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Foro de profesores denuncia el acoso y señalamiento del independentismo a los jueces en Cataluña

Los autores explican que “durante el intento nacionalista de derogación de la Constitución en Cataluña en el año 2017” el ataque al Poder Judicial “fue especialmente virulento"

El expresidente Carles Puigdemont posó en 2017 con todos los autos judiciales que le advertían de que no debía celebrar el referéndum ilegal.

«La función de los jueces es aplicar la ley -y solamente a ella están vinculados- (…) El poder judicial en su conjunto ha de estar configurado de tal manera que quienes ejercen la función jurisdiccional han de poder hacerlo sin temer presiones o amenazas externas y, en particular, de los otros poderes del Estado».

Así lo indican Rafael Arenas García, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de Barcelona, Chantal Moll de Alba Lacuve, Profesora de Derecho Civil, Universidad de Barcelona, Alfredo Crespo Alcázar, Profesor de Relaciones Internacionales y de Derecho, Universidad Antonio de Nebrija y Universidad Internacional de Valencia, Germán M. Teruel Lozano, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Murcia, José Antonio Olmeda, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración, UNED y Fernando Jiménez Sánchez, Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Murcia, todos ellos miembros del Foro de Profesores, en ‘La independencia Judicial en España‘, un informe en el que ponen de manifiesto y denuncian el acoso y persecución del independentismo al sistema judicial en Cataluña.

2017: «Un ataque al poder judicial especialmente virulento»

Los autores remarcan en el estudio la especial virulencia con que se atacó al poder judicial durante el intento nacionalista de derogación de la Constitución en Cataluña en el año 2017.

«No solamente se producía la sistemática deslegitimación de sus actuaciones, sino que se llamó abiertamente a impedir el desarrollo de actuaciones judiciales»

«No solamente se producía la sistemática deslegitimación de sus actuaciones, sino que se llamó abiertamente a impedir el desarrollo de actuaciones judiciales (un registro en el gobierno regional catalán el 20 de septiembre de 2017, por ejemplo) o a ‘rodear’ sedes judiciales (el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el otoño de ese año 2017). A esto hay que añadir el señalamiento y acoso a jueces, especialmente virulento contra el magistrado que había instruido la causa contra los implicados en el mencionado intento de derogación de la Constitución en Cataluña como paso previo a la creación de un estado independiente en el territorio de la actual Comunidad Autónoma de Cataluña».

Acoso a la vivienda del juez Pablo Llarena

Y con la legitimación del poder público

Otra de las cuestiones que aborda el informe es como la implicación del poder público en estos ataques y deslegitimación de los jueces y tribunales ha sido constante y significativa.

«Se ha convertido en icónica una fotografía del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, posando con los cinco requerimientos emitidos por el Tribunal Constitucional a la vez que indicaba que no le impedirían seguir adelante con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Las críticas al Tribunal Constitucional y al conjunto de los tribunales españoles fueron constantes por parte de las autoridades públicas y continúan en la actualidad. En ese sentido, y sin querer ser exhaustivos, podemos mencionar declaraciones del Parlamento de Cataluña rechazando sentencias judiciales y calificando de autoritario al Tribunal Supremo o rechazando investigaciones por desobediencia al Presidente de la Generalitat. Este acusó de politización a los tribunales y pidió expresamente que el Parlamento regional no acatara esa decisión».

Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra: Presidentes de la Generalitat enfrentados a la justicia

«El rechazo a las decisiones judiciales por parte de las autoridades públicas es tan continuo que los tres últimos presidentes de la Generalitat se han visto enfrentados a la justicia por esa causa. Artur Mas, presidente de la Generalitat entre 2010 y 2016 fue condenado por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar una consulta sobre la independencia de Cataluña, que había sido prohibida por el propio tribunal y luego declarada incompatible con la Constitución Española.

Quien le sucedió en el cargo, Carles Puigdemont, presidente entre 2016 y 2017, se encuentra actualmente fugado de la justicia por su participación en los sucesos de 2017 y el Parlamento Europeo le ha retirado su inmunidad con el fin de que se pueda continuar con las actuaciones judiciales contra él.

Joaquim Torra, presidente entre 2018 y 2020, ha sido inhabilitado por haber desobedecido a la administración electoral al mantener en la sede de la Generalitat, en período electoral, una pancarta de apoyo a los condenados por los sucesos de 2017. Es necesario destacar que esa pancarta suponía en sí una deslegitimación del poder judicial, toda vez que supone tachar de presos políticos a quienes fueron condenados por los tribunales de justicia».

«Resulta completamente contrario a la cooperación leal entre poderes públicos que una autoridad utilice la sede del gobierno para intentar deslegitimar la actuación de los tribunales.

Joaquim Torra se enfrenta ahora a otro proceso por desobediencia por haberse negado a cumplir una orden judicial para que retirara esa misma pancarta, en este caso fuera del período electoral».

«Resulta completamente contrario a la cooperación leal entre poderes públicos que una autoridad utilice la sede del gobierno para intentar deslegitimar la actuación de los tribunales».

«Por supuesto que la crítica y el examen público a las decisiones judiciales ha de ser no solamente admitido, sino promovido; pero sería bueno que se tuviera claro que la crítica de individuos, partidos políticos, asociaciones o cualquier otro actor político, adquiere una naturaleza completamente diferente cuando es emitida por un poder público. El respeto al equilibrio institucional y a la división de poderes excluye que un poder público
se posicione públicamente contra el poder judicial o contra las decisiones que adopta. En este sentido, es preocupante la proliferación de mociones contra ciertas decisiones judiciales».

Campaña de desprestigio contra la imagen de España y una ‘opaca’ actividad internacional

«El independentismo catalán en su objetivo rupturista ha buscado en todo momento menospreciar la imagen de España como Estado de Derecho, particularmente a nivel internacional. Igualmente ha creado una narrativa en la que ha tendido a presentarse como un movimiento pacífico y democrático».

«El independentismo catalán ha buscado en todo momento internacionalizar esta visión negativa de España a través de un entramado dependiente de

la Generalitat en el que sobresalía Diplocat»

«El independentismo catalán ha buscado en todo momento internacionalizar esta visión negativa de España a través de un entramado dependiente de la Generalitat en el que sobresalía Diplocat (una entidad cuya gestión económica fue objeto de investigación por parte del Tribunal de Cuentas). Con motivo del referendo ilegal del 1-O de 2017, acudieron a Cataluña “visitantes internacionales”, en palabras Albert Royo, responsable de Diplocat, negando éste durante el juicio del procés que se tratara de observadores internacionales, a los que pagaron 40.000 euros en concepto de viaje, alojamiento y manutención. El aludido Royo persiguió en todo momento limitar la influencia de los “visitantes/observadores” internacionales, aduciendo que se trató de una casualidad que se hallaran en Cataluña cuando se iba a celebrar la consulta ilegal. Tales aseveraciones iban en contra de lo difundido por Diplocat los meses anteriores al 1-0, cuando empleaba sin tapujos la expresión “observadores internacionales” .

Recursos públicos destinados a la actividad exterior

Ante el tema que nos ocupa, bien merece la pena recuperar la conversación que El Liberal tuvo con Susana Beltrán, exdiputada en el Parlament y, durante cinco años, portavoz de Cs en la Comisión de Acción Exterior, transparencia y Relaciones Internacionales. Durante este periodo, Beltrán sufrió en primera persona el blindaje y opacidad de la gestión independentista más allá de nuestras fronteras.

«Vulneraron mi derecho de acceso a la información que, como diputada, es un derecho reforzado porque nuestra obligación es controlar el gobierno»

Susana Beltrán

La exdiputada, exhausta, confesó a este diario la perpetua negativa del ‘poder’ a facilitarle la información que requería con respecto a diferentes asuntos de acción exterior. Por ejemplo en el caso de Diplocat.

«Solicité la lista de los visitantes de Diplocat, pero nunca me los dieron. Además, cuando pedía comparecencias, los partidos independentistas las bloqueaban. En cinco años no conseguí que compareciese ningún delegado en el Parlament.

Susana Beltrán

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