Durante la pasada campaña de las elecciones madrileñas, hubo un asunto que acaparó una enorme atención, más allá de los lemas «Comunismo o libertad» o «Fascismo o democracia». Se trató de un cartel colgado en las pasillos del metro de Madrid por Vox en el que se comparaba la pensión que recibe una persona mayor jubilada (426 euros al mes) con el gasto mensual dedicado a los menores extranjeros no acompañados (4.700 euros). La evidente xenofobia del cartel despertó una gran polémica, interponiéndose un recurso contra él. Ahora, la Justicia ha avalado la publicidad por considerar que ser refiere a «un evidente problema social y político» y la existencia de «serias dudas» de que los hechos «puedan ser delito».
Así, los magistrados recuerdan que «con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces» este colectivo representa «un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio». Siendo así, sitúa el cartel «en el contexto de la legítima lucha ideológica-partidista y de una contienda electoral donde constituye una máxima de la experiencia los excesos verbales que se cometen por unos y otros actores políticos».
Crítica legítima
Finalmente, los magistrados señalan que no se puede «tildar de delictivas la emisión de ciertas ideas, salvo que su finalidad sea amenazar, injuriar o menospreciar, es decir, que aun suponiendo una crítica, ésta es legítima si se expresa de modo que no persiga dichos fines ilícitos». De esta manera, entienden que el cartel electoral de la formación de ultraderecha «se trata de un eslogan electoral, que como tal no permite considerarlo, mediante un uso alternativo del derecho, como unas ideas a prohibir mientras han de admitirse otras de signo contrario, pero tan criticables o más que éstas».
