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El PSC quiere saber si el republicano Aragonés está dispuesto a ser un títere del fugado Puigdemont

La diputada socialista en el Parlament Eva Granados deja claro que el Consell per la República "no es nada"

La socialista Eva Granados, en el centro, vicepresidenta segunda del Parlament (E.G).

El PSC ha puesto este lunes el dedo en la llaga de la delirante negociación entre ERC y JxCat para lograr que la posconvergencia dé su apoyo al republicano Pere Aragonés como el 132 presidente de la Generalitat. La diputada socialista y miembro de la Mesa del Parlament, Eva Granados, no ha podido ser más clara en su definición de la situación: «Lo que está en cuestión es si ERC reconoce a Puigdemont como presidente legítimo«.

La pretensión de Puigdemont de convertir de convertir el Consell per la República en la Generalitat y ser él quien presida Cataluña desde Waterloo es, de momento, rechazada por ERC. Sin embargo, en el PSC no tienen del todo claro que la formación liderada por Oriol Junqueras vaya a ser capaz de mantener este rechazo. Granados ha definido esta asociación privada como «un artefacto parapolítico diseñado a la medida de Puigdemont«. Y ha preguntado a Aragonés si está dispuesto a aceptar una Presidencia «intervenida por el Consell per la República». «¿Querrá una Presidencia tutelada una vez más?», se ha preguntado la diputada del PSC, en referencia al autodenominado «presidente vicario» que fue Quim Torra.

Menosprecio a las instituciones

Granados ha dejado claro lo obvio, es decir, que el Consell per la República «no es nada«. Pero también lo más grave: «Dice muy poco de quien quiere ostentar la Presidencia de la Generalitat que se menosprecie de esta manera las instituciones». Y es que el objetivo de JxCat de convertir el Consell per la República en la nueva Generalitat solo puede considerarse como una aberración democrática.

Por un lado, significa no aceptar el resultado de las urnas del 14-F, que dieron la victoria al PSC pero colocaron a ERC como único partido con capacidad para formar gobierno. Y, por otro, supone convertir en institución de gobierno para todos los catalanes a una asociación privada radicada en Waterloo, además de dirigir la gestión de los millonarios fondos europeos para la reconstrucción y seguir controlando y alimentando la extensa red clientelar creada durante cuatro décadas por la derecha catalana.

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