiar a fondo el cuerpo, porque como explicó Aragonés (CUP) en el Parlamento (Diario de Sesiones, sesión de la Diputación Permanente, 3 de marzo, p. 63), dirigiéndose al vicepresidente Aragonés (ERC) “dentro de la policía hay una parte absolutamente reaccionaria, corporativa e incluso algunos sectores cada vez más amplios de extrema derecha, extrema derecha a las que se les ha dado placa, defensa y pistola, consejero”. Ahora ya no hay ‘feixistes’ sólo en la policía del Estado sino que están infiltrados también en los Mozos. Y si quieren saber cuál es el modelo de policía por el que aboga la CUP, ahí tienen al diputado Aragonés para explicárselo: un cuerpo dedicado a proteger las ‘pacíficas’ actuaciones de ‘arranitas’, ‘cuperos’ ‘cderos’ y ‘okupas’ para que nadie les moleste cuando se apropien de la propiedad ajena, ataquen sedes de otros partidos, amedrenten a los jueces, o la emprendan a adoquinazos contra los pérfidos Mozos y capitalistas de todas las especies. 

Sámper, consejero de Interior y militante de Juntos por Cataluña (JxC), siguiendo la línea oficial marcada desde Waterloo, se quejaba al día siguiente del asalto a la comisaría de Vic de la “violencia extrema” de los manifestantes, aunque a renglón seguido criticaba el encarcelamiento de Hasél. Que todo un consejero de Interior se entrometa y critique abiertamente la decisión de un juez, da una idea cabal de cómo entienden los independentistas la separación de poderes y la democracia. A mí, me recuerda más bien el ordeno y mando del franquismo. Hace unos días, el exconsejero de Economía Mas-Colell se manifestaba con similar crudeza, cuando afirmaba sin rubor alguno en una entrevista que “a corto plazo, debería sacarse a la gente de la cárcel”, como si se tratara de personas inocentes a las que se ha privado de libertad por expresar sus opiniones sin juicio ni derecho a defensa. Pero incluso más preocupante resulta que el vicepresidente Aragonés no saliera de inmediato a respaldar a los Mozos de Escuadra y a la Guardia Urbana, convertidos ahora en villanos, y tardara dos semanas en condenar con firmeza “todos los tipos de violencia”. Ojo al ‘todos’. 

Que todo un consejero de Interior se entrometa y critique abiertamente la decisión de un juez, da una idea de cómo entienden la separación de poderes

Estaba el vicepresidente esos días muy ocupado (y preocupado) negociando con la CUP cómo concretar los avances hacia la ‘república catalana’ para conseguir el apoyo de los anticapitalistas a su investidura. Nada nuevo bajo el sol. Tras las elecciones autonómicas celebradas el 27 de septiembre de 2015, el expresidente Mas ya negoció sin éxito su investidura con la CUP, y poco después pudimos constatar los frutos de la fructífera colaboración entre Juntos por el Sí y la CUP durante el gobierno de Puigdemont-Junqueras.  Los augurios no son mucho mejores ahora. El nombramiento de Borrás, número 1 de JxC, como presidenta del Parlamento, comprometida según ha manifestado en su discurso inaugural a retomar el camino donde lo dejó Forcadell -con la aprobación de la declaración unilateral de independencia el 27-O-, y la elección de Juvillà (CUP) como tercer secretario de la Mesa del Parlamento, indican claramente que la XIII Legislatura va a seguir los pasos de la XI. Más desgobierno, más confrontación social, más declive económico y más violencia es lo que nos espera. 

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