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Armonizar patrimonio y sucesiones: es un retroceso

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero/ Europa Press

La Ministra de Hacienda viene hablando de impuestos en dos frentes. Uno es el de la reforma profunda del sistema fiscal, para lo que ha encargado un informe a una Comisión de expertos profesores. La semana pasada decíamos que no es el momento para esto y que hay que esperar a que la recuperación se consolide. Tal como vamos, habrá que esperar hasta principios de 2023. Y anotemos que, al menos, ha desaparecido un peligro: el Tribunal Constitucional alemán ha dado luz verde para que Alemania apruebe el Fondo de Recuperación Europeo (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia).

La armonización de patrimonio y sucesiones

El segundo frente de la Ministra es el de la armonización de los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones. El Gobierno central, animado por ERC, está obsesionado con este tema. En estos impuestos las CCAA tienen competencias normativas y, en el ejercicio de esas competencias, todas las CCAA han retocado algo, unas para endurecer (como Cataluña), otras para bonificar (como Madrid).

«El Gobierno central, animado por ERC, está obsesionado con este tema (…) les preocupa que en Madrid no se tribute nada por Patrimonio ni por Sucesiones«

Les preocupa que en Madrid no se tribute nada por Patrimonio ni por Sucesiones (siempre que sea de padres a hijos o entre cónyuges). Y lo que quieren decir cuando hablan de armonizar es que van a cambiar la ley para que los madrileños paguen por Patrimonio y por Sucesiones. Como los catalanes.

Tanta es su obsesión que no les ha importado torpedear el mensaje de su candidato, el señor Gabilondo, quien, en un arranque de buenismo fiscal, había prometido no tocar la fiscalidad madrileña en dos años. No sé cómo pretendieron convencernos de que no había incompatibilidad entre lo que prometía Gabilondo y su propuesta de armonizar.

El caso es que las encuestas no van bien para Gabilondo y, tras el Consejo de Ministros del martes, la Ministra ha matizado sus propósitos, desmintiendo subidas de impuestos en 2022 y apostando por acometer los cambios en el momento en que las condiciones económicas lo permitan. Veremos cómo van a armonizar a los madrileños después del 4 de mayo.

La competencia de las CCAA en sus ingresos públicos

Los ingresos de las CCAA son los siguientes:

1.Un porcentaje de los grandes impuestos del Estado: el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales (Petróleo, Tabaco, Alcohol). Esta partida es la más importante. Aquí las CCAA tienen competencia

normativa sobre el tramo autonómico del IRPF (y así Cataluña maltrata a las rentas modestas cobrándoles un 12%, mientras que Madrid les cobra un 9%).

2.El 100% de los impuestos del Estado cedidos: Transmisiones, Patrimonio, Sucesiones y Juego. Aquí las CCAA tienen competencia sobre la tarifa y las bonificaciones de la cuota. Por eso en Cataluña se puede pagar un 10% de Transmisiones mientras que en Madrid se paga un 6%. Por eso, en Cataluña se paga fuerte por Patrimonio y Sucesiones y en Madrid no se paga nada.

3.Sus propios impuestos autonómicos. La recaudación por estos impuestos es muy pequeña. Aquí Cataluña ostenta un triste liderazgo: tiene 19 impuestos propios, más que nadie. Madrid tiene 3.

4.Las transferencias que reciben del Estado. Cifras importantes.

¿Qué poder tienen las CCAA sobre los impuestos?

El Estado español es un Estado autonómico. Las CCAA son parte esencial de nuestra arquitectura política. En materia fiscal, tener autonomía significa poder decidir cómo se gasta el dinero en las competencias asumidas (sanidad, educación, servicios sociales…) y, también, tener cierta capacidad de decisión sobre los ingresos públicos, es decir, sobre los impuestos que permiten sostener esos gastos.

¿Qué poder tienen las CCAA sobre los impuestos? Las CCAA tienen poder (competencia normativa) sobre el tramo autonómico del IRPF, sobre los impuestos cedidos al 100% (Transmisiones, Patrimonio, Sucesiones y Juego), y sobre sus impuestos propios. ¿Cuánto supone esto en una autonomía fiscalmente durísima, como Cataluña? Respuesta: la competencia normativa de Cataluña recae, como mucho, sobre el 10% de sus ingresos públicos (en 2020 los ingresos públicos de Cataluña fueron 30.000 millones). En las demás autonomías ese porcentaje es todavía menor. El 90% restante depende por entero de la regulación estatal.

¿Y, dentro de ese 10%, qué peso tiene la recaudación por Patrimonio y Sucesiones? En Cataluña, es un 3,6% de los ingresos públicos, unos 1.080 millones. En las demás autonomías, todavía menos.

Este es el poder que tienen nuestras CCAA sobre sus ingresos públicos. Irrisorio. Y es este irrisorio poder el que se quiere restringir con la armonización promovida por el Gobierno central (con apoyo de ERC).

Restringir ese poder irrisorio, no sólo en Madrid, sino en todas las CCAA (Cataluña incluída), con el pretexto de la armonización, sólo puede ocurrírsele a un enemigo del Estado autonómico. Se pretende homogeneizar la tributación en todos los territorios, dejando en manos de las CCAA una horquilla donde puedan regular pequeñas diferencias. Esa armonización equivale a una descarada re-centralización. Y es un peligroso precedente que puede hacerse extensivo a otras materias. Por eso es un retroceso en la construcción autonómica. No es posible entender que los partidos nacionalistas voten a favor de esta armonización. Puestos a armonizar, a lo mejor alguien propone armonizar el régimen fiscal del País Vasco y Navarra.

Hay que decir que en el sistema de financiación autonómica existen fondos de compensación que tienen en cuenta lo que se recauda de más o de menos en cada Comunidad. Estas cosas hay que tratarlas en la reforma, pendiente y delicada, del sistema de financiación autonómica.

Se demoniza a la Comunidad de Madrid hablando de dumping fiscal, de competencia desleal, de aprovechar el efecto capitalidad, de atraer a los ricos de otras Comunidades. Todo eso son bobadas. Madrid es la capital de España y eso siempre será un incentivo natural para la economía y para las personas. A nadie se le ocurre restringir esas ventajas.

Respecto a la des-localización: no tenemos datos sobre los ricos que se trasladan a Madrid para no pagar Patrimonio o Sucesiones. Lo que hay es bastantes casos de des-localizaciones ficticias, que son debidamente corregidos por la AEAT y las Agencias autonómicas. Y si es cierto que muchos ricos se han trasladado a Madrid, no nos cabe duda de que, por las mismas razones, se trasladarán a Portugal o al Reino Unido.

Todo el mundo sabe que hacer tributar a los madrileños por Patrimonio y Sucesiones no va a beneficiar en absoluto a las demás Comunidades. Lo que sí va a provocar es un perjuicio a la Comunidad de Madrid. En la pretensión de armonizar hay mucha política partidista, poca justicia fiscal y ningún impulso autonómico.

El impuesto sobre el patrimonio debe ser suprimido

Para terminar: el Impuesto sobre el Patrimonio (o sobre la riqueza o sobre las grandes fortunas) debe ser suprimido. Veamos por qué.

El Impuesto sobre el Patrimonio provoca doble imposición con el IRPF. En el año 1 grava la renta que nos queda después de consumir y haber pagado IRPF, es decir, grava por segunda vez una renta que ya tributó. En el año 2 grava por tercera vez esa renta ahorrada del año 1, más la renta ahorrada en el año 2. Y así sucesivamente hasta producir un claro efecto confiscatorio.

También provoca doble imposición con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El Impuesto sobre el Patrimonio penaliza el ahorro. Maltrata a las personas que optan por invertir parte de su renta en inmuebles, renta fija, acciones, fondos de inversión… frente a las que optan por consumir. Es absurdo.

El Impuesto sobre el Patrimonio está totalmente obsoleto. Sus tipos de gravamen, entre el 0,2% y el 2,5%, se fijaron en 1991 cuando el bono español a 10 años pagaba el 11,72%. ¿Cómo se pueden mantener esos tipos hoy (e incluso subirlos) cuando ese mismo bono paga hoy el 0,40%?

Por eso, un Impuesto sobre el Patrimonio como el que hay en España no existe en ningún país de la UE. Sólo Holanda tiene algo parecido. Y, lo que es más revelador, bastantes países europeos que tenían un Impuesto sobre el Patrimonio lo han eliminado. Es el caso de Italia, Austria, Alemania, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Francia.

Por eso, la Comisión Lagares para la Reforma del Sistema Fiscal propuso en 2014 la supresión de este Impuesto, sin paliativos. De esa Comisión formaba parte el actual gobernador del Banco de España.

España es el único país de la UE que mantiene esta antigualla. Ya que quieren armonizar, ¿por qué no nos armonizamos con Europa y lo suprimimos?

Jesús Santidrian
Jesús Santidrian
Inspector de hacienda jubilado

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