La ofensiva del gobierno nacionalistas contra los castellanohablantes se traslada a la Universidad. El objetivo es que la exclusión del castellano como lengua vehicular que ya se aplica en los colegios e institutos se generalice también los estudios superiores. Para ello, la consejería de Investigación y Universidades, dirigida por Gemma Geis, ha llegado a un acuerdo con los rectores, la mayoría de los cuales son favorables a la secesión, para elaborar listas negras de profesores que insistan en impartir sus clases en castellano.
Esta semana, Geis anunció que su departamento fiscalizaría qué lenguas se emplean en las aulas universitarias a través de un seguimiento exhaustivo. Esto pasa por exigir a la universidades informes semestrales en los que se anote «cualquier incidencia» sobre cambios de lengua en las clases, apuntando los motivos de estas variaciones, lo que en la práctica supone contar con un censo de los profesores que empleen el español. Y es que tanto la Generalitat como sus medios afines llevan unos días denunciando el supuesto apartamiento del catalán en las universidades debido a que, según relatan, cuando una minoría de alumnos no entiende este idioma, el profesor suele pasarse al castellano.
El problema con el que topa el separatismo es que la libertad de cátedra faculta a los docentes para emplear el castellano si así lo deciden. Lo cierto es que en los grados el uso del catalán es mayoritario (77%) frente al español o el inglés. No obstante, la situación no es la misma en el caso de los másteres, debido a la presencia de estudiantes venidos del resto de España y del extranjero. La reacción de las entidades constitucionalistas ante la elaboración de listas negras de los docentes universitarios ha sido contundente.
Entidades denuncian el silencio del Gobierno central
Por una parte, la entidad juvenil S’Ha Acabat ha manifestado que el «señalamiento de los castellanohablantes en Cataluña ya es habitual y quieren normalizarlo», y enfatiza que «esta vez se abandona la libertad de cátedra de los profesores universitarios». Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha denunciado la ausencia de respuesta por parte del Gobierno central ante este nuevo intento de veto al castellano lanzando este pregunta en las redes: «Toc, toc. ¿Hay alguien en el Ministerio de Universidades?».
