Cataluña no ha sido capaz de aprobar una ley electoral propia que requiere de dos tercios de los votos parlamentarios. Pero el Parlament declaró la independencia y aprobó las leyes de desconexión con una simple mayoría absoluta, cosas de la democracia que dicen defender los independentistas.
La razón es que la distribución de escaños por provincias que surge del Estatuto de Autonomía favorece a las provincias menos pobladas. Por ejemplo, un escaño en Lleida necesita 21.000 votos y en Barcelona 38.000. Esto beneficia a las formaciones independentistas. Por ello, el acuerdo es muy difícil y, hasta ahora, todos los intentos han fracasado.
Ahora ERC ha relanzado la creación de una ponencia conjunta para elaborar un nuevo proyecto de ley, a la que no se invitado a Vox que, con 11 escaños en el Parlament, se ha quejado del sectarismo antidemocrático. La ponencia ya cuenta con el beneplácito de PSC y En Comú-Podem, a la espera de que Junts y el PP se manifiesten. No obstante las perspectivas de alcanzar un acuerdo parecen remotas mientras la actual legislación siga favoreciendo a los partidos independentistas.