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La CEOE y la CEE a favor de los indultos

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, durante su intervención en la asamblea de CEIM Foto: Europa Press

No sé qué les pareció a ustedes, pero a mí, como ciudadano español y catalán, no me resultó especialmente edificante ver a Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), recibir emocionado la ovación cerrada con que le obsequiaron sus pares al inicio de la Asamblea General de la organización empresarial el 23 de junio, tras haber dado la bienvenida unos días antes a los indultos que planeaba dar el gobierno Sánchez a nueve políticos catalanes que protagonizaron el proceso insurreccional en Cataluña que culminó con la constitución de la república catalana el 27 de octubre de 2017 y obligó al presidente Rajoy a invocar el artículo 155 de la Constitución Española para abortarlo.. 

Como tampoco me pareció edificante que el cardenal Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), asumiera la nota publicada por la Conferencia Episcopal Tarraconense a favor de los indultos, y unos días más tarde dejara a Monseñor Argüello, secretario general y portavoz de la CEE, la ingrata tarea de salir ante los medios de comunicación e intentar, haciendo gala de su habilidad retórica,  quitar hierro al apoyo de los miembros de la Comisión al posicionamiento de los obispos catalanes y ocultar las suspicacias y disensiones que ese respaldo había suscitado entre algunos obispos españoles. 

El quid de la cuestión reside en saber qué se entiende por ‘normalizar’ la situación

La proeza que merecía semejante demostración de solidaridad de la Asamblea de la CEOE con su presidente eran unas declaraciones realizadas por Garamendi el 17 de junio en las que el presidente de la patronal española había o que “si esto [la concesión de los indultos] acaba en que las cosas se normalicen, bienvenido sea». Estas declaraciones se producían unos días después de que Fomento de Trabajo, la centenaria patronal catalana integrada en CEOE, avalara los indultos. Más tarde, Garamendi, después de recibir un aluvión de críticas, trató de quitar hierro a sus palabras de bienvenida a los indultos recordando que su organización siempre había demostrado su compromiso con “el Estado de derecho y el imperio de la ley” y subrayaba el acendrado “sentido de Estado” de su organización. El quid de la cuestión reside en saber qué se entiende por ‘normalizar’ la situación. 

Dar la bienvenida a los indultos y defender el Estado de Derecho al mismo tiempo son dos posicionamientos más difíciles de conciliar de lo que sugieren las quizá poco meditadas declaraciones de Garamendi. No hace falta insistir, porque todo el mundo lo sabe, que los indultados por Sánchez se saltaron la Constitución Española y el Código Penal a sabiendas, fueron juzgados con todas las garantías procesales por el Tribunal Supremo, y acabaron siendo condenados por delitos de sedición y malversación de caudales públicos a penas de entre 9 y 13 años. Resulta indisputable, por tanto, que las condenas se dictaron de acuerdo con el Estado de Derecho y el imperio de la ley, y Garamendi, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto debe saberlo. Y si esto es así, resulta difícil evitar la conclusión de  que los indultos van en contra del Estado de Derecho, a menos, claro está, que los indultados reconozcan expresamente haber cometido los delitos por los que fueron condenados y se comprometan a cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico en el futuro.  

Consideran todos ellos, sin excepción, que han sido injustamente encarcelados, procesados y condenados por los tribunales y exigen consecuentemente ser amnistiados, no indultados

Pero si no he entendido mal la posición de los procesados y condenados ahora indultados, así como la de los prófugos de la justicia que se autoexiliaron para eludir ser procesados, es que ninguno de ellos cometió delito alguno, al limitarse a ejecutar el mandato recibido del ‘pueblo’ catalán de constituir una república independiente en Cataluña en las elecciones autonómicas celebradas el 25 de septiembre de 2015. Consideran todos ellos, sin excepción, que han sido injustamente encarcelados, procesados y condenados por los tribunales, y exigen consecuentemente ser amnistiados, no indultados. La negativa de los protagonistas del proceso insurreccional a reconocer los delitos cometidos prueba que, contrariamente a lo que el gobierno Sánchez viene sosteniendo para justificar los indultos, éstos no van a servir para normalizar la situación en Cataluña, como sugería Garamendi, ni tampoco para abrir un nuevo tiempo de acuerdo y concordia, anunciado unilateralmente por Sánchez en el Liceo barcelonés, en ausencia de los líderes del movimiento nacional-secesionista.  

Mucho más probable es que los indultados, como ellos mismos no tardaron en manifestar nada más abandonar las cárceles donde cumplían sus condenas, continúen desarrollando las mismas actividades que los llevaron a sentarse ante los tribunales y a la cárcel tras ser condenados: violentando la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico para alcanzar la independencia, quebrantando los derechos fundamentales de aquellos catalanes que no comparten la ideología nacional-secesionista, chantajeando al gobierno de España para extraer más recursos y la condonación de la deuda contraída con el Estado, y cronificando el conflicto entre las instituciones de autogobierno de Cataluña y el resto de las instituciones del Estado, especialmente con los tribunales encargados de ver las causas que puedan abrirse en el futuro contra ellos.  

Mucho más probable es que los indultados […] continúen desarrollando las mismas actividades que los llevaron a sentarse ante los tribunales y a la cárcel tras ser condenados

A Monseñor Argüello le correspondió la ardua tarea de salir a explicar a los españoles que la CEE apoyaba la nota de la Comisión Episcopal Tarraconense publicada el 17 de junio, en la que los obispos de las diez diócesis catalanas se mostraban a favor del diálogo y las medidas de gracia para resolver todas las situaciones de conflicto. Como en el caso de Garamendi, el respaldo de Argüelles a la posición de los obispos catalanes en favor de “romper con actitudes inamovibles”, levantaron también numerosas reacciones en contra dentro de la sociedad española e incluso dentro de la propia Comisión. Tantas, que el Obispo auxiliar de Valladolid se vio también obligado, como Garamendi, a rectificar parcialmente sus palabras en una entrevista publicada el 26 de junio en El Norte de Castilla, en la que aclaraba que los indultos a los presos del proceso podían ser un punto de partida para el diálogo y subrayaba que “los que han sido indultados también deben indultar”. 

Las piruetas verbales de Argüello, lejos de aclarar la posición de la Iglesia española a favor del diálogo y la concordia, han añadido más confusión a la ya creada por la decisión del gobierno de Sánchez, y han puesto de manifiesto que la Iglesia está también infectada por la semilla de la discordia, sembrada con tanto celo por los ahora indultados y por casi todos quienes les precedieron al frente de las instituciones de autogobierno de Cataluña desde al menos 2010. Como Garamendi, el portavoz de la CEE ha reafirmado el compromiso de la Iglesia “con la aplicación de la ley, [con] que se respete la justicia” y con la defensa de la Constitución, pero no como un dogma, porque esta cuestión “divide a la sociedad catalana” y puede “causar tensiones fuertes en la sociedad española”.   

Claro que la Constitución no es un dogma, monseñor Argüello: los dogmas, como usted sabe muy bien, son patrimonio de las religiones

Sorprende, en primer lugar, que el portavoz de la CEE acabe de descubrirnos que la Constitución Española no es un dogma, cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles sabemos que el propio texto constitucional contempla cómo los representantes elegidos por los ciudadanos españoles al Congreso y el Senado pueden proceder para enmendarla. Claro que la Constitución no es un dogma, monseñor Argüello: los dogmas, como usted sabe muy bien, son patrimonio de las religiones, y la religión católica tiene, según me enseñaron de niño en clases de Religión, unos cuantos inamovibles. En segundo lugar, la petición de Monseñor Argüello de que los indultados deben también indultar, produce perplejidad a quien la escucha y asombra por igual a creyentes y descreídos. Se me escapa a quien deben indultar los indultados, porque la mayoría de los catalanes y españoles, ni siquiera Rajoy ni Felip VI, hemos cometido delito alguno del que debamos ser indultados.  

Y, en tercer lugar, una vez aceptado que la Constitución Española puede enmendarse, quizás convendría, como piden los obispos catalanes y apoya la CEE, iniciar un dialogo para enmendarla de forma y manera que se recupere el espíritu de conciliación y lealtad institucional que animó a quienes redactaron la Carta Magna y posibilitaron la transición de la dictadura a la democracia entre 1975 y 1978. La dificultad práctica con que choca ese hipotético diálogo es que ninguno de los actuales dirigentes de las instituciones de autogobierno de Cataluña, ni ninguno de los indultados por el gobierno Sánchez, tienen interés alguno en ponerse manos a la obra. Mas bien parece, a tenor de sus continuas declaraciones, que su único propósito es realizar un referéndum de autodeterminación, y están dispuestos a continuar dividiendo a la sociedad catalana y tensionando la sociedad española hasta lograr su objetivo. 

Pobres de aquellos catalanes que defienden el orden constitucional y rechazan la ideología nacional-secesionista imperante en todas las instituciones de autogobierno de Cataluña

Pobres de aquellos catalanes que defienden el orden constitucional y rechazan la ideología nacional-secesionista imperante en todas las instituciones de autogobierno de Cataluña, medios de comunicación públicos y subvencionados por el gobierno de la Generalidad, y organizaciones paragubernamentales al servicio del régimen, porque ellos están llamados a padecer mayores coacciones y persecución en los próximos meses y años. Hasta ahora estos ciudadanos habían padecido el abandono de los distintos gobiernos de España, más preocupados por mantenerse en el poder unos cuantos meses, que en defender la igualdad y libertad de los españoles residentes en Cataluña, gobiernos siempre prestos a ceder ante las presiones de la Generalidad para mejorar su financiación y aumentar su dispendio. 

Ahora han sido la CEOE y la CEE las que han dejado también abandonados a su suerte a varios millones de catalanes. A la patronal española parece preocuparle más que se arregle la ‘cosa’ para contentar a Fomento, la patronal catalana integrada en la CEOE, que quiere seguir contando con el beneplácito y apoyo del gobierno de Aragonés, y poner fin a la inestabilidad social vivida en Cataluña desde 2014 que ha lastrado los beneficios y las inversiones empresariales. Y tampoco parece importarle demasiado a la CEE la suerte de esa parte de la sociedad catalana que no comparte la ideología nacional-secesionista, al inclinarse los obispos españoles, como la CEOE, por anteponer el apoyo a los obispos catalanes y el mantenimiento de una relación fluida de la Iglesia con el gobierno de la Generalidad y el gobierno de Sánchez a la defensa del orden constitucional. No tardaremos en ver con qué moneda les pagan los socios que se han buscado. 

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