La nefasta inmersión lingüística no parece preocupar en exceso al Gobierno del socialista Pedro Sánchez. La necesidad de mantener relativamente contentos a sus socios de ERC en el Congreso ha llevado al Ejecutivo a obviar hasta ahora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir el 25% de la enseñanza en castellano en los centros educativos catalanes. Y parece que la intención es mantener esta postura. Así se desprende de una respuesta del Ministerio de Educación a la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo tras una queja de la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada.
Según publica El Mundo, la Comisión de Peticiones pidió información al Ministerio de Educación el pasado mes de noviembre sobre la queja de Losada para conocer «cómo se va a controlar que, al finalizar la enseñanza obligatoria» en Cataluña «todo el alumnado tenga el dominio pleno de la lengua cooficial castellana». La comisión cuestionó también al ministerio sobre las medidas que piensa adoptar en caso de que detecte que esto no se consigue.
Una «valoración flexible»
La respuesta del Ministerio de Educación no llegó a la UE hasta junio, cuando aún estaba al frente Isabel Celáa y, tal y como muchos temían, obvia la sentencia del TSJC apelando a que aún no es firme. Desde el Gobierno se intenta imponer la tesis del PSC, compartida por ERC, de que no es posible implantar un 25% de la enseñanza en español y que deben ser los propios centros los que, atendiendo a la situación de su comunidad escolar, decidan al respecto. El ministerio considera que el 25% «no es un porcentaje que pueda ser trasladado a cualquier situación» y apuesta por «una valoración flexible«.
En cuanto a las medidas a adoptar en caso de que no se cumpla la sentencia del TSJC, el Gobierno central considera que «el Estado carece, por mandato constitucional, de toda posibilidad de control administrativo-sancionador para salvaguardar sus competencias». Y añade que la Alta Inspección puede «alertar» o «vigilar» pero no imponer «medidas ejecutivas y/o sancionadoras sobre lo que ocurre en los centros educativos».
Así las cosas, y salvo que una instancia superior adopte otra postura, el castellano seguirá prácticamente desterrado de las aulas catalanas. Y ahora con el respaldo de un Gobierno que necesita para mantenerse a flote el acuerdo con ERC. Pocos dudan ya en Cataluña de que la lengua volverá a ser moneda de cambio y que, mientras Pedro Sánchez necesite del respaldo de Gabriel Rufián, nadie en el Ejecutivo central se atreverá a defender ante los separatistas lo que dicta la Constitución con respecto al castellano.
