El conseller de Economía, Jaume Giró, ha justificado este miércoles en el Parlament la creación de un fondo que se hará cargo de las multimillonarias fianzas que deberán depositar ante el Tribunal de Cuentas una treintena de ex altos cargos del departamento de Acción Exterior. El fondo, al que los catalanes aportarán inicialmente la friolera de 10 millones de euros en plena crisis del COVID-19, «permite dar más tranquilidad a la hora de ejercer la acción política», ha asegurado Giró ante las críticas de la oposición.
Giró ha justificado también la creación de este fondo apelando al supuesto «miedo» que tienen los cargos públicos de ERC y Junts «a la persecución judicial» y ha admitido que «va más allá de los casos del Tribunal de Cuentas». «Responde al principio de indemnidad«, ha añadido, «que hace que las administraciones públicas protejan a los cargos públicos que, en ejercicio de sus tareas, puedan ser perseguidos por alguna situación o judicial». Ha omitido, obviamente, que este tipo de fondos no pueden destinarse a cargos enjuiciados por cuestiones como la presunta malversación de caudales públicos, que es por lo que el Tribunal de Cuentas ha impuestos las fianzas a, entre otros, Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras o Albert Royo, juzgados por haber desviado dinero de los catalanes para la promoción internacional del procés a través del Diplocat.
«La malversación de la malversación»
A este controvertido fondo se ha referido también la consellera de Presidencia, la republicana Laura Vilagrà, quien ha asegurado que «todo está ajustado a derecho». Ante la insinuación de la popular Laura Roldán de que los servicios jurídicos de la Generalitat están haciéndose cargo de las defensas de Puigdemont, Junqueras y otros, Vilagrà ha respondido que la Administración autonómica «protege a todos los servidores públicos».
A estas explicaciones ha respondido Roldán de forma contundente: «Esto es la malversación de la malversación. Si siguen adelante con estas maniobras lo llevaremos a la Justicia». Vilagrà, por su parte, ha afirmado que el Tribunal de Cuentas está «completamente politizado» y que es «una anomalía en Europa«. España, ha añadido, «necesita mejorar mucho en la separación de poderes».
