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Ecos independentistas/ La policía catalana está al límite

Agentes de los Mossos protegen el acceso a la Jefatura de la Policía Nacional en la Vía Laietana.

El sábado 2 de octubre se graduó la 34ª promoción de la Escuela de Policía de Catalunya: 675 mossos d’Esquadra y 572 policías locales. En la entrega de diplomas el presidente Aragonès, según reporta el Nacional, «ha lamentado que el porcentaje de mujeres dentro de los cuerpos de seguridad y emergencias catalanes sea hoy en día todavía demasiado bajo, a pesar de ser el mayor en el conjunto del estado.

La proporción de mujeres, si aumenta, lo hará en virtud de la dinámica social. No hace falta incentivarla artificialmente, ni mucho menos bajando el nivel de exigencia; sólo faltaría que se les ocurriese establecer por decreto la paridad de sexos en los cuerpos uniformados. Da la impresión que poner el foco en la «feminización de los Mossos» no es más que otra maniobra de distracción para enmascarar la inseguridad que se vive en las calles.

«Da la impresión que poner el foco en la «feminización de los Mossos» no es más que otra maniobra de distracción para enmascarar la inseguridad que se vive en las calles».

Porque otros son los problemas que tiene el orden público en Cataluña. Sindicatos policiales estallan contra la Generalitat y convocan una manifestación en Barcelona, titula el Mundo el martes 5. En un comunicado conjunto —Per la seguretat pública, firmado por los sindicatos SAP-FEPOL, USPAC-USCOP, SPC, SME, CAT-ME, SEIME-FEPOL, SICME, AFITCME y SEI, de Mossos, y los sindicatos SICPOL, SFP-FEPOL, SAP-PL y SAPOL, de las policías locales, más la asociación profesional APME—, advierten que «hemos llegado al límite y por lo tanto es necesario revertir una situación insostenible».

Denuncian la instrumentalización política constante de que son objeto los cuerpos policiales y afirman que, dada la gravedad de la situación, no sólo ellos han de movilizarse sino también la sociedad civil, que tanto «se ve afectada por la situación actual y sufre en primera persona sus nefastas consecuencias». En consecuencia, convocan «a todos los colectivos profesionales» y «al resto de la ciudadanía de Cataluña» a una manifestación en Barcelona el sábado 23 de octubre a las 18:30, «con recorrido desde el Parlamento de Cataluña hasta la plaza Sant Jaume».

«Denuncian la instrumentalización política constante de que son objeto los cuerpos policiales y afirman que, dada la gravedad de la situación, no sólo ellos han de movilizarse sino también la sociedad civil».

Descontrol en las calles

Al día siguiente, miércoles 6, el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, intentó parar el golpe anunciando la contratación de 860 nuevos mossos para el año 2022. La Vanguardia lo cuenta así: «En la sesión de control (…) en respuesta a la pregunta amable del diputado de su grupo parlamentario (ERC) Jaume Butinyà, el conseller ha aportado números y promesas que tienen visos de hacerse realidad en pocos meses y que podrían minimizar el enfado generalizado en el cuerpo».

En principio, «400 nuevos vehículos policiales este mismo año, que se añadirán a otras adquisiciones en 2022 y en años sucesivos», y una «nueva uniformidad para los agentes, más moderna y preparada para atender las necesidades», son medidas dentro de la normalidad y no parecen suficientes para responder a la situación excepcional que vive este país en materia de seguridad. Encima, la anunciada contratación no significa un aumento de plantilla, pues servirá para poco más que para cubrir jubilaciones.

El gran problema de orden público que sufren los catalanes no se va a solucionar sólo incrementando el personal. Si el código penal vigente no da para más y un delincuente que sigue en activo puede llegar a tener docenas, centenares de antecedentes —pensemos en las horas dedicadas a detenerle, en el papeleo realizado en cada caso, y en la sensación de inutilidad de los agentes dedicados a ello—; si los partidos en el gobierno pierden el tiempo cuestionando una y otra vez el modelo policial —la supresión de los antidisturbios y el desarme de los agentes ante los delincuentes es una demanda histórica de la izquierda independentista—; si dirigentes autonómicos y municipales piden que las manifestaciones sean pacíficas pero se encogen de hombros cuando no lo son; si desde el mismo gobierno de la Generalitat se es incapaz de distinguir entre atacantes y atacados, entre víctimas y agresores, empieza a ser hora de recuperar el terreno perdido por el Estado de derecho.

«El gran problema de orden público que sufren los catalanes no se va a solucionar sólo incrementando el personal».

Hemos puesto el país y sus instituciones en manos de gente que cree que Catalunya no necesita policía, como dice irónicamente Joaquín Luna en la Vanguardia: «Yo no sé por qué se enfadan los policías de Catalunya si este es un país que no los necesita y la prueba es que cuando cumplen con su trabajo les critican en las instituciones (…) Los policías de Catalunya no se enteran y viven en Babia. Estamos construyendo un país formidable y molestan, salvo cuando se ponen de perfil y hacen el Don Tancredo.»

«Yo no sé por qué se enfadan los policías de Catalunya si este es un país que no los necesita y la prueba es que cuando cumplen con su trabajo les critican en las instituciones».

Joaquín Luna

Como resumía al final del verano un medio tan poco dado al sensacionalismo como RTVE Botellades nocturnes, descontrol i inseguretat a Catalunya els caps de setmana—: «Durante los últimos meses Cataluña ha vivido fines de semana donde los botellones, la inseguridad y el descontrol se han apoderado de las calles. La preocupación de los vecinos y la ciudadanía en general es muy grande.»

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