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Más de 400 profesores exigen que rectifique la ‘consellera’ que llamó «fascista» a la AEB

El Foro de Profesores considera grave que una autoridad pública «demonice» a una entidad civil de la que discrepa

La consellera de Universitats, Gemma Geis. EP.

El separatismo está acostumbrado a que sus excesos no le pasen factura por la histórica pasividad del constitucionalismo. Sin embargo, esta situación podría estar empezando a cambiar. Recientemente, la vicerrectora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) se vio obligada a dimitir tras alentar a quemar contenedores durante la Diada a raíz de las numerosas protestas constitucionalistas que provocaron sus palabras. Por otra parte, hoy hemos sabido que más de 400 profesores se han plantado y han exigido que la consejera de Universidades de la Generalita rectifique las declaraciones en las que tachó de «fascista» a la Asamblea por una Escuela Bilingüe.

En la  carta, redactado el Foro de Profesores y respaldada por más de 420 signaturas del mundo académico y profesional, se reclama que Gemma Geis retire sus insultos, vertidos después de que la entidad constitucionalistas consiguiese que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligase a distribuir los exámenes de Selectividad en todas las lenguas oficiales de esta comunidad y no solo en catalán. «La autoridad pública ha de ser cuidadosa con los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos. Nos parece especialmente grave que dicha autoridad utilice su posición de poder para demonizar a una entidad de la sociedad civil que difiere de su discurso, tratando así de apartarla del legítimo debate público», sostiene la misiva.

Banalización del fascismo

De otro lado, el documento afirma que «banalizar el fascismo contribuye a normalizar un concepto que debería utilizarse con exquisito rigor, por respeto a sus millones de víctimas y por el bien de las generaciones futuras». Y es que, en su opinión, los académicos no pueden «sustituir la argumentación lógica y la evidencia empírica por la descalificación arbitraria». «Tenemos una ineludible obligación de fomentar el debate equilibrado y constructivo», agregan los profesores. Finalmente, recuerdan que las autoridades públicas han de ser «especialmente respetuosas con la discrepancia», sobre todo cuando el «discrepante se encuentra en una posición frágil para replicar».

Óscar Benítez
Óscar Benítez
Periodista de El Liberal. Antes, fui redactor de Crónica Global y La Razón; y guionista de El Intermedio.

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