A dos semanas de que el Gobierno central y la Generalitat vuelvan a sentarse ante la llamada mesa de diálogo, las intervenciones públicas de unos y otros van subiendo de tono. Mientras en Cataluña planea la sospecha de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no acudirá al encuentro, en Madrid ha sido la ministra Isabel Rodríguez la que ha frenado los pies a Pere Aragonés y su intención de convocar un referéndum legal antes de 2030. Rodríguez le ha recordado que esta actitud no es la mejor manera de sentarse a negociar. Por si fuera poco, el líder del PSC y jefe de la oposición, Salvador Illa, ha advertido al presidente autonómico de que no está en condiciones de «dar lecciones a nadie en materia de diálogo».
No le han faltado razones a Illa para apuntar al republicano. Le ha bastado recordar cómo plantó a la última Conferencia de Presidentes con la intención de forzar al Gobierno central a dar un trato preferencial a Cataluña frente al resto de las comunidades autónomas. Pero Illa no se ha quedado ahí. En una rueda de prensa ofrecida para dar a conocer la dimisión de Miquel Iceta como secretario general del partido, el seguramente sucesor del hoy ministro de Cultura y Deportes ha recordado también a Aragonés que la mesa de diálogo se reunió por primera vez en febrero de 2020 y que fue el expresidente Quim Torra el que encabezó la comitiva catalana.
La puñalada trapera
«Él no abre ningún diálogo«, ha dicho Illa en referencia al presidente de la Generalitat, «da continuidad al que abrió el presidente Quim Torra». Toda una puñalada para el representante de un partido, ERC, que fue el que pactó con el PSOE este mecanismo de negociación a cambio de apoyar con su abstención la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Los republicanos han tenido que aguantar desde entonces las críticas de sus socios de Junts que, además, se negaban a pactar con ellos tras las elecciones de febrero argumentando, entre otras cuestiones, que este diálogo con el Estado no servirá para conseguir ni la amnistía ni un referéndum legal.
