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ECOS INDEPENDENTISTAS | El toque de queda y su circunstancia judicial

Botellón en la playa de la Barceloneta. EUROPA PRESS.

«Montesquieu ha muerto», dijo Alfonso Guerra en 1985, dando a entender que la separación de poderes, esencial en la democracia, se la traía al pairo. El paso de los años y las legislaturas no ha corregido la desviación sino que la ha acentuado. El poder ejecutivo tiene sus ocurrencias y espera que el poder judicial le allane el camino y no le recuerde que tiene que ajustarse a Derecho.

La Generalitat ahora no encuentra la manera de impedir las reuniones nocturnas y multidudinarias de personas, mayormente jóvenes, que se citan al aire libre con el propósito manifiesto de consumir bebidas espirituosas y substancias narcóticas —lo que suele llamarse «botellones»— y proseguir con otras diversiones. Quiere impedirlas por el riesgo de transmisión vírica que conllevan, pero no acierta con la normativa a aplicar. Parece que intenta matar moscas, si no a cañonazos, al menos a perdigonadas.

La Generalitat quiere impedir los «botellones» por el riesgo de transmisión vírica que conllevan, pero no acierta con la normativa a aplicar. Parece que intenta matar moscas, si no a cañonazos, al menos a perdigonadas

«A nadie escapa —expone Javier Ricou en La Vanguardia: Botellones, una batalla perdida— que la petición de mantener el toque de queda se apuntaba, ante la impotencia para controlar los botellones, como la mejor arma para evitar que esas concentraciones se alarguen hasta bien entrada la madrugada con un ocio nocturno [léase discotecas] obligado a cerrar y que hace meses clama para poder trabajar, con el compromiso de ejercer un estricto control dentro de los locales.»

Ante esas concentraciones en las que «apenas hay mascarillas y mucho menos distancia de seguridad», «es lógico que las autoridades sanitarias clamen al cielo»: «La factura por la inconsciencia de esos jóvenes, que muestran ahora muy poco respeto al coronavirus, se paga después en los hospitales.» Se palpa en el ambiente que, por hartazgo, por temeridad o por mala información —muy alegremente la prensa ha identificado vacunación con inmunización—, muchos le han perdido el miedo a la enfermedad.

¿Cómo impedir una actividad que ya está fuera de la ley y desde antes de la pandemia? ¿Con un toque de queda para todo el mundo? «Los jueces han dejado muy claro que pretender acabar con esas fiestas ilegales (las ordenanzas municipales ya las prohíben) alegando criterios sanitarios, no es el camino. Así que habrá que cambiar de estrategia.»

Toque de queda a ciegas

El Punt-Avui afirma que «las recientes decisiones del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), que han disuadido al gobierno de seguir utilizando el confinamiento nocturno para contener la quinta ola de covid-19, pueden ser más o menos acertadas en el contexto excepcional de la pandemia, pero recuerdan que los derechos de los ciudadanos, en este caso a moverse y reunirse sin limitación horaria, son una línea roja que hay que vigilar siempre para evitar vulneraciones arbitrarias o injustificadas de estos derechos».

Y Nació Digital habla de un toque de queda a ciegas: «La conducta del Gobierno [catalán] en el toque de queda ha sido errática. Este lunes el presidente Aragonès defendía como necesario el toque de queda. “No es una cuestión de orden público, es una cuestión sanitaria”, aseguró. Pero al día siguiente el Gobierno da marcha atrás y, al hacerlo, da señales de no estar suficientemente seguro de la solidez de su posición.»

«Desde el 16 de julio, los jueces han ratificado tres prórrogas del toque de queda. Ahora, sin embargo, la mejora general de los datos epidemiológicos ha quitado argumentos al Gobierno para volver a convencer el TSJC. Hay que tener en cuenta que el Gobierno ha ido variando los criterios para decidir imponer el confinamiento nocturno, rebajando los umbrales para aplicarlo. A pesar de los botellones y la petición de varios alcaldes de combatirlos, los jueces recuerdan que las interacciones nocturnas han de poderse controlar de la misma manera que se hace con las diurnas.»

El problema debe ser que no hay suficientes policías para hacer cumplir los horarios, mantener la paz nocturna y supervisar las medidas de prevención que han de tomar los ciudadanos en el espacio público.

El problema debe ser que no hay suficientes policías para hacer cumplir los horarios, mantener la paz nocturna y supervisar las medidas de prevención que han de tomar los ciudadanos en el espacio público

Cómo controlar el descontrol

Un ejemplo entre tantos, esta juerga masiva de unas 700 personas desplazándose por varias localidades de la Costa Brava: La Policia evita un nou botellot a Cap Roig. De Tamariu a Calella (ambas en el término municipal de Palafrugell), luego a Montràs, después a Pals. No consta que hubiese detenciones ni multas. Y aún dice ese piadoso titular que la policía evitó el botellón, más bien contribuyó a animar la noche.

Ya a primeros de agosto el alcalde de Palafrugell advertía que no consigue controlar las fiestas nocturnas, por lo que reclamaba la aplicación de un toque de queda: «Ponemos todos los medios que tenemos y la Policía Local hace lo que buenamente puede.»

La gente, en general, es inconsciente; los jóvenes, más, y más en verano. A partir de aquí, ¿qué hay que hacer? Los jueces rechazan convertirse en epidemiólogos; sólo vienen a decir que, si medidas como el confinamiento nocturno forman parte de la solución, que el poder legislativo promulgue una ley aplicable a la situación actual. Y que no vaya el poder ejecutivo, en sus varias dimensiones, estatal, autonómica y local, introduciendo toques de queda de tapadillo.

Los jueces sólo vienen a decir que, si medidas como el confinamiento nocturno forman parte de la solución, que el poder legislativo promulgue una ley aplicable a la situación actual. Y que no vaya el poder ejecutivo, en sus varias dimensiones, estatal, autonómica y local, introduciendo toques de queda de tapadillo

Un portavoz de Jueces por la Democracia, en declaraciones que recoge El NacionalLos jueces apoyan la decisión del TSJC sobre el toque de queda—, afirma que «no se puede prolongar indefinidamente una medida que restringe derechos fundamentales». «Podemos correr el riesgo de empezar a permitir y permitir [restricciones] y, cuando te das cuenta, te quedas sin derechos. Los jueces tenemos este miedo.»

Es el eterno debate entre seguridad y libertad. En la situación actual, parece necesaria, como apunta un editorial de La VanguardiaBotellones fuera de control—, «una legislación específica, asociada a los efectos del virus, para evitar con la ley en la mano que la imprescindible protección de la libertad tenga efectos sanitarios indeseados. Siempre y cuando, claro está, los distintos representantes autonómicos acepten una normativa que podría perder eficacia si no fuera implantada por igual en todas las comunidades».

Una idea de libertad

Salvador Sostres, en el Diari de GironaLa Catalunya catifa—, rechaza el «argumento falsario del consejero Argimon cuando dice que «los jueces quieren hacer de epidemiólogos». No es verdad. Lo que es cierto es que, en un país libre, el toque de queda no puede ser una herramienta para mantener el orden público. Argimon ha atentado sistemáticamente, como consejero y en su cargo anterior, contra la economía catalana, promulgando toques de queda y confinamientos que perjudicaban a bares y restaurantes —-entre otros comercios— sin que haya habido ningún dato demostrable que en estos establecimientos se disparaban los contagios: más bien todo lo contrario».

Seguidamente trasciende la anécdota para cargar contra el personal político que gobierna la Generalitat: «Argimon forma parte de un Gobierno que, como la prensa catalana, no entiende la libertad, el valor sagrado de la libertad, por lo que cree que el día 1 de octubre de 2017 se celebró un referéndum en Cataluña —¡y que además generó un mandato!— y no se da cuenta del atropello brutal que un toque de queda significa.»

Dicho sea de paso, es curioso ver cómo desde el poder se sigue alimentando la fantasía del control del territorio el día que se decidan a «volverlo a hacer», mientras la administración se declara incapaz de impedir botellones y sancionar a sus participantes.

Es curioso ver cómo desde el poder se sigue alimentando la fantasía del control del territorio el día que se decidan a «volverlo a hacer», mientras la administración se declara incapaz de impedir botellones y sancionar a sus participantes

Sigue Sostres: «Éste es un Gobierno tan barato, tan poca cosa, que tiene miedo de la autoridad y no entiende qué es el poder, y como no es capaz de actuar defendiendo los códigos del mundo libre, actúa a la manera de dictadores y tiranos, con una prensa acrítica —que si no existiese ni lo notaríamos— y que escarnece cualquier idea de libertad y ya no digamos de debate inteligente, o por lo menos elaborado.

Vicent Partal, en Vilaweb, aprovecha el tema para preguntar si tendremos que votar a los jueces al ver que «el gobierno catalán lanzó definitivamente la toalla y decidió no insistir más en la demanda del confinamiento nocturno en algunas poblaciones, a la vista de la intransigencia de los tribunales que  formalmente deberían autorizarla».

«El abuso potencial de poder que los tribunales pueden ejercer ha sido una preocupación constante de las sociedades democráticas en Occidente.» Precisamente en las sociedades democráticas los jueces se limitan a aplicar las leyes vigentes, y la historia nos demuestra que los grandes abusos de poder los ha protagonizado el poder ejecutivo. Pero para qué vamos a andarnos con matices.

Según Partal, «los jueces en algunos países, y en España esto es escandaloso, han cruzado la línea que delimitaba tradicionalmente sus competencias y se comportan como unos casi legisladores, que creen tener el derecho de opinar y de tomar decisiones sobre cualquier cosa, con la capacidad autoatorgada de corregir las decisiones que legítimamente han tomado las otras dos ramas».

Por supuesto y como siempre, la situación «no se podrá corregir mientras continuemos formando parte del Estado español» y «el cambio en la conformación del sistema judicial es una de las decisiones más urgentes y necesarias que deberá tomar la República Catalana». ¿Cómo sería el poder judicial en la hipotética república que tienen en mente? Pues, entre otras innovaciones, se trataría de «activar vías de acceso rápidas a la judicatura para sensibilidades diferentes, especialmente abogados y profesores de derecho», se plantea «si el órgano de control del poder judicial ha de estar formado exclusivamente por magistrados» y si hay que «asignar jueces y magistrados a cada circunscripción por elección popular directa». Suena todo a nombramientos a dedo de personas que cuenten con el beneplácito del gobierno.

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