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Vox arremete contra el Síndic de Greuges y demuestra el poco ‘afecto’ de Ribó por los constitucionalistas

Sergio Macián denuncia que el presupuesto para esta entidad, que cuenta con 70 empleados, es de casi 7 millones

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en una comparecencia ante el Parlament (Europa Press).

Como «un bon vivant de la política» define Vox al Síndic de Greuges, Rafael Ribó. No en balde, lleva 17 años al frente de la institución, lo que significa, según el diputado autonómico Sergio Macián, «toda una vida viviendo de lo público» pues Ribó también ha sido diputado en el Congreso y en el Parlament. Pero Vox considera que Ribó, además, solo ejerce como Defensor del Pueblo cuando este es independentista. «Más que un defensor del pueblo», asegura Macián, «actúa como una correa de transmisión del Gobierno separatista y y como comisario de su propaganda».

Estas afirmaciones las ha realizado Macián tras la comparecencia de Ribó ante el Parlament para dar cuenta del trabajo del Síndic de Greuges durante 2019. Desde Vox, se le ha recriminado, entre otras cosas, no haber intervenido para frenar los ataques a esta formación en Cataluña o para acabar con «la vulneración del principio de neutralidad política por parte de algunas universidades«.

Macián también ha denunciado cómo esta institución se ha mantenido impasible ante «las multas lingüísticas contra el principio de oficialidad» del catalán, además de su no intervención en cuestiones tan controvertidas como los cortes diarios de tráfico que, desde octubre de 2019, realizan los separatistas en la estratégica Meridiana de Barcelona.

Una «agencia de colocación»

Ante esta situación, los 11 diputados consideran que la figura del Síndic de Greuges debe «desaparecer«. A ello suman que ya existe el Defensor del Pueblo a nivel nacional que también ampara a los catalanes. La institución autonómica, además, le cuesta a los ciudadanos unos 7 millones de euros anuales para mantener lo que desde Vox consideran que es «una agencia de colocación» pues cuenta con nada menos que 70 empleados. «Este dinero», asegura Macián, «podría destinarse a paliar las consecuencias de la crisis». Y es que, ha añadido, ahora mismo hay en Cataluña «más de 500.000 parados, 130.000 trabajadores en ERTE y unas colas del hambre cada vez más largas».

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