Desde hace bastantes años, las cotizaciones sociales (CS) que ingresan los empresarios y los hogares, en su calidad tanto de asalariados como autónomos, en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) resultan insuficientes para cubrir las transferencias que realizan los diversos organismos que gestionan las prestaciones sociales de la Seguridad Social (SS) que, junto con las remuneraciones a los empleados públicos y las compras de bienes y servicios, constituyen los gastos más importantes del sistema.
En términos de Contabilidad Nacional, las cuentas de los Fondos de la SS arrojan un déficit acumulado desde 2010 que asciende a 145.765 millones de euros en 11 años. En 2020, el año de la Recesión Epidémica el déficit alcanzó 29.685 millones a pesar de que la TGSS recibió 37.956 millones en transferencias del Estado para suplementar los ingresos por CS, una cifra incluso superior a las ya muy elevadas transferencias recibidas durante la Gran Recesión (2008-2013).
Las cuentas de los Fondos de la SS arrojan un déficit acumulado desde 2010 que asciende a 145.765 millones de euros en 11 años
La situación de la Seguridad Social
En 2017, el último año completo con Rajoy al frente de la Presidencia del Gobierno de España, Las Cortes aprobaron una reforma de las pensiones que, entre otras cosas, limitaba la revalorización de las pensiones a 0,25% cuando las cuentas de las AA. PP. arrojaran un déficit, con independencia de la evolución del IPC. El propósito obvio era no aumentar más el déficit y asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo limitando el crecimiento de la creciente factura. Pero habida cuenta que el conjunto de las Administraciones ha registrado déficits en 23 de los 26 años transcurridos desde 1995 a 2020 (ambos incluidos), y que el último año en que las Administraciones obtuvieron un superávit fue 2007, esta regla aplicada retroactivamente desde 2008 habría supuesto que las pensiones se habrían revalorizado 3,3% y la pérdida de poder adquisitivo habría sido de 26% (=29,3%-3,3), suponiendo una tasa de crecimiento del IPC de 2 % igual el objetivo de inflación del BCE. Obviamente, una reforma con estas consecuencias habría resultado altamente impopular, por el peso electoral de los millones de pensionistas y el progresivo empobrecimiento que les habría ocasionado. En descargo del gobierno de Rajoy cabe decir que éste daba por descontado un tanto a la ligera que sus políticas equilibrarían las cuentas públicas y el techo de 0,25% fijado a la revalorización dejaría de ser operativo en el futuro.
Ni la recuperación iniciada en 2014 ni la llegada de Sánchez a la presidencia del gobierno el 1 de junio de 2018, aupado por Podemos, los partidos separatistas catalanes y los nacionalistas y separatistas vascos, han alterado sustancialmente una situación que se ha agravado considerablemente en 2020, pero que no cabe considerar transitoria o coyuntural sino endémica o estructural. En efecto, las cuentas de la SS registraron déficits crecientes desde el inicio de la Gran Recesión (2009-2013), que la recuperación del crecimiento entre 2014 y 2019 amortiguó sin lograr revertir la tendencia. Y la Recesión Epidémica en 2020 le ha otorgado el golpe de gracia al ampliar el agujero hasta los 29.685 millones.
La fuente principal de financiación de la SS ha sido tradicionalmente las cotizaciones sociales que empleadores y hogares ingresan en la TGSS con las que se financian las prestaciones sociales no en especie que proporciona el sistema. Como el Gráfico 2 muestra con toda claridad, los ingresos por CS fueron superiores a la cuantía de las prestaciones hasta 2008, pero se abrió una considerable brecha durante la Gran Recesión que, si bien se cerró parcialmente durante la fase de recuperación vivida entre 2013 y 2019, volvió a ensancharse en 2020 para alcanzar su mayor valor absoluto con unos ingresos por cotizaciones de 151.336 millones y unas prestaciones sociales de 201.678 millones. Ante la incapacidad de la SS de financiar las prestaciones con las cotizaciones, la diferencia se cubrió durante algún tiempo con retiradas del Fondo de Reserva acumulado antes de la Gran Recesión, y agotado este recurso con transferencias del Estado, o, dicho de forma más transparente con aumentos de la deuda pública en circulación, puesto que la Administración Central tampoco ha registrado superávits para cubrir el déficit de la SS en los últimos años.
La fuente principal de financiación de la SS ha sido tradicionalmente las cotizaciones sociales que empleadores y hogares ingresan en la TGSS con las que se financian las prestaciones sociales no en especie que proporciona el sistema.
La contrarreforma diseñada en el Anteproyecto de Ley aprobado por el gobierno de Sánchez el 24 de agosto nos devuelve a la casilla de partida en cuanto a la revalorización de las pensiones con el IPC e introduce algunos retoques para incentivar el retraso en la edad de jubilación y acercar la edad efectiva a la teórica, cambios que por su gradualidad y cautela no van a resolver los problemas estructurales de la SS que tienen su raíz, en última instancia, en al aumento del gasto en prestaciones a ritmo muy superior al de los ingresos por cotizaciones que dependen del número de afiliados a la SS y los tipos que se aplican a las bases de cotización. Veamos qué ha ocurrido con estas variables en los últimos años.
La contrarreforma diseñada en el Anteproyecto de Ley aprobado por el gobierno de Sánchez el 24 de agosto nos devuelve a la casilla de partida en cuanto a la revalorización de las pensiones con el IPC e introduce algunos retoques para incentivar el retraso en la edad de jubilación
El Gráfico 3 muestra con toda claridad que el número de afiliados registró una importante caída durante la Gran Recesión y que a pesar de la recuperación de la actividad entre 2014 y 2019, el número de afiliados en julio de 2021, 19.546.843, apenas superaba la cifra registrada en mayo de 2007, 19.384.100. La tasa de variación media anual en trece años fue tan solo de 0,059%, una cifra que muestra la dificultad de la economía española de generar empleo a tasas importantes. Podemos conceder que las circunstancias han sido muy adversas, pero otros países padecieron también la Gran Recesión y han generado más puestos de trabajo.
En ese lapso comprendido entre 2007 y 2021, el número de pensiones contributivas y la pensión media contributiva no han cesado de crecer: 18,82% el primero y 53,1% la segunda. Estos incrementos implican un aumento en el gasto en pensiones contributivas de 81,91%. El Gráfico 4 resume en una imagen la senda fuertemente ascendente que ha seguido el gasto anual en pensiones contributivas en los últimos años. Aunque el aumento de la pensión media no se explica únicamente por el aumento del IPC, no está mal recordar que ha sido muy superior al crecimiento del IPC, 18,53%, entre 2007 y 2021.
Sostenibilidad de las pensiones
De todo lo dicho se siguen dos conclusiones incontestables. Primera, resulta de todo punto imposible sostener con los ingresos por cotizaciones sociales, la principal fuente de financiación de la SS, la creciente factura de pensiones contributivas que sólo puede seguir creciendo en el futuro, alimentada por el crecimiento del número de pensionistas y por la cuantía de la pensión media. El hecho de que el sistema haya registrado déficits desde 2008 constituye una prueba irrefutable de que el sistema actual de la SS no es sostenible, digan lo que digan los políticos responsables de gestionarlo.
El hecho de que el sistema haya registrado déficits desde 2008 constituye una prueba irrefutable de que el sistema actual de la SS no es sostenible, digan lo que digan los políticos responsables de gestionarlo.
Segunda, proporcionar un marco estable al sistema ligando la variación de la cuantía de las pensiones al crecimiento del IPC cuando sea positivo, dejándola inalterada en caso de que sea negativo, va a tranquilizar a los pensionistas, pero no va a hacer el sistema más sostenible sino todo lo contrario. Por otra parte, los retoques previstos en el Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros pueden ayudar a paliar el desequilibro de las cuentas a largo plazo, aunque la gradualidad de las medidas previstas para incentivar la jubilación demorada y dificultar la jubilación anticipada, o de la proyectada ampliación de 15 a 25 años del período contemplado para calcular la cuantía de la pensión de jubilación, no van recortar el déficit a corto plazo ni van a resolver el problema de infrafinanciación del sistema a largo plazo.
La estabilidad del sistema que aporta el Anteproyecto del gobierno de Sánchez se sustenta en última instancia en las transferencias del Estado para cubrir el déficit de la SS, y cuando un Estado, registra un déficit crónico importante, como ocurre en España desde 1995, esas transferencias del Estado a otra Administración sólo pueden financiarse aumentando los impuestos o la deuda pública. Todo indica que los responsables gubernamentales de gestionar el sistema de la SS y los agentes sociales que han participado en las negociaciones para reformarlo están solo interesados en echar un apaño para ir tirando y sobrellevar sin grandes sobresaltos los dos o tres próximos años, dejando la papeleta de resolver los problemas de fondo a quienes les sucedan. Más impuestos, más transferencias y más deuda parece ser la receta de política económica de este gobierno ‘sánchez-podemita’.
Todo indica que los responsables gubernamentales de gestionar el sistema de la SS y los agentes sociales que han participado en las negociaciones para reformarlo están solo interesados en echar un apaño para ir tirando y sobrellevar sin grandes sobresaltos los dos o tres próximos años.
La principal preocupación y prioridad de la política económica de un gobierno responsable, una vez superada la todavía muy activa epidemia, debería ser otra muy distinta: crear puestos de trabajo. Quiero recordar que a excepción del período 1995-2007, el único en el que por cierto la SS no registró déficits, nuestro mercado laboral apenas ha generado empleo neto ni ha aumentado el número de cotizantes, esto es, la cifra de trabajadores afiliados a la SS. Y para crear ese empleo tan necesario y recortar el déficit de la SS son otras las políticas que convendría implementar: facilitar la iniciativa reduciendo los costes de crear empresas e incentivando la inversión productiva; reducir la carga de las cotizaciones sociales para abaratar la contratación de trabajadores; abaratar el precio de la electricidad, reducir la duración de las prestaciones a los desempleados para incentivar la búsqueda de trabajo; gravar las importaciones con impuestos medioambientales antes de seguir imponiendo más regulaciones e impuestos a las empresas locales; etc. En fin, un programa que nada tiene que ver con las subidas de impuestos y el SMI, el aumento de la deuda pública y la creciente estatalización de la economía que tiene en su agenda el gobierno para los próximos tres años.
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